No pretendo entrar aquí en un debate sobre los éxitos o los fracasos de los gobiernos del Frente Amplio (FA) en materia educativa. He descrito en varios artículos estos procesos y también he señalado los enormes desafíos que tenemos por delante para mejorar los aprendizajes y reducir las brechas educativas. Por otro lado, hasta hace poco casi ningún actor político o social creía que era posible lograr estos objetivos sin al menos aumentar el presupuesto educativo en alrededor de 1% del producto interno bruto (PIB), lo que situaría a Uruguay en alrededor de 6% del PIB destinado a la educación, una cifra adecuada para países en nuestros niveles de desarrollo. En lo personal, recuerdo vívidamente las luchas de los 2000 por el 4,5% para la educación. En cambio, ya hay economistas que señalan que el presupuesto que propone el gobierno reducirá la participación de la educación en relación al PBI, retrocediendo en los niveles de inversión.
Pero debemos entender que se trata de un desafío que va mucho más allá de cualquier bandera: se trata de un problema de calidad democrática, igualdad y equidad. Nuestro país invierte más en la educación de los niños, niñas y adolescentes de altos ingresos que en los de ingresos medios y bajos, y si bien estas brechas de inversión se redujeron en los últimos años, no deja de ser un dato preocupante de la realidad ni de explicar en parte algunos resultados; entonces, ¿para dónde vamos a igualar?
Las autoridades educativas vienen señalando enfáticamente que el recorte en la educación pública es una idea de los gremios y el FA en un intento por denostar las buenas intenciones del gobierno en esta materia. Por mi parte, no juzgo intenciones. Lo cierto es que el mensaje presupuestal que envió el gobierno liderado por el lacallismo reduce y congela el presupuesto otorgado por los gobiernos del FA. La asignación presupuestal en 2021 es 1,3% menor a la de 2019, y será 2% menor en 2024; paralelamente, el presupuesto a aprobarse quedará en suspenso, ya que el Poder Ejecutivo contará con una herramienta sin precedentes: la posibilidad de habilitar los recursos en función de la disponibilidad, ya no de lo votado en el Parlamento. Hay que decir que, además, el recorte se está procesando por otros caminos.
Tanto la Universidad de la República, que cuenta con un récord de 140.000 estudiantes, como la Universidad Tecnológica, con algo menos de 3.000, han señalado que este presupuesto coarta todas las posibilidades de expansión educativa y que corren riesgo la continuidad de algunas carreras en el interior del país, el acceso a becas y la radicación de científicos jóvenes. Estamos hablando fundamentalmente de toda la educación universitaria orientada al interior de la República.
El mensaje presupuestal del gobierno y la propia ANEP parecen no tomar nota de la pandemia y sus consecuencias nefastas en las brechas educativas.
En relación con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), hay varios aspectos que resultan preocupantes. En primer lugar, el mensaje presupuestal del gobierno y la propia institución parecen no tomar nota de la pandemia y sus consecuencias nefastas en las brechas educativas. Más allá del enorme esfuerzo de las instituciones, las comunidades y las autoridades, todo parece indicar (tanto la experiencia histórica como los elementos que se pueden recoger en estos días) que el impacto va a ser pronunciado.
Un presupuesto pospandemia debería proponer una serie de acciones para reducir el impacto educativo en aquellos sectores de estudiantes que han quedado rezagados por sus contextos económicos y sociales, por la falta de acceso a internet o dispositivos, o por la variedad de problemas de salud mental que la pandemia ha desatado o profundizado. Nada de esto aparece en ninguno de los dos mensajes.
No hay una priorización de la educación en el presupuesto; por el contrario, los trabajadores, luego de un proceso de mejora y recuperación salarial prácticamente ininterrumpido durante 15 años, que redundó en un aumento de 96% en el bolsillo, cargarán con una reducción salarial de aproximadamente 5% en 2021. El ajuste en los salarios parece combinarse con otros elementos que voy a indicar.
Hay un marcado discurso que señala que se debe cuidar los dineros públicos, premisa que a priori no tiene ningún inconveniente. Sin embargo, tras ese señalamiento se está produciendo un recorte en una serie de dispositivos educativos sin precedentes en la historia reciente. Los ejemplos son variados y, sumados al componente de la pandemia, inentendibles.
