El campo de la pedagogía nacional se encuentra en disputa. El actual gobierno busca implementar un Plan 2027 en Formación en Educación, con una reducción de contenidos pedagógicos específicos en comparación con el Plan 2008 y el Plan 2023. Artículos anteriores de las colegas Soledad Rodríguez y Marisol Cabrera dan cuenta del proceso de epistemicidio al que se enfrenta la sociedad con docentes “sin pedagogía”.
A raíz de expresiones recientes sobre este problema, que confunden erróneamente, una vez más, los conceptos de “laicismo” y “laicidad” cuando se defiende la importancia de una postura pedagógica en la profesión educativa, resulta indispensable alzar la voz para precisar nociones basales que estructuran la identidad y la praxis de la educación pública nacional. Esta confusión no representa un mero desliz terminológico: refleja una peligrosa simplificación conceptual que invisibiliza el rol transformador del hecho educativo y debilita la discusión sobre el rumbo ético, político y epistemológico que debe orientar la formación de las futuras generaciones docentes.
Como expresamos anteriormente, esta distorsión conceptual cobra un cariz sumamente preocupante en el contexto actual del Uruguay, signado por el brutal cercenamiento de los contenidos pedagógicos dentro del diseño curricular del Plan 2027 para la formación docente. La progresiva marginación de esta disciplina y su campo teórico, histórico y filosófico, en favor de un enfoque meramente instrumental o cientificista, vacía de sentido la formación profesional, reduciendo el acto de enseñar a una técnica desprovista de reflexión crítica y alejando a las instituciones educativas de su compromiso fundante con la sociedad.
Asumir el trabajo docente exige, antes que nada, sostener una rigurosa postura pedagógica. La enseñanza no es un procedimiento neutro ni un traspaso mecánico de competencias; es un compromiso ético que implica posicionarse conscientemente ante el mundo, la sociedad y el conocimiento para promover aprendizajes significativos y emancipadores. Sin una sólida fundamentación pedagógica que guíe la praxis cotidiana en las aulas, la educación corre el riesgo de perder su capacidad de interpelación social y de formar sujetos críticos capaces de intervenir activamente en sus realidades.
Es en este horizonte donde cobra vital vigencia el pensamiento de la pedagoga Reina Reyes, quien estableció con indiscutible lucidez la distinción entre laicismo y laicidad. Mientras el laicismo atenta a menudo contra la libertad al erigirse como un dogma rígido o militante que pretende imponer el silencio o la neutralidad anestesiante, la laicidad constituye una garantía democrática. Entendida en el sentido humanista de Reyes, la laicidad promueve la pluralidad de ideas, estimula el pensamiento autónomo, abre las puertas al debate riguroso y protege el derecho del estudiante a pensar libremente sin someterse a adoctrinamiento alguno.
Restringir la formación pedagógica e imponer una supuesta neutralidad tecnocrática equivale a castrar la libertad de cátedra y a privar a los futuros docentes de las herramientas analíticas indispensables para cuestionar las injusticias sociales, culturales y económicas de nuestro tiempo.
Defender una verdadera laicidad en la formación docente implica, por tanto, ofrecer una amplia riqueza teórica y metodológica que permita problematizar la realidad, y no cercenar el pensamiento crítico bajo el pretexto de un aséptico laicismo. Restringir la formación pedagógica e imponer una supuesta neutralidad tecnocrática equivale a castrar la libertad de cátedra y a privar a los futuros docentes de las herramientas analíticas indispensables para cuestionar las injusticias sociales, culturales y económicas de nuestro tiempo.
Asimismo, reivindicamos la potencia de una pedagogía de la resistencia que haga frente a la progresiva mercantilización impulsada por agentes externos de financiamiento y organismos crediticios internacionales. Como lo denunciara lúcidamente el maestro Miguel Soler Roca, la educación no puede quedar supeditada a las lógicas del mercado, las métricas de rendimiento cuantitativo ni los dictámenes de entidades financieras que pretenden reducir el derecho humano a la educación a un servicio transable y subordinado al capital transnacional.
En esa misma línea de dominación, rechazamos tajantemente la alineación con la alianza eurocéntrica del proceso o plan de Bolonia, cuyas pautas estandarizadoras pretenden homogeneizar las dinámicas educativas latinoamericanas. La transposición acrítica de modelos concebidos para los intereses del Norte global de acuerdo con el capitalismo cognitivo ignora las realidades territoriales, históricas y culturales de nuestra región, intentando desmantelar la autonomía universitaria y pedagógica para sustituirla por competencias adaptativas orientadas al mercado global. Mano de obra sobrecalificada, acrítica y barata.
Frente a la embestida de estos modelos hegemónicos y privatizadores, afirmamos la urgente necesidad de construir una formación docente en Uruguay nutrida de la riquísima tradición pedagógica nacional y regional, dialogando con las necesidades colectivas de nuestras comunidades y construyendo proyectos educativos arraigados, enraizados, en la justicia social, la solidaridad, la libertad y la emancipación.
Hacemos un llamamiento a la comunidad educativa, a las organizaciones sociales, al estudiantado y al conjunto de la sociedad a organizarse y defender de manera firme y activa la integridad de la formación docente pública. No podemos tolerar el desmantelamiento de los espacios de formación y debate pedagógicos ni la subordinación del trabajo docente a recetas impuestas por organismos técnico-financieros desvinculados del aula y del sentir-pensar colectivo.
Mantenemos encendida la llama de la dignidad y del compromiso histórico con la educación pública de nuestro país. Frente a las pretensiones de vaciamiento teórico y mercantilización, continuamos resistiendo porque la pedagogía, como dicen el pedagogo y el poeta, es memoria y arma de futuro.
Jimena Marrero Cruz es profesora de Pedagogía en el Consejo de Formación en Educación de la Administración Nacional de Educación Pública.