La gigantesca estafa que terminó con la quiebra del Ueno Bank en Paraguay no solo tiene graves consecuencias económicas, sociales y políticas. También pone de manifiesto los riesgos de una estructura institucional que sin duda es débil en lo referido a las garantías para la convivencia democrática, pero que no lo es por el desarrollo insuficiente de políticas bien orientadas, sino por su diseño histórico funcional al dominio de una minoría y la negación de derechos.
Desde el siglo XIX, el proceso paraguayo divergió en forma significativa del contexto regional. Influyeron para ello las características del régimen liderado por José Gaspar Rodríguez de Francia (1814-1840) y la devastadora Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), que truncó los intentos de modernización productiva y el desarrollo de una élite exportadora local potente, dejando al control del Estado como principal recurso para acumular poder.
A esto se sumaron, entre otros factores, la ausencia de una inmigración comparable con la que favoreció la formación de partidos modernos en otros países, la persistencia de una estructura social con base rural y caudillista, y la hegemonía del Partido Colorado, consolidada en la guerra civil de 1947 y la prolongada dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), cuya impronta de autoritarismo, corrupción y clientelismo aún determina la debilidad de las organizaciones de la sociedad civil, la oposición partidaria y el sistema judicial.
Paraguay fue convertido en un país con niveles alarmantes de desigualdad, informalidad y pobreza, donde la baja presión fiscal que favorece a las grandes empresas priva al Estado de recursos para políticas sociales.
En este contexto se han sucedido crisis escandalosas. La de Ueno Bank, como varias anteriores, no parece alterar el predominio de alianzas, en el marco del coloradismo, entre fuerzas empresariales, represivas, políticas y del crimen organizado, que hoy orbitan en torno al expresidente Horacio Cartes y están vinculadas con la extrema derecha internacional. Lamentablemente, la destitución y el procesamiento del ahora también expresidente Santiago Peña tienen más que ver con la lucha de fracciones dentro de esa dinámica que con un avance democratizador.
Los impactos de la crisis actual afectan a casi tres millones de clientes de Ueno Bank. Hacia él derivaron, en menos de tres años, fondos públicos por valor de unos 1.000 millones de dólares, sin nada parecido a un contralor estatal garantista y con notoria participación de figuras que alternaban entre el sector público y el privado. Quedó muy comprometido el cobro de pasividades y salarios, y hubo apropiación indebida de ahorros individuales y de fondos empresariales. El dinero se sacó de Paraguay mediante una opaca trama de transferencias, y no hay perspectivas de que sea recuperado y restituido.
Todo esto hace resplandecer las señales de alerta sobre el “modelo paraguayo”, tan elogiado como aprovechado por actores políticos y económicos de Uruguay. La combinación de ultraderecha, ultraliberalismo y ultracorrupción no es, por cierto, deseable para el desarrollo humano en democracia.