En primer lugar, se montó un bochornoso circo en torno al supuesto despilfarro de la alimentación escolar, y se busca pasar de un sistema universal e integrador a otro focalizado en aquellos “que lo necesitan”. No se entiende que la alimentación escolar no es únicamente un espacio de sostenimiento alimenticio familiar, sino una poderosa herramienta de integración educativa, social y comunitaria. Paralelamente, se recortan las horas del proyecto de trayectorias educativas protegidas en educación primaria (se ha señalado que serían alrededor de diez mil horas), en un momento en el que serían más definitorias e imprescindibles que nunca, ya que buscan acompañar el proceso de pasaje de primaria a educación media.
En el Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP-UTU), bajo el argumento de que los cursos de Formación Profesional Básica (FPB) tienen los peores índices de repetición de todo el sistema de educación media básica, serán reducidos al menos 85 grupos y esos estudiantes, enviados al Ciclo Básico Tecnológico, un proyecto educativo más barato. Se dice que se hace un alto para pensar un proyecto mejor, sin embargo, no hay una alternativa superadora de la FPB o los Centros Comunitarios, sino una propuesta basada en una estrategia clásica sin un acompañamiento definido de los estudiantes.
Mientras esperamos a 2022, los estudiantes quedarán por el camino. Además, hay que señalar que en los “malos” resultados señalados no queda claro contra qué se comparan, ya que muchos de estos estudiantes estaban por fuera del sistema educativo formal y difícilmente logran adaptarse a sus modalidades. La propuesta de recorte de horas y grupos afectará además el número de estudiantes por grupo. El gobierno sabe que esto es una pésima política educativa, pero el criterio económico está primando sobre el educativo.
En educación secundaria las cosas vienen en el mismo sentido. Tanto el consejero docente Carlos Rivero como la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) han denunciado una serie de recortes que se producirían en 2020 y que son una luz roja. El recorte en las horas de coordinación institucional a la mitad profundiza un problema de largo aliento: la recarga del salario docente en horas de docencia directa, debilidad señalada de nuestro sistema educativo con insistencia, que además produce en los hechos una reducción salarial. Se señala que se van a reducir 150 grupos del Plan 2006; el pasaje de liceos de tiempo completo a tiempo extendido; la reducción de horas de tutorías; de los coros liceales; recortes para las horas de Profesor Orientador en Informática y Tecnología Educativa (POITE); así como para Profesor Orientador Pedagógico (POP). Todo este paquete de recortes supone aproximadamente unas 40.000 horas de docencia.
La consecuencia, de nuevo, además de quitar herramientas pedagógicas y educativas de primer orden, es el aumento del número de estudiantes por grupo, generalizado en toda la educación media pública. Esta consecuencia esperable provocará aun peores resultados educativos y va en contra del discurso público de individualizar la enseñanza y de cualquier política educativa elemental. Traerá también la sobrecarga del trabajo docente y sus condiciones.
A mi entender, todas estas acciones van en contra del objetivo estratégico número uno y dos establecidos por la ANEP, que plantean “ampliar el acceso, la retención, el egreso y mejorar el trayecto de todos los estudiantes en los diferentes ciclos de su formación, promoviendo aprendizajes de calidad” y “reducir la inequidad interna del sistema educativo y mejorar los aprendizajes de los estudiantes, con foco en los sectores de mayor vulnerabilidad educativa y social”. Estas compartibles intenciones no se traducen en recursos ni acciones y no se entiende cómo eso será posible reduciendo las opciones educativas, las herramientas de apoyo y las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. Tampoco cómo serían posibles estos objetivos, que se sustentan en varios mecanismos de inclusión generados en las gestiones del FA, reduciendo la inversión educativa por estudiante y afectando los salarios de los trabajadores.
En demasiado poco tiempo pasamos de exigir más recursos a festejar empates, de tener una serie de propuestas a extrañarlas. Los que van a perder, como siempre, son los gurises del fondo de la tabla, muy lejos de nuestros debates parlamentarios.
Sebastián Sabini es diputado del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio.