A veces es difícil discernir si una conducta política desmesurada se debe al furor irracional o a intenciones encubiertas. Así sucede con la actitud que adoptaron dirigentes opositores, el martes, ante algunas preguntas que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) le hizo llegar la semana pasada al senador colorado Pedro Bordaberry.
Acciones y reacciones
La ley que creó la Jutep en 2015 establece que ese servicio descentralizado reciba denuncias sobre acciones u omisiones de funcionarios que, a juicio de quienes las plantean, violen las normas vigentes sobre ética pública. Si la Jutep determina que los hechos referidos están dentro de su competencia, inicia un expediente, notifica a las personas denunciadas e inicia averiguaciones que, para empezar, apuntan a verificar que esos hechos hayan ocurrido.
El convencional colorado Esequiel Ibarra denunció que su correligionario Robert Bouvier, del sector Vamos Uruguay (VU) e integrante del directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado, había violado la Constitución al participar en un acto político partidario realizado en Florida, junto con el senador Pedro Bordaberry y otros dirigentes de VU.
Según explicó la presidenta de la Jutep, Ana María Ferraris, además de notificar a Bouvier y darle acceso al expediente, la división Gestión de Denuncias del organismo planteó consultas a varias personas, entre ellas Bordaberry, sobre la presunta violación de la Constitución. Como los organismos públicos se comunican entre sí por intermedio de sus jerarcas superiores, el cuestionario que recibió el senador fue firmado por el vicepresidente de la Jutep, Alfredo Asti, en ausencia de Ferraris.
Bordaberry y Bouvier afirman que la reunión en Florida no fue un acto político, sino un asado para festejar la recuperación del diputado Walter Cervini, también de VU, luego de un problema grave de salud. El senador podía haberse limitado a manifestar eso como respuesta a las preguntas recibidas, pero optó por el escándalo.
El martes, por fuera del orden del día del Senado, Bordaberry presentó una moción para que se declarara la “improcedencia” de lo solicitado por la Jutep. La bancada del Frente Amplio (FA) se comunicó con Asti y, tras conocer sus explicaciones acerca del trámite en curso, decidió no votar la moción, que fue rechazada. El senador nacionalista Sebastián da Silva dijo que le daba “asco” lo hecho por el FA, y su par colorado Andrés Ojeda sostuvo que la Jutep “se ha convertido en una verdadera Gestapo persecutoria”. Según el nacionalista Javier García, Ferraris y Asti carecen de “la altura moral y ética” requerida para integrar el organismo, y su correligionario Sergio Botana opinó que “Asqui” actúa en forma “desequilibrada”, “como el delegado de un cuadro de fútbol en una liga menor de barrio”. Bordaberry calificó a Asti de “rata rastrera” y “genio de la maldad y de la degradación más grande que se pueda imaginar”.
Poco después, en una conferencia de prensa, la Coalición Republicana anunció que presentaría una denuncia contra el vicepresidente de la Jutep, por un presunto abuso de funciones.
Confusiones y sospechas
La tesis opositora es que la Jutep no tiene competencias sobre una presunta violación de la Constitución por parte de Bouvier, dado que el propio texto constitucional establece, en el inciso 4º de su artículo 77, que la actividad política prohibida a directores de entes autónomos es un delito electoral, y que tanto su investigación como su penalización (con destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público) le corresponden a la Corte Electoral, a partir de denuncias que solo pueden ser realizadas por “cualquiera de las cámaras, el Poder Ejecutivo o las autoridades nacionales de los partidos”.
La senadora nacionalista Graciela Bianchi alegó además que la Jutep estaba realizando “pesquisas secretas” y que había violado los fueros de Bordaberry. Al parecer, entendió que las preguntas recibidas por este equivalían a una investigación judicial.
Se insiste en una interpretación errónea de los cometidos de la Jutep, a la que ya se hizo referencia en este espacio. Se trata de un organismo asesor, sin potestades para determinar si se cometieron delitos o para dictar sentencias. Lo que sí debe hacer, entre otras tareas, es velar por el cumplimiento del código de ética en la función pública, establecido en la Ley 19.823, de 2019, que incluye a texto expreso, en su artículo 16, la obvia responsabilidad de “conocer y cumplir la Constitución”.
Bordaberry tiene también la responsabilidad de conocer y respetar la Constitución y las leyes, reforzada cuando se trata de leyes que aprobó, como sucede con la 19.823. Cabe preguntarse si quiso desviar la atención de otros asuntos, aprovechar una ocasión para arremeter contra la Jutep o eludir las preguntas que se le plantearon porque la denuncia, que según Ferraris “aporta profusa prueba y documentación”, no queda rebatida con su explicación sobre un simple asado de camaradería.