Hemos leído con atención el acta de la comparecencia del ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, en el Parlamento el lunes 21 de diciembre, tomando nota de los argumentos presentados tanto por los actores del Poder Ejecutivo como por los/as parlamentarios/as.
Podríamos extendernos en múltiples consideraciones sobre dichas intervenciones, pero nos vamos a centrar en lo que nos parece especialmente grave en relación a las responsabilidades de gobierno en un país como Uruguay.
Nos resulta sorprendente que se critique no sólo a parlamentarias de la oposición, sino también a las organizaciones de la sociedad civil y a los colectivos profesionales por juzgar la ética personal de una jerarca institucional. Y nos sorprende más viniendo, entre otros, de un avezado parlamentario como el senador Jorge Gandini.
La confusión entre la libertad que todos tenemos de actuar de acuerdo a nuestra escala de valores éticos no se puede comparar con las limitaciones que existen para la actuación de las personas que representan al Estado.
La ética en la función pública está limitada por leyes nacionales e internacionales que el país ha suscrito y que ha incorporado a su marco jurídico. Las convenciones internacionales ratificadas por los gobiernos electos desde la recuperación democrática, con una participación activa de las delegaciones de gobierno en las Conferencias de las Naciones Unidas donde se debaten, se han suscrito con total conciencia de cada administración y se han transformado en leyes nacionales ratificadas por los sucesivos parlamentos.
Quizás alguno de los legisladores intervinientes no lo sepa, ya que demuestran un total desconocimiento en relación a estos democráticos procedimientos. Pero el caso es que estas convenciones establecen los límites éticos para la actuación de los estados en relación a la garantía del ejercicio de los derechos de distintas poblaciones discriminadas y por lo tanto vulnerables.
Nos resulta sorprendente que se critique no sólo a parlamentarias de la oposición, sino también a las organizaciones de la sociedad civil y a los colectivos profesionales por juzgar la ética personal de una jerarca institucional.
Se establecen así estándares mínimos que se deben respetar por parte de las instituciones públicas en relación a la dignidad de las personas, procurando en general ir eliminando no sólo los estereotipos culturales generales que pueda tener una población, sino especialmente las rutinas de los organismos del Estado que determinan muchas veces barreras para la inclusión de estos sujetos y que vienen retrasadas en relación a la igualdad para acceder a los bienes y servicios que provee el Estado.
No se trata de que una persona con responsabilidades en los organismos del Estado, o en cualquiera de los tres poderes que lo integran, pueda actuar de acuerdo a su leal saber y entender. Existen normas que los funcionarios públicos deben cumplir al ejercer sus funciones. Las organizaciones de la sociedad civil que representan a sujetos discriminados y los/as parlamentarios/as que ejercen el control deben velar por el apego de las autoridades a los compromisos asumidos por el país.
Sabemos que el conocimiento de esta responsabilidad está presente en muchas de las personas que integran el actual gobierno y que han acompañado los reclamos que las organizaciones sociales hemos realizado a todas las administraciones precedentes.
El desafío de incluir a la mayor cantidad de gente en un proyecto de desarrollo social, político y económico no puede quedar por el camino, más aún en tiempos de crisis como los que vivimos.
Clara Fassler y Margarita Percovich son integrantes de la Red Pro Cuidados.