No sin cierta complicidad perversa por parte de algunos liderazgos políticos gravitantes en la región y en el mundo, la crisis ambiental global ocupa cada vez más lugar en las preocupaciones de las y los ciudadanos. Las aterradoras imágenes de una Australia asediada por megaincendios atizados por el cambio climático se agolpan con el horizonte de esperanza que representan las movilizaciones a lo largo del planeta iniciadas a partir del movimiento Fridays for Future (FFF) de Greta Thunberg.
En Uruguay los gobiernos del Frente Amplio han enfrentado, no sin grandes dificultades, la enorme y creciente tensión existente entre crecimiento económico y sustentabilidad ambiental. Pruebas de lo primero son los avances en el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental (vía la creación de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, el Gabinete Nacional Ambiental, y el Sistema Nacional Ambiental), los avances en áreas protegidas, las mejoras en la capacidad inspectiva y el monitoreo ambiental, el acceso a la información vía el Observatorio Ambiental Nacional, o la puesta en efecto de la ley de bolsas plásticas. Asimismo, las dificultades vinculados a la agricultura intensiva han sido igualmente notables, como lo demuestra el tratamiento y la posterior aprobación de la ley de riego y los debates sobre la autorización de diversos eventos transgénicos entre los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
Afortunadamente, la última campaña electoral hacia la presidencia de la República encontró en los temas ambientales una fuente de renovado interés y el debate de cómo hacer frente a algunas problemáticas emergentes. La de la calidad del agua y el manejo de agroquímicos formó parte de las expresiones públicas de los modelos en disputa.
Particularmente, la creación de una cartera exclusivamente dedicada al desarrollo de políticas ambientales fue un tema debatido en la campaña electoral con cierta profundidad. A lo largo de la campaña, los candidatos del hoy gobierno electo se limitaron a señalar que el “medioambiente” se había vuelto un tema insoslayable y que la forma de solucionar algunas problemáticas de “urgente consideración” era la jerarquización de la temática vía la creación de un ministerio que atendiera estas cuestiones de manera separada del MVOTMA.
Aunque la verdadera importancia de esta temática a los ojos del gobierno electo pueda ponerse en tela de juicio, dado que la “emergencia ambiental” se aborda en tres carillas y media y la de la seguridad pública en 44, podría decirse que esta “promesa” de campaña se cumplió. La ley de urgente consideración (LUC) presentada hace algunos días trata en 11 artículos la creación per se y la adjudicación de la conducción de la política “sectorial” (artículos 248 y 249), las competencias del nuevo ministerio (250), sus potestades inspectivas y sancionatorias –incluyendo su alcance– (artículos 251 y 252), la transferencia de recursos humanos y materiales desde las direcciones de Medio Ambiente y Agua y la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático (artículos 253 y 255), la eliminación de esta última (artículo 256), la administración de sus recursos (artículo 254), la nueva denominación del “viejo” MVOTMA (artículo 257) –que pasará a llamarse Ministerio de Vivienda y Ordenamiento del Territorio– y la creación –y consecuente presupuestación– de los cargos de conducción política de la cartera (artículo 258). Corresponde entonces analizar, aunque sólo sea de manera sucinta, lo planteado en este articulado.
Como modificaciones positivas, puede mencionarse la implementación de este nuevo ministerio. La creación de una cartera “íntegramente” dedicada a la gestión ambiental, además de haber sido una promesa electoral, puede visualizarse como una señal positiva de jerarquización de una problemática pública que cada vez más ocupa (y preocupa) a la ciudadanía (en especial, aunque no solamente, a los más jóvenes).
Asimismo, la LUC amplía de manera importante la capacidad sancionatoria en relación con el actual MVOTMA, pasando el máximo de una multa de 5.000 UR a 100.000 UR. Esto puede verse como una señal de jerarquización y de disposición a hacer pagar a quienes contaminen, degraden o destruyan el ambiente o no, pues las capacidades inspectivas son una copia del proyecto de ley de creación del actual ministerio (también presentado por un gobierno del Partido Nacional), y la ineficiencia general del esquema de comando y control en la gestión ambiental ya se ha visto demostrada en la práctica en gestiones de todos los partidos.
Sin embargo, este ejercicio de jerarquización debe verse en el contexto de los problemas reales que enfrentan el desarrollo de políticas y la gestión ambiental en el Uruguay de hoy. El problema aquí es que, más allá de la señal, no se evidencia ningún objetivo estratégico en la creación de la cartera. Pareciera que el hecho mismo de la creación de un ministerio fuera un avance o compromiso, y sin embargo esto no se traslada a la promesa de mayores recursos o al fortalecimiento institucional.
