Toda ciudad empieza mucho antes de que se construyan sus calles, sus edificios o sus plazas; empieza cuando una sociedad imagina quiénes la van a habitar. Puede parecer una afirmación exagerada, sin embargo, detrás de cada vereda, de cada línea de ómnibus, de cada edificio público, de cada plaza y de cada espacio de convivencia existe una determinada idea de ciudadanía.
Ninguna ciudad es neutra y todas expresan, consciente o inconscientemente, una manera de imaginar a las personas para las cuales fueron pensadas. En estos meses, el Proyecto de ley sobre el derecho a la ciudad volvió a instalar este debate en Uruguay y eso constituye una excelente noticia. Más allá de su trámite parlamentario, el proyecto nos invita a discutir una cuestión que trasciende ampliamente al urbanismo: ¿qué significa, en la práctica, reconocer que la ciudad es un derecho?
La respuesta parece evidente: si hablamos de un derecho, ese derecho pertenece a todas las personas, pero precisamente allí aparece una pregunta que merece ser formulada, aunque parezca obvia. Hace más de un cuarto de siglo, la periodista y activista brasileña Claudia Werneck formuló una pregunta tan sencilla como profundamente desafiante: “¿Quién cabe en tu ‘todos’?”. Desde el propio título de su libro Sociedade inclusiva: quem cabe no seu TODOS?, publicado en 1999, Werneck advertía que las apelaciones universales a "todos" no siempre incluyen efectivamente a todas las personas. Bajo ese aparente universalismo pueden permanecer invisibilizados quienes históricamente han encontrado mayores barreras para ejercer sus derechos.
No era una reflexión sobre el lenguaje, era una invitación a revisar cómo imaginamos la sociedad antes de diseñar nuestras políticas públicas y hablar de derechos. Porque cada vez que una ley, un programa o un plan habla de "todos", está construyendo una imagen de quiénes integran ese "todos". Está imaginando cómo viven esas personas, cómo se desplazan, cómo se comunican, cómo participan de la vida colectiva y qué condiciones necesitan para ejercer sus derechos.
Esa imagen importa, porque después orienta decisiones muy concretas: cómo se diseñan las ciudades, cómo se organizan los servicios públicos, qué problemas se consideran prioritarios y cuáles permanecen casi invisibles. Por eso el Proyecto de ley sobre el derecho a la ciudad merece ser valorado. Su mayor aporte no consiste solamente en ordenar aspectos del desarrollo urbano. Hace algo mucho más profundo: propone pensar la ciudad como un espacio de ciudadanía.
Cuando reconoce el derecho a habitarla, usarla, producirla, gobernarla y disfrutarla, está diciendo que la ciudad no pertenece únicamente a quienes poseen una vivienda, invierten en ella o la administran. La ciudad pertenece, antes que nada, a quienes la viven. Ese cambio de perspectiva merece celebrarse.
Durante demasiado tiempo discutimos las ciudades casi exclusivamente desde la infraestructura, el crecimiento económico, el tránsito, el ordenamiento territorial o el mercado inmobiliario. Todos son temas importantes, pero una ciudad no puede medirse solamente por la calidad de sus obras. También debe medirse por la calidad de la vida que hace posible.
Es justamente allí donde quisiera incorporar una perspectiva que, curiosamente, casi no ha aparecido en esta conversación pública: la de las personas en situación de discapacidad. No porque el proyecto las ignore; sus principios de igualdad, inclusión, participación y no discriminación dialogan claramente con una concepción de ciudadanía que las comprende como parte de la comunidad política. Tampoco porque las personas con discapacidad necesiten un capítulo separado dentro de la ley. La razón es otra.
Si el proyecto habla del derecho de todos a la ciudad, vale la pena preguntarnos cómo aparece ese "todos" cuando pensamos en quienes, históricamente, han encontrado más barreras para ejercer ese mismo derecho. Durante mucho tiempo la discapacidad fue entendida casi exclusivamente como un problema individual. La preocupación principal consistía en determinar qué limitaciones presentaba una persona y cómo podía corregirlas o compensarlas. Quien no oía debía intentar aprender a leer los labios o incluso desarrollar otras formas de comunicación como “oralizarse”; quien era ciego debía dominar el uso del bastón y orientarse mediante referencias táctiles y sonoras; quien utilizaba una silla de ruedas debía encontrar la manera de superar escaleras, desniveles y otros obstáculos. Estos aprendizajes se entendían como fundamentales para la autonomía de las personas con discapacidad.
Pero lo que cambió a partir de la década del 60 del siglo pasado fue la perspectiva y por tanto las preguntas. Hoy comprendemos que las dificultades no dependen únicamente de las características de cada individuo. También dependen de las barreras que la propia sociedad construye cuando diseña ciudades, edificios, servicios o sistemas de transporte suponiendo que todas las personas funcionan de la misma manera.
En otras palabras, el problema ya no consiste solamente en cómo una persona logra adaptarse a la ciudad; también consiste en preguntarnos cuánto debe cambiar la ciudad para poder ser habitada por la diversidad de personas que la integran. Ese cambio de mirada modifica profundamente la manera de pensar la igualdad.
Ya no alcanza con afirmar que todas las personas tienen los mismos derechos, debemos preguntarnos si existen las condiciones necesarias para que esos derechos puedan ejercerse efectivamente. Una ciudad puede declarar que pertenece a todos y, sin embargo, seguir siendo mucho más fácil de recorrer, comprender y disfrutar para unos que para otros.
Aquí aparece una constatación que trasciende ampliamente a las personas en situación de discapacidad. Una vereda intransitable dificulta mucho más la vida de quien utiliza una silla de ruedas. Pero también afecta a una persona mayor, a quien empuja un coche de bebé, a quien transporta una valija, a quien se desplaza con un niño pequeño o a quien atraviesa una limitación temporal. Lo mismo ocurre con una información confusa, un edificio público inaccesible o un sistema de transporte mal diseñado.
De pronto descubrimos que la accesibilidad universal no constituye un beneficio destinado a una minoría, es un atributo de calidad de la ciudad. Quizás esa sea una de las contribuciones más importantes que las personas en situación de discapacidad pueden hacer hoy al debate sobre el derecho a la ciudad: ayudarnos a construir una ciudad mejor para todos.
Si el proyecto de ley reconoce el derecho a habitar, usar, producir, gobernar y disfrutar la ciudad, entonce,s las personas con discapacidad no deberían aparecer únicamente como destinatarias de ese derecho. También deberían ser protagonistas de la conversación sobre cómo esa ciudad se piensa, se diseña, se transforma y se evalúa.
No se trata de crear un espacio separado para un colectivo particular, tampoco de incorporar una referencia simbólica que tranquilice conciencias. Se trata de algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más profundo: reconocer que las personas con discapacidad forman parte de esa ciudadanía para la cual el proyecto dice construir la ciudad.
Sin embargo, a veces, la experiencia muestra que eso no alcanza; se tiende a pensar con frecuencia, que una realidad parece suficientemente contemplada porque queda comprendida dentro de grandes categorías como "todas las personas", "la ciudadanía" o "la comunidad". Pero cuando llega el momento de reglamentar una ley, definir prioridades, distribuir responsabilidades, asignar recursos o evaluar resultados, esa presencia comienza lentamente a diluirse.
La ciudad también se conoce caminándola, viviéndola, utilizándola y, muchas veces, encontrando en ella barreras que otros nunca llegan a percibir. Quizás ése sea el mayor aporte que las personas con discapacidad pueden hacer hoy al debate sobre el derecho a la ciudad.
En este punto particularmente, las personas con discapacidad siguen estando incluidas en el discurso, pero dejan de estar claramente presentes en las decisiones; a esa forma particular de presencia podríamos llamarla visibilidad opaca. No se trata, estrictamente, de invisibilidad: nadie discute que las personas con discapacidad son ciudadanas y tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. La opacidad es más sutil y consiste en una inclusión tan amplia y tan abstracta que las experiencias concretas de esas personas desaparecen detrás de un universalismo que, precisamente, pretendía incluirlas.
Por eso el desafío no consiste en agregar un capítulo sobre discapacidad al proyecto de ley; el desafío consiste en que, cuando la sociedad discuta el derecho a la ciudad, las personas con discapacidad estén naturalmente presentes en esa conversación. No porque constituyan una excepción, sino porque forman parte de ese "todos" para el cual la ley reconoce el derecho a la ciudad.
Este cambio tiene consecuencias muy concretas. Si hablamos del derecho a gobernar la ciudad, quienes experimentan diariamente sus barreras deberían participar también en las decisiones sobre cómo esa ciudad se planifica, se diseña y se gestiona. No es porque posean la única verdad, sino porque tienen un conocimiento que ningún plano, ningún expediente y ningún diagnóstico técnico pueden sustituir: el conocimiento que nace de vivir cotidianamente la ciudad.
Por eso el principio impulsado por el movimiento internacional de personas con discapacidad, "nada sobre nosotros sin nosotros", encuentra aquí una resonancia que trasciende ampliamente el propio campo de la discapacidad. Quizás haya llegado el momento de formular también su contrapartida: "nada sobre ustedes sin ustedes". No como una consigna ingeniosa, sino como una forma distinta de entender la producción del conocimiento y la calidad democrática de las políticas públicas.
Esa frase interpela por igual a la academia, a los equipos técnicos, a los gobiernos, a los urbanistas, a los arquitectos y a todos quienes diseñan la ciudad. Les recuerda que ninguna política pública alcanza su mejor versión cuando se construye únicamente desde el saber experto.
La ciudad también se conoce caminándola, viviéndola, utilizándola y, muchas veces, encontrando en ella barreras que otros nunca llegan a percibir. Quizás ése sea el mayor aporte que las personas con discapacidad pueden hacer hoy al debate sobre el derecho a la ciudad. No se trata de reclamar un lugar especial, sino ayudar a que ese derecho sea verdaderamente de todos.
Las personas con discapacidad no llegan desde afuera para pedir que la ciudad las incluya: son parte de ella. Lo que todavía está en construcción es nuestra manera de imaginarlas cuando pensamos esa ciudad.
Las ciudades no empiezan cuando se inaugura una avenida, una plaza o un edificio público. Empiezan mucho antes, cuando una sociedad decide quiénes forman parte de la comunidad para la cual dice construirlas. El mayor mérito del Proyecto de ley sobre el derecho a la ciudad consiste en haber abierto esa conversación. Ojalá seamos capaces de llevarla hasta sus últimas consecuencias, incorporando con la misma naturalidad a las personas con discapacidad. No porque sean una excepción, sino porque nunca dejaron de formar parte de ese "todos" con el que toda democracia se nombra a sí misma.
Eduardo Sívori es psicólogo con un máster en Valoración de la Discapacidad.