La coalición “multicolor” se creó con el fin de sacar al Frente Amplio del gobierno. Tuvo éxito. Repartidos ya los cargos más importantes, ahora tiene que mostrar la estrategia de gobierno. Esa función será cumplida por una ley de urgente consideración de la que circula el “borrador”: “Uruguay seguro, transparente y de oportunidades”. Consta de 257 páginas, diez capítulos y 457 artículos.
El artefacto no trae consigo un buen manual de funcionamiento. Esa ausencia de una exposición de motivos que ayude a entender contribuye a la incertidumbre. El mecanismo de la “urgente consideración” acota los plazos a poco más de dos meses, con la amenaza de que, si el Parlamento no se pronuncia, la iniciativa disfruta, por sus características especiales, del mecanismo de la aprobación tácita. El borrador que se presentó muestra, según palabras de Óscar Andrade, a la derecha “tal cual es”.
En una nota de opinión publicada la semana pasada en The New York Times, titulada “La rebelión contra las elites en América Latina”, Michael Shifter, experto en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, afirma que “un sentimiento generalizado de insatisfacción e injusticia motiva protestas en toda la región”. Para Shifter, es necesario “crear vías seguras y estables de movilidad social”, lo que requiere “no sólo un crecimiento sólido y políticas de redistribución, sino, además, dar un mayor acceso al poder económico y político, romper los nexos entre los intereses privados y la clase política, y lograr la justicia igualitaria ante la ley”. Eso está lejos de los propósitos de las elites regionales y de los intereses todopoderosos de las transnacionales que apadrina(n) el(al) imperio.
“Capitalismo del desastre” llama Naomi Klein, periodista canadiense nacida en 1970, a los ataques “contra instituciones y bienes públicos, siempre después de acontecimientos de carácter catastrófico”. La idea es aprovechar el shock de un desastre y crear “atractivas oportunidades de mercado” que, con ciertos cambios económicos, beneficien a unos pocos. Las tres grandes medidas habituales suelen ser impopulares, pero, ante ciertas condiciones de shock, la población suele aceptarlas sin rechistar. Esas medidas son: privatización de empresas y bienes públicos, desregulación de ciertos sectores comerciales, recortes en el gasto social.
A la luz de estas visiones, es posible entender mejor la estrategia de la derecha uruguaya. Porque el país llega a las elecciones de octubre de 2019 lejos de estar en una profunda crisis; sí con problemas, claro. El relato hegemónico propone, sin embargo, que todo está al borde del abismo: la economía peor que en 2002, la educación, la seguridad, la salud, los valores... Crisis total. Todo está fundido, por eso se impone la necesidad de un cambio en el gobierno. La alternancia ofrecería la posibilidad de encarar otras políticas, pero el conjunto de las propuestas y propósitos que las alientan no resiste el análisis o la discusión democrática. Entonces surge la idea de hacer todo ya, de apuro; es de urgente consideración y no admite otro trámite que el expeditivo de una ley de cientos de artículos que abarca temas de lo más diversos y cuyas consecuencias sean lo menos claras y previsibles posible.
Eso sí, las consecuencias pueden ser de muy complicada revisión y de más que difícil reversión. De eso trata esta nota, porque en “la ley de Luis” está delineada la estrategia para imponer medidas en los tres sentidos mencionados por Klein y en algunos otros que van tras similares metas. ¿Cuál será la del artículo 318, que habilita a elaborar chorizos artesanales en las carnicerías?
El rector de la Universidad de la República (Udelar), Rodrigo Arim, advirtió que “no queda claro el procedimiento y los motivos para que el MEC [Ministerio de Educación y Cultura] haga las reválidas de los títulos”. La Udelar, pública, gratuita, con autonomía y cogobierno, constituye un foco de resistencia al autoritarismo y alienta un pensamiento progresista intolerable en un clima de época conservador y hasta reaccionario. Consejeros docentes calificaron al proyecto de ley de urgente consideración de un retroceso en educación. Preocupan la falta de representación docente y la concentración de responsabilidad en el MEC.
Las recetas, que fracasaron en Chile y en cualquier otro país donde se hayan implantado, serán ensayadas en Uruguay. El sindicato que nuclea a los trabajadores de ANCAP (FANCAP) afirmó que la desmonopolización prevista en la ley de urgente consideración “busca la desaparición del ente”. La iniciativa es una clara amenaza para los sindicatos y las empresas públicas.
Critican que la agencia de evaluación de medicamentos propuesta por Luis Lacalle Pou no es independiente del Poder Ejecutivo ni de la industria. Según el abogado Juan Ceretta, del proyecto “no surge nada que facilite el acceso a los medicamentos que no están cubiertos”.
Las políticas de género son grandes ausentes en el proyecto de ley de urgente consideración. En materia de violencia hacia las mujeres sólo se establece aumento de penas para delitos sexuales y la penalización por romper las tobilleras.
La iniciativa criminaliza el reclamo y la protesta social, así como la actividad sindical. Aumenta las penas y hace preceptiva la prisión efectiva en nuevos casos. También crea delitos como el del “agravio a la autoridad policial”.
El destino que tenga el Borrador de Urgente Consideración (BUC) marcará de manera determinante nuestro futuro: inmediato, a mediano y a largo plazo. Cuando el borrador se transforme en Proyecto de Urgente Consideración (PUC), es decir, en el momento en que sea efectivamente presentado al Parlamento, ¿cuánto habrá cambiado? En definitiva, lo que se apruebe, o sea, la Ley de Urgente Consideración (LUC) que resulte del proceso, será promulgado y reglamentado por el Poder Ejecutivo que, además, se encargará de ejecutarla.
En Davos, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, destacó la importancia del respeto por los derechos humanos y el derecho a la protesta, y llamó a construir nuevos pactos sociales, con miras a garantizar el bien público.
En Durazno, Un Solo Uruguay criticó el “falso relato de derechos conquistados”. Para el movimiento, eso genera “pérdida de libertad individual en pos de bienes superiores que nadie entiende y de bondades que nadie disfruta”.
Toda esa agua inundará los puentes. Quisiera estar equivocado, pero creo que mucha gente se va a arrepentir de lo que votó en octubre.
David Rabinovich es periodista de San José.