En estos días hemos escuchado y leído mucho sobre Gabriela Bazzano, Seamos y su programa de Familias Articuladas.
Nos enteramos sobre la investigación que tuvo abierta por la entrega de hijes de personas con discapacidad a otras sin discapacidad y que esta se cerró sin que el asunto se aclarara. Surgieron muchas solicitudes de que se desvinculara de su cargo a Bazzano y se reabriera la investigación. Entre otras, se pronunciaron la Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Red Pro Cuidados, los sindicatos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y de asistentes personales, y la bancada del Frente Amplio. Sin embargo, lo que sucedió es que el gobierno salió a respaldarla y en distintos medios se le brindó el espacio para dar “su versión de los hechos”.
En dichos medios, Bazzano hizo declaraciones que no sabemos si son veraces, pero además utilizó un lenguaje lleno de expresiones discriminatorias. Nombró a la discapacidad intelectual como “retardo”, diciendo que las personas con dicha discapacidad son “como niños”; esto va contra varias recomendaciones del mismo programa que dirige actualmente (Pronadis) en su documento sobre Comunicación y Discapacidad y distintos derechos establecidos en leyes nacionales y acuerdos internacionales, como la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero esto no es nuevo.
En 2017, unos meses después de que la investigación fuera archivada, Telemundo hizo una nota sobre las “familias articuladas” en la que Bazzano utilizó el mismo discurso y construyó el mismo relato. Comenzó hablando de una pareja de personas con discapacidad que se enamoraron y tras un tiempo de novios, quisieron ser padres. Se casaron y luego de este paso tuvieron una hija. De esta forma construye y expone su idea del proceso moralmente ideal para tener hijes, entendiendo que cada uno de los estados nombrados es un requisito. La forma en la que Bazzano nombra a estas personas, “con capacidades disminuidas”, es parte de esta narrativa que vuelve a postergar y vulnerar los derechos de las personas con discapacidad. Luego siguió armando la historia de que como tienen una discapacidad no pueden hacerse cargo de la crianza de sus hijes porque “son como niños”, y que el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) es una especie de enemigo y la fuente real del peligro de que los separen de sus hijes. Así, queda Seamos como la organización salvadora de estas familias, y de esa forma se ignora todas las vulneraciones graves de los derechos humanos que suceden en el medio, incluyendo el mismo lenguaje utilizado.
Con el lenguaje construimos historias, garantizamos derechos y dignidad, o los vulneramos. En este caso, entonces, la responsabilidad del mal uso del lenguaje no recae solamente sobre Gabriela Bazzano, sino sobre los medios de comunicación que le brindan el espacio y que son cómplices en la construcción de esos relatos, y sobre los distintos integrantes del gobierno que la respaldan luego de haberla oído. Ya en 2017 Nicolás Martinelli y Luis Lacalle Pou habían compartido en Twitter la nota de Telemundo, felicitándola. No es de extrañar, ya que el mismo presidente se ha referido a las personas con discapacidad como “personas con capacidades diferentes”, tanto en discursos como en su programa de gobierno.
La idea de familia de Bazzano y su programa de Familias Articuladas encaja perfectamente en el ideal del gobierno actual.
Observamos entonces que este no es un problema particular de Bazzano, y el respaldo del gobierno es solamente la superficie. Aunque no la respaldaran, contamos con un gobierno que ha demostrado poco interés en las políticas sociales y en los derechos humanos. La idea de familia de Bazzano y su programa Familias Articuladas encaja perfectamente en el ideal del gobierno actual.
En el caso de las “familias articuladas”, se infantiliza a las personas con discapacidad y se aparta a sus hijes para que se forme una familia “correcta”: sin discapacidad, con padres heterosexuales y con un nivel económico mucho más alto que el de la familia biológica. Esto queda claramente ejemplificado en las declaraciones de uno de los “padres articulados”, cuya familia era de La Tahona, sobre cómo no se sentía cómodo cuando iban a ver a los padres biológicos, porque no estaba “acostumbrado a la pobreza”.
Estas ideas de normatividad y los intentos de “corregir” las formas de vida van más allá de la discapacidad, caen sobre todas las dimensiones que identifiquen como “otras”. Cuestiones de clase, raciales, la identidad de género y la orientación sexual entran en el mismo sistema opresor, bajo distintas tácticas selectivas.
En la página web de Seamos encontramos que patologizan toda orientación sexual no heterosexual y un montón de prácticas sexuales, y especifican que estas personas necesitan “ayuda” aunque no la deseen ni la pidan. Como algunos ejemplos de características de personas que deberían recibir terapia plantean: “Sólo logra disfrutar con fantasías con personas de su mismo sexo” y “Tendencia sexual indefinida (sirve para llenar su vacìo)”.
Esto no es otra cosa que las llamadas “terapias de conversión”. Una vez más es necesario reiterar desde la sociedad civil lo que ya ha sido respaldado por diversas instituciones de profesionales, como la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (American Psychiatric Association), que eliminó en 1973 la homosexualidad de su clasificación de enfermedades mentales (DSM III), y la Organización Mundial de la Salud: los “tratamientos” que buscan influir sobre la orientación sexual no heterosexual carecen de fundamentos científicos y tienen consecuencias nefastas para la salud bio-psico-social de las personas y sus familias. No sòlo eso, sino que en nuestro país está prohibido por la Ley 19.529 (de Salud Mental) formular diagnósticos en el campo de la salud mental en base a la orientación sexual e identidad de género de una persona. Las terapias de conversión son una grave vulneración de los derechos humanos.
Claramente la idea de familia de este gobierno es un modelo en particular: blanco, cis, hetero, de clase alta, sin discapacidad, en el cual la diversidad no entra, salvo algunas ocasiones en las que esté ocupando determinados lugares, por ejemplo, las personas con discapacidad en el lugar de quienes reciben cuidados, sin tener agencia sobre su vida. Todo lo demás debe ser apartado, reducido, corregido.
Cuando ingresó este gobierno sabíamos que estaba integrado por quienes nunca votaron nuestras leyes sino que, por lo contrario, intentaron derogarlas y se expresaron públicamente contra nuestros derechos promoviendo el odio y la discriminación. Luego de meses, hemos visto cómo no se ha avanzado en políticas sociales y se ha retrocedido recortando presupuestos y aumentando la represión. Sumado a eso, vemos el reforzamiento de la idea de caridad y el abandono progresivo de la defensa de los derechos humanos. A su vez, los dineros públicos se dirigen ahora a planes de adoctrinamiento para lograr familias “normales” (léase iguales a las de ellos) llegando incluso a querer traer directo del siglo XIX la prohibición de tener hijes a aquellas personas consideradas “no normales”. También de los años 70 viene otra política vintage e ilegal, como son las terapias de conversión y procedimientos varios para corregir toda identidad considerada “inmoral” o “enferma”.
Somos plenamente conscientes de que muchas de las personas que votaron por este gobierno están absolutamente en contra de estas propuestas. No en vano en la campaña se cansaron de aclarar que ya no pensaban estas cosas. Sin embargo, lamentablemente, mintieron. Habrá que salir a denunciar entonces su concepción del mundo, que aunque la disfracen con preciosos titulares, sigue siendo tan terrible como El cuento de la criada.
Luna Irazábal es militante de Ovejas Negras.