Más aun, la fragmentación de los procesos de toma de decisión y la dispersión de responsabilidades con incidencia directa sobre los problemas ambientales que enfrenta nuestro país son factores clave que demandan un estilo de gestión adaptativo, participativo y transversal (a otras áreas del Estado, como el MGAP), que aquí brilla por su ausencia. Prima en la propuesta un enfoque centralizador y sectorial (lo ambiental con lo ambiental), controlador (en vez de estimulador de buenas prácticas, lo cual está demostrado que es ineficiente) y ajeno a la participación de la gente (de la que nada se dice, lo que demuestra cierta insuficiencia democrática en un tema central para la vida de la gente).
Más en concreto, la creación de este Ministerio del “Medio Ambiente” y el Agua, con todo lo absurdo que implica que se siga hablando de “medio” ambiente en el siglo XXI, se concreta transfiriéndole las actuales direcciones de agua y medioambiente del MVOTMA, junto con los recursos humanos y materiales de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, que se elimina, en una clara señal de apuesta a una política de “compartimientos estancos” (Medio Ambiente y Agua por su lado, Economía por el suyo, Ganadería, Agricultura y Pesca por otro) que será insuficiente a la hora de enfrentar problemáticas importantes (lo cual sin duda significará que se pronuncien a la luz de sus tendencias actuales). La propuesta no sólo no es innovadora, sino que parece el resultado de pasarle la motosierra al actual MVOTMA para separar ambiente y agua en un nuevo ministerio con olvidos y errores profundos, y con el aderezo de crear más cargos, pues los de ministro, subsecretario y director general del futuro ministerio no existen hoy en Uruguay.
Nada en absoluto dice este anteproyecto de LUC sobre lo que ocurrirá con las necesarias políticas de adaptación y mitigación del cambio climático. Una cuestión vital, y que últimamente ha sido bandera de un movimiento de jóvenes a nivel mundial (Fridays for Future) con un capítulo uruguayo, aparece como ausente, lo cual es un doble (o triple) retroceso. Porque desconoce todo lo planificado y avanzado en la materia por Uruguay en este ámbito (la descarbonización de la matriz energética es quizá el ejemplo más brillante), porque no tiene a bien ofrecer orientación alguna frente al más grande desafío ambiental que los seres humanos hemos tenido que enfrentar, y porque lo hace (precisamente) en un contexto en el que muchas potencias mundiales (algunas cerca, otras más lejos) se suman a la oleada anticientífica del negacionismo en el tema del cambio climático.
A través de la LUC, el gobierno electo ignora supinamente que un pilar fundamental del ordenamiento territorial es justamente la dimensión ambiental, y que la vocación misma de las diversas directrices que gracias a esa dirección se han elaborado es precisamente la de garantizar la sostenibilidad ambiental y la armonía de nuestro proceso de desarrollo en el territorio, así como que las potestades ejercidas por el Estado a través de, por ejemplo, la denominación de ciertas áreas como suelo rural natural protegido son herramientas fundamentales para la política ambiental nacional y la conservación de ecosistemas y sus bienes y servicios. En una lectura táctica política de este esquema propuesto, se ve además que ordenamiento y ambiente quedan separados, desarticulados, y perdiendo el “relativamente” poco peso político que ya tenían, al lado de una “hermana mayor” en el Consejo de Ministros (Vivienda).
En suma, esta propuesta tiene un dejo demagógico, porque promete lo que no podrá cumplir al no incluir la transversalidad con otras áreas ambientales, como los recursos naturales o los acuáticos. Y difícilmente pueda ser catalogada como innovadora, pues es una movida de competencias que no ofrece ninguna novedad potente en un campo en el que muchas señales pueden darse, ignora cuestiones clave, ofrece enfoques atrasados que no reconocen la centralidad y transversalidad de la cuestión ambiental hoy, y tiene a la vista muchos déficits democráticos, técnicos y científicos de difícil abordaje.
La mirada hemipléjica sobre el “medio” ambiente que este anteproyecto representa debería retrotraernos a la literatura clásica griega. Cuando Ulises cegó a Polifemo, gigante hijo del dios Poseidón, para escapar de la isla de los cíclopes desencadenó el viaje tortuoso por todos conocido de regreso a su hogar en Ítaca. Ojalá el debate e intercambio franco sobre las implicancias para la política ambiental de este anteproyecto pueda evitarnos una verdadera odisea.
Andrés Carvajales es secretario político del Frente Amplio y Verónica Piñeiro integra el Plenario Nacional del Frente Amplio por las bases de Montevideo. Ambos participaron en la elaboración del capítulo de ambiente del Programa 2020-2025 del Frente Amplio e integraron el equipo de asesores en la materia de la fórmula Martínez-Villar.