En varias oportunidades se habla de las personas privadas de libertad y las condiciones en las que se encuentran. Pocas veces recordamos que en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) habitan adolescentes privados de libertad cumpliendo medidas socioeducativas impuestas judicialmente. Actualmente el organismo atiende a 320 adolescentes de todo el país, distribuidos en centros de Montevideo, Canelones y Lavalleja.
Desde el inicio de la pandemia, en marzo, el organismo aprobó un protocolo de prevención y de actuación ante casos sospechosos de covid-19. También vale recordar que la anterior administración propuso el pago de una partida especial para las y los trabajadores del sistema que hayan cumplido con todos los turnos durante la pandemia, de forma de premiar e incentivarlos a continuar con las tareas de trato directo con las y los adolescentes las 24 horas, que en INISA no se pueden interrumpir. Esta partida fue dejada sin efecto por las nuevas autoridades al asumir.
A su vez, las visitas a los y las adolescentes fueron reducidas a un integrante por familia y las actividades en los centros fueron menguando luego del anuncio de medidas de prevención por parte del gobierno. Se redujeron también las salidas a actividades fuera de los centros, y las oportunidades laborales que teníamos con otros organismos y empresas se vieron afectadas.
En el sistema de privación de libertad adolescente ya existe demasiado encierro, y eso fue observado por el Comité de los Derechos del Niño en 2014 y también por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Los y las adolescentes son privados de su libertad ambulatoria por parte del Poder Judicial, pero no de sus derechos a la educación, al esparcimiento y a la salud.
Con la incorporación a pleno de todo el directorio de INISA, en julio de 2020, se está intentando contar con la misma cantidad de talleristas de educación no formal, a la vez de realizar tratativas para recomponer las relaciones con organismos y empresas para que se den oportunidades de primera experiencia laboral. También se volvió a permitir hasta dos integrantes de las familias en las visitas, entre otras medidas.
No es fácil en tiempos de pandemia, pero, como si fuera poco, entrando en el mes de diciembre, el gobierno anuncia nuevas medidas por el aumento constante de casos.
En los centros de INISA no se han dado casos positivos de covid-19 en adolescentes atendidos. Sin embargo, se aprueba realizar un hisopado obligatorio a los y las adolescentes al momento de ingresar al sistema. Dejando en claro que queremos colaborar en todas las medidas de prevención necesarias para que la pandemia no se instale en estos espacios, me pregunto si también deberíamos incorporar la realización de hisopados en la población adulta que transita en los centros y que puede llevar el virus del afuera al adentro. Nos preocupa que estas nuevas medidas generen mayor aislamiento de los adolescentes, ya que al esperar el hisopado por tres o cuatro días lo deben hacer aislados, sin contacto con otros adolescentes, sin actividades. ¿No opera esta medida como un castigo más que se suma a la privación de libertad, esta sí, no determinada judicialmente?
Estas preguntas, como las que se hacen científicos y médicos con la pandemia, son difíciles de contestar, porque aún es mucha la incertidumbre sobre el desarrollo de la covid-19 y sobre cómo las personas sobrellevamos las acciones que instalamos con el fin de prevenir contagios.
Tomamos medidas que en aras de una supuesta protección suman más encierro y conflictividad en las adolescencias, que están impactando muy seriamente las adolescencias privadas de libertad.
Lo cierto es que las adolescencias se ven impactadas por las decisiones adultas, como la de restringir las clases, y peor aún si esas adolescencias se encuentran privadas de libertad, ya que las medidas se suman al encierro constante, la falta de personal para atender sus necesidades y las condiciones poco óptimas de los edificios en los que se encuentran. En un artículo del médico pediatra Sebastián González en la diaria, se advierte del impacto de las decisiones adultas “previniendo” el covid-19 pero “lesionando seriamente los derechos a la niñez”: “Se enfatiza mucho todo lo relacionado a contagios de covid-19 y se minimiza demasiado todo lo no-covid, como el caso de las escuelas. Nos alarmamos porque en el conteo nocturno hay 30, 100 o 200 casos diarios más, pero en ese contador de internados, muertos y contagiados por covid-19 no se pone al costado en el tablero cuántos miles de niños no fueron a clases ese día. Como en las guerras, donde la mayor parte del desastre no se ve”.
El 31 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Comunicado 66/20 y respecto de las situaciones de privación de libertad en épocas de covid-19, instó a los estados a “adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva con el fin de identificar aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del covid-19”.
También el Comité de los Derechos del Niño advirtió el 8 de abril a los estados sobre el impacto de la covid-19 en los niños, niñas y adolescentes, y entre otras acciones recomendó “liberar a los niños de todas las formas de detención o encierro, siempre que sea posible, y proporcionar a los niños que no pueden ser liberados los medios para mantener un contacto regular con sus familias”.
Desatendiendo estas sugerencias, nuestro país aprobó una ley de urgente consideración (LUC) que aumentó el tiempo de privación de libertad, suspendió la suspensión condicional del proceso y limitó la semilibertad.1 A su vez, tomamos medidas que en aras de una supuesta protección suman más encierro y conflictividad en las adolescencias, que están impactando muy seriamente las adolescencias privadas de libertad. Nos debemos como país otros diálogos, con todos los actores y actrices del sistema, con los y las adolescentes, el Estado, la sociedad civil y la academia, a efectos de atender los derechos a una niñez y adolescencia dignas en tiempos de pandemia, generando políticas y acciones que contribuyan a garantizar y promover derechos, que tenga a las y los niños y adolescentes en el centro y que minimicen los daños que pueda traer la pandemia y las acciones que llevamos a cabo para prevenirla.
Andrea Venosa es abogada y directora de INISA propuesta por el Frente Amplio.