La renuncia del jefe de Policía de Montevideo, Erode Ruiz, forzada el lunes por el ministro Jorge Larrañaga, se puede considerar desde diversos ángulos, pero uno de los mensajes que recibió la opinión pública es muy preocupante.
Tanto los antecedentes de Ruiz como la relación que mantiene con el presidente Luis Lacalle Pou y con su padre, el ex presidente Luis Lacalle Herrera, señalan con claridad que los intercambios entre el comisario retirado y el frenteamplista Gustavo Leal, que tanto le molestaron a Larrañaga, no tenían nada que ver con afinidades políticas. Fue una cooperación entre dos personas que piensan distinto sobre muchas cuestiones, que conocen bien algunos problemas graves del país y que quieren que esos problemas se resuelvan.
Escuchar y tener en cuenta a quienes ven la realidad de otra manera no es una muestra de debilidad. Si dejamos de entender esto podemos olvidar que la política, en democracia, no es sólo conflicto, sino también búsqueda de acuerdos.
Haber quedado en mayoría no equivale a tener toda la razón, ni es el primer paso hacia la extinción del adversario. Aquello de “hasta la victoria siempre” significa, entre otras cosas, que no hay triunfos definitivos: cada vez que un gobierno –de cualquier partido– ha actuado como si los hubiera, fue el comienzo de su fin. Además, descalificar al derrotado devalúa también al vencedor.
El mismo lunes comenzó a sesionar la comisión del Senado que trata el proyecto de presupuesto, y hubo un gesto divisionista más inequívoco que la destitución de Ruiz. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, intentó justificar las características de esa iniciativa del Poder Ejecutivo con declaraciones muy improcedentes.
Alfie dijo en conferencia de prensa que existe “la presunción” de que a mediados de febrero de este año ya había casos no advertidos de covid-19 en Uruguay, y rápidamente derrapó desde la hipótesis hacia la afirmación. Alegó que esa presunta demora en detectar la nueva enfermedad “hizo retrasar la respuesta” del actual gobierno, que “si se hubieran tomado determinadas medidas” antes del 13 de marzo el impacto sobre la economía podría haber sido menor, y que en ese caso el proyecto de presupuesto sería distinto.
Es probable que la mezquina intención del director de la OPP haya sido reafirmar que todos los problemas del país son culpa del Frente Amplio. Hablando de asuntos que escapan a su comprensión, quizá ni se dio cuenta de que estaba acusando, tanto o más que a los jerarcas del gobierno anterior, a los especialistas en temas sanitarios. O sea, a las mismas personas que hacen desde hace meses aportes cruciales para el país, en forma desinteresada y sin tener en cuenta diferencias políticas.
Rafael Radi, coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario contra la covid-19, señaló esta semana, en una actividad académica de la Universidad Católica, que el trabajo técnico de los especialistas no debe ser “contaminado” por la política. Muchos altos dirigentes partidarios lo han comprendido, y es lamentable que algunas figuras menores quieran sembrar cizaña.