La necesidad de las empresas de inteligencia artificial (IA) de contar con grandes extensiones de tierra ha generado lo que podría considerarse el primer momento de la historia en el que las comunidades tienen suficiente poder de negociación como para oponerse a la visión del futuro de Silicon Valley. Silicon Valley siempre ha preferido promover sus intereses fragmentando y debilitando a las comunidades: dirigiéndose directamente a los individuos mediante términos de servicio no negociables que dificultan la posibilidad de una resistencia colectiva más amplia. Ahora que unidades más grandes, como ciudades y condados, finalmente tienen la capacidad de hacerse escuchar, no solo están expresando su frustración, sino también ejerciendo su poder colectivo para exigir una visión más prometedora del futuro, en la que la tecnología esté al servicio de las comunidades humanas y no al revés.
Sin embargo, esto no será suficiente. Detener la construcción de centros de datos no garantizará que la IA rinda cuentas ante todas las comunidades que está transformando, ni ante las innumerables personas –en realidad, todos nosotros– cuyo trabajo, conocimiento y creatividad han sido absorbidos y apropiados por los modelos de IA. Las enormes instalaciones de servidores podrán construirse en otros lugares. Los productos que llegan a nuestros hogares y bolsillos seguirán intentando asumir el papel de maestros de nuestros hijos, médicos de nuestros familiares y compañeros parasociales de nuestras parejas. Tanto los trabajadores administrativos como los manuales seguirán perdiendo poder de negociación en sus lugares de trabajo frente a los agentes de IA y los robots. El poder y el dinero que todo esto genera para las big tech seguirá corrompiendo nuestra política.
Entonces, ¿qué hacer? La coalición de ciudadanos razonables que anhelan un futuro mejor está creciendo de manera explosiva. Trasciende las divisiones partidarias y se está convirtiendo en el nuevo centro de gravedad político en Estados Unidos. Pero necesita una estrategia mejor.
El punto de partida debe ser una comprensión adecuada de los desarrollos tecnológicos que están en el centro de esta discusión: la construcción de modelos de IA concentra poder de manera inherente. Esto se debe a que los modelos de IA toman información dispersa de numerosas personas y lugares y la fusionan en un único y extraordinario producto tecnológico –no muy distinto del Anillo Único de Tolkien– que otorga a quien lo controla un poder fenomenal sobre todas aquellas personas y lugares cuyos datos contribuyeron a crearlo.
Para abordar el problema desde su raíz, es necesario encontrar una manera de devolver ese poder a las personas y a los lugares –a las comunidades– de los que proviene. Esto no ocurrirá mediante una estructura burocrática impuesta desde arriba, que, siendo realistas, terminaría capturada por el poder económico de las empresas de IA. Tampoco sucederá únicamente a través de la organización de las comunidades desde abajo.
Los legisladores deben hacer su trabajo. Deben ser genuinamente creativos a la hora de fortalecer el poder de las comunidades. En una nueva propuesta, sostenemos que deben crear una nueva categoría de derechos que regule el uso y la recopilación de datos, cuya titularidad corresponda a las comunidades y no a los individuos, y que garantice que los grupos sociales, culturales y políticos fundamentales del país tengan una influencia decisiva sobre cómo se construyen los sistemas de IA y qué beneficios devuelven a los ciudadanos comunes. Llamamos a esto “derechos asociativos sobre los datos”.
Esto representaría un cambio jurídico de gran magnitud, acorde con la transformación tecnológica histórica que ya está en marcha. Pero no carecería de precedentes. Así es como nos gusta pensarlo: a comienzos de la modernidad, la industria de la impresión estaba en pleno auge. La tecnología de la imprenta incrementó el valor y el impacto social de la buena escritura. Sin embargo, también se apropió de la mayor parte del valor del trabajo de los autores y lo concentró en manos de quienes poseían las imprentas más grandes y rápidas. Recordemos que esto ocurría antes de la existencia de los derechos de autor; durante un tiempo, las imprentas podían simplemente copiar e imprimir cualquier cosa. Esto representaba un enorme problema social. Significaba que los escritores, a pesar de ser la fuente de un valor incalculable, se encontraban en una situación laboral terrible. No tenían poder de negociación para exigir una buena remuneración o acumular riqueza, sin importar cuánto talento tuvieran. Se veían reducidos a producir rápidamente piezas de propaganda que los impresores consideraban capaces de captar la atención inmediata del público. ¿Suena familiar?
Por eso, legisladores visionarios idearon un derecho completamente nuevo para evitar esta carrera hacia el abismo: los derechos de autor. Es cierto que hoy el sistema de derechos de autor muestra signos de desgaste. Ha acumulado problemas a lo largo de los años. Pero, en sus orígenes, fue una muy buena idea. Aunque nunca fue perfecto, funcionó notablemente bien durante siglos, facilitando el desarrollo de una cultura literaria impulsada por los propios autores en Europa Occidental y más allá. Es importante observar que protegía al individuo: se consideraba al escritor individual como el origen fundamental de los textos que las máquinas transformaban en enormes cantidades de riqueza y poder.
Las complejas huellas informacionales producidas por las comunidades representan su patrimonio. Apropiarse de ellas para obtener beneficios privados es más destructivo de lo que jamás fue robar los textos de los novelistas en los comienzos de la impresión.
Hoy necesitamos una innovación jurídica similar para ayudar a que la cultura humana prospere durante el resto del siglo XXI. Pero la naturaleza del problema ha cambiado. Si en los siglos XVIII y XIX las imprentas se apropiaban injustamente de los derechos legítimos de los escritores individuales sobre la información que creaban, hoy el problema es que quienes desarrollan sistemas de IA están extrayendo enormes flujos de datos coproducidos por comunidades enteras. Y que nadie diga que las huellas informacionales que dejan las comunidades son meros “residuos”, carentes de valor o que no constituyen el resultado de un “trabajo” formal. Las complejas huellas informacionales producidas por las comunidades representan su patrimonio: su legado y su producción creativa colectiva. Apropiarse de ellas para obtener beneficios privados es, francamente, más destructivo de lo que jamás fue robar los textos de los novelistas en los comienzos de la impresión.
Una consecuencia fundamental es que no alcanza con crear nuevos derechos sobre los datos cuya titularidad corresponda a los individuos. Eso funcionó en el siglo XIX. Hoy deben ser las propias comunidades, integradas por numerosos miembros, pero gobernadas como una unidad, las que adquieran poder mediante un nuevo paradigma de derechos sobre los datos. Hacerlo sería una innovación, tal como lo fueron los derechos de autor cuando surgieron, pero es posible.
Se pueden crear nuevos derechos legales sobre los datos que los individuos puedan ejercer cediéndolos a asociaciones a las que se adhieran voluntariamente y que actúen en representación de sus intereses. Las grandes empresas tecnológicas tendrían que negociar con una o varias de esas asociaciones para obtener los derechos sobre los datos que utilizan, o enfrentarse a nuevas formas de responsabilidad legal. Esto modificaría el equilibrio de poder en nuestra sociedad mucho más que detener la construcción de unos pocos centros de datos.
Eso es lo que permitirían los derechos asociativos sobre los datos. Varios estados dentro de Estados Unidos están interesados en aprobar una versión de nuestra propuesta. Escucharán a representantes de la industria afirmar que es inviable, pero no lo es: se trata simplemente de un nuevo acuerdo, una nueva manera de poner a las personas en primer lugar. También escucharán acusaciones de que esta legislación es conservadora o contraria al progreso. Esto no es cierto. Los derechos de autor no frenaron el progreso de la imprenta: mejoraron cualitativamente la actividad editorial y la hicieron más sostenible, al garantizar que las fuentes de nuevo valor informacional –los autores– contaran con un poder de negociación justo e independiente dentro del proceso. Los derechos asociativos sobre los datos harían lo mismo por las comunidades en la era de la IA.
Los individuos podrían ceder sus nuevos derechos sobre los datos a las asociaciones de su elección. Estas asociaciones pasarían entonces a desempeñar un papel indispensable en el otorgamiento de permisos a las empresas tecnológicas para desarrollar modelos de IA u otros productos que dependan del uso de datos a gran escala.
Este nuevo, audaz y práctico modelo de regulación tecnológica puede resultar atractivo tanto para la derecha como para la izquierda. Pondría límites al poder de las empresas tecnológicas que hoy no rinden cuentas y representaría un paso importante hacia la recuperación de la confianza en un futuro que valga la pena vivir. Esperamos que se convierta en un punto de encuentro para una nueva y fundamental coalición política estadounidense.
Francamente, los individuos podrían haber sido aplastados por la modernidad y, en ocasiones, así ocurrió. Pero, con bastante frecuencia, prosperaron durante los últimos siglos porque nuestras leyes respetaron y reconocieron sus contribuciones informacionales. Las comunidades también pueden prosperar en los próximos años. Pero necesitan tener una voz poderosa en la manera en que se desarrolla la tecnología y participar en la riqueza que esta genera. Los derechos asociativos sobre los datos representarían el primer gran paso para convertir esto en realidad. Creemos que permitirían a las comunidades, las familias e incluso a culturas enteras preservar su integridad y sus características distintivas, e incluso recibir una recompensa por ello, otorgándoles dignidad económica.
Sin embargo, si la ley continúa tratando la información producida colectivamente por las comunidades como simple materia prima para las corporaciones mejor capitalizadas del mundo, entonces la destrucción del tejido social y político que hemos presenciado durante la última década podría llegar a recordarse algún día como apenas un preludio.
Matt Prewitt es abogado estadounidense especializado en tecnología.