El brote de covid-19 conllevó el cierre total de las fronteras en América del Sur y, en algunos casos, su militarización para contener la pandemia, dejando miles de migrantes varados intentando retornar a sus países de origen. A la crisis sanitaria se suma una crisis económica cuyas dimensiones aún se están estimando y que ha afectado a los migrantes de manera exponencial: desalojo, pérdida del sustento diario, inseguridad alimentaria y aumento de la xenofobia en algunos países.
Además, la crisis humanitaria ha generado un éxodo desde Venezuela de más de cinco millones de personas principalmente hacia Colombia, Ecuador, Perú y Chile, acompañada de cambios normativos: creación de permisos temporales, imposición de visas y, en algunos países, propuestas de reforma de las leyes migratorias conducentes a políticas más restrictivas.
Si bien en los últimos dos decenios, y con el giro a la izquierda en la región, se habían planteado leyes migratorias vanguardistas en términos de garantía de derechos y ciudadanía, como la ecuatoriana y la uruguaya, el retroceso en las políticas migratorias es cada vez más latente.
En este contexto, Chile y Colombia se encuentran debatiendo sus proyectos de ley migratoria. Por un lado, en Chile, la vigencia de una ley de extranjería de la era Pinochet (1975), sumada a flujos migratorios diversos en las últimas dos décadas (Haití, Colombia, Venezuela), sugiere un necesario y urgente cambio de la normatividad, más aún cuando se está planteando la posibilidad de un nuevo proceso constituyente. La sociedad civil y la academia se han pronunciado sobre el proyecto apuntando, entre otras falencias, a que no introduce mecanismos de regularización permanente.
Por otro lado, en Colombia, país tradicionalmente expulsor de migrantes, con 10% de su población viviendo en el exterior, y ahora país receptor, con más de 1,7 millones de venezolanos y más de 500.000 retornados colombianos, la creación de una ley migratoria que recoja toda la normatividad dispersa es más que necesaria. Colombia no puede seguir multiplicando decretos y debe encaminarse hacia una política incluyente y garante de derechos. La nueva ley migratoria no puede ser una simple compilación de normas.
Además de estos dos proyectos, recientemente se han presentado varias iniciativas sobre el tema migratorio en el Congreso peruano, entre ellas, el proyecto de ley 5.349, de 2020. En este se pretende que Perú se retire del Pacto para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la Organización de las Naciones Unidas, firmado en diciembre de 2018, y se crea el delito de ingreso irregular, criminalizando a los inmigrantes, en contraposición a los estándares internacionales al respecto.
Ahora bien, con estas reformas, ¿qué escenarios se plantean a nivel regional en una era pospandemia? ¿Nos encontramos ante un escenario restrictivo generalizado? Aunque aún es pronto para responder a estas preguntas, en principio los países sudamericanos tienen dos vías.
En tiempos de crisis, pareciera que las políticas migratorias más restrictivas fueran la solución; así lo dejan entrever algunas medidas adoptadas para contener los flujos migratorios en la región.
La primera es cerrar definitivamente las fronteras, escenario poco viable pues se ha visto que, incluso con el cierre, la población sigue en movimiento a través de fronteras porosas y algunas veces con la ayuda de traficantes. El caso de la migración desde Venezuela es el más evidente: al principio de la pandemia la población empezó a retornar, y actualmente los caminantes ya se ven deambulando por las carreteras de Colombia yendo hacia el sur.
La segunda es seguir fortaleciendo algunos espacios regionales de diálogo como el Proceso de Quito, que, aunque no es vinculante, pone la política migratoria regional sobre la mesa. Si bien este se ha enfocado en denunciar la dictadura de Nicolás Maduro, los países miembros no sólo tienen el gran desafío de la regularización de la población venezolana, sino de su inclusión socioeconómica. Pues está visto que es una población que llegó a Colombia para quedarse, aunque en algunos gobiernos se nieguen a aceptarlo, creando medidas temporales y no de largo plazo.
Pero no todo es blanco y negro. Primero, la política migratoria regional no puede centrarse exclusivamente en los flujos migratorios venezolanos. En la ruta Brasil-Ecuador-Colombia hay miles de migrantes en tránsito que requieren protección internacional. ¿Qué están haciendo los gobiernos al respecto? Hasta el momento parecen estar invisibilizados.
Segundo, la posible reapertura de la frontera de Colombia con Venezuela el próximo mes traerá más migración a la región. Se prevé que llevará a miles de migrantes más a salir de Venezuela. Ante esta situación, ¿qué posibilidades les darán los gobiernos de la región para regularizarse de manera permanente? En un contexto de creciente xenofobia, en el que la mitad de las más de cinco millones de personas que han migrado carece de la documentación necesaria para una estancia regular en estos países, preocupa el escenario pospandemia.
En tiempos de crisis (humanitaria o sanitaria), pareciera que las políticas migratorias más restrictivas fueran la solución; así lo dejan entrever algunas medidas adoptadas para contener los flujos migratorios en la región. Ahora pareciera que los países sudamericanos hubiesen dejado atrás todo vestigio de encaminarse hacia una ciudadanía sudamericana, como se planteó en algún momento en la extinta Unión de Naciones Suramericanas. Algunas respuestas gubernamentales no parecen corresponder con esta visión de libre movilidad antaño promovida en los espacios de integración regional.
Pensar una ciudadanía sudamericana sigue siendo utópico. Por ahora, los gobiernos sudamericanos no tendrán más opción que seguir enfrentando la migración intrarregional en medio de una crisis económica y sanitaria. La pregunta es cómo. Esperemos que sea con respuestas de acogida que apelen a la solidaridad, a la hospitalidad, pero, sobre todo, que sean garantes de los derechos de los migrantes y sus familias.
Stephanie López es doctora en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y profesora de la Universidad Nacional de Colombia. Este artículo fue publicado originalmente en www.latinoamerica21.com.