La coordinadora de feminismos del Uruguay registró durante 2019 35 femicidios. En lo que va de 2020 han sido asesinadas cinco mujeres, cuatro en diez días durante el mes de marzo. La violencia basada en género se traduce de varias formas: violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, violencia económica patrimonial; el femicidio es su peor cara.
La ley Nº 19.850 promulgada en nuestro país en diciembre de 2017 define en su sexto artículo al femicidio como “la acción de extrema violencia que atenta contra el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de una mujer por el hecho de serlo, o la de sus hijas, hijos u otras personas a su cargo, con el propósito de causarle sufrimiento o daño”.
Este lunes el presidente Luis Lacalle Pou respondió en conferencia de prensa que los femicidios son un “efecto colateral lamentable” a las medidas de confinamiento tomadas para prevenir la propagación del Covid-19.
La pregunta realizada por la periodista era clara: “¿Qué está haciendo el gobierno para tratar de enfocar ese punto (aumento de los femicidios) que es bastante complejo?”. La respuesta también lo fue: no se han tomado medidas porque el creciente asesinato de mujeres no es un problema de prioridad para el gobierno.
El presidente podría haber respondido de otra forma para salir del paso, pero prefirió la sinceridad a secas: no se hará nada. Tras la interrogante, lo primero que hace es nombrar a la vicepresidenta Beatriz Argimón, reafirmando la falsa pero bien patriarcal idea de que los asuntos referentes al género le conciernen a las mujeres; y luego lleva el problema al plano de costo-beneficio y a los ademanes, simulando una balanza le acompaña la afirmación “el bien tutelado siempre es la vida, lamentablemente la vida no se nos va de una manera, se nos va de varias y en ese sentido tenemos que ser equilibrados”.
Que las niñas, las adolescentes y las mujeres no son la prioridad en la balanza de ningún gobierno es ya sabido. Ninguna cifra, ninguna investigación o declaración de organismos internacionales parece ser suficiente para que el Estado demuestre voluntad política real a través de recursos jurídicos y materiales para frenar la violencia contra las mujeres.
Los hogares siguen siendo los lugares de mayor inseguridad para las mujeres víctimas de violencia basada en género; ante una situación de emergencia, las medidas de confinamiento si se realizan de forma genérica servirán solo para reproducir las desigualdades que aquejan marcadamente a las mujeres.
¿No bastan las cifras que aumentan cada año, las campañas, las marchas, para que la Violencia Basada en Género (VBG) merezca la voluntad política real de quienes gobiernan? Según el Observatorio de Violencia de Género en Uruguay, una de cada tres mujeres es abusada sexual o físicamente en su vida, siete de cada 10 sufre algún tipo de violencia basada en género, el 19,5% de las mujeres declara haber sido víctima de VBG en el ámbito intrafamiliar durante los últimos doce meses previos a la realización de la última encuesta (noviembre de 2019).
Una investigación realizada en el marco de un convenio entre la Intendencia de Montevideo y el Ministerio del Interior durante 2109, denominada “Femicidios en Uruguay. Categorización y homogeneización” confirmó que el 70% de las mujeres asesinadas convivían o habían convivido con su femicida; de hecho, en el 69% de los casos analizados el femicidio ocurrió en el lugar donde la víctima vivía o compartía con el femicida.
Los hogares siguen siendo los lugares de mayor inseguridad para las mujeres víctimas de VBG, ante una situación de emergencia, las medidas de confinamiento si se realizan de forma genérica servirán solo para reproducir las desigualdades que aquejan marcadamente a las mujeres, desigualdades que limitan sus libertades, o que incluso terminan arrebatándoles la vida.
No hace falta reiterar aquí, o sí, cómo los efectos de las crisis recaen sobre las mujeres, dado que son quienes se ocupan mayoritariamente el sostenimiento de las actividades que reproducen la vida. Además, en el ámbito laboral son las más precarizadas, con una brecha salarial de aproximadamente el 30%, haciendo que la pobreza en nuestro país se concentre en las mujeres más jóvenes.
En 2017, una modificación al Código Penal uruguayo introdujo al femicidio como un agravante del homicidio, y desde entonces el término ha evidenciado tensiones y resistencias a nivel público de todo tipo, y así como aún hay gobernantes que en plena conferencia de prensa se permiten un “si me lo pedís así”, respaldados en toda una tradición cultural del acoso y el ninguneo al desempeño profesional de las mujeres, también hay medios de prensa que insisten en reproducir expresiones tendientes a invisibilizar el femicidio como tal. Contestes a ello, nos encontramos con titulares como “crimen pasional”, “apareció sin vida el cuerpo de” y otras expresiones que basan su fundamento en el carácter “privado”, “excepcional” de los acontecimientos y no en los mismos como la consecuencia de un problema social que merece atención estatal inmediata.
Más relegado en la agenda pública ha quedado el término feminicidio, que en ocasiones se emplea como sinónimo del femicidio por remitir a una misma problemática, pero del que se diferencia en un detalle no menor.
Cabe preguntarse de qué forma la naturalización de un problema social como la violencia basada en género hace fila junto a la multiplicidad de consecuencias que tendrá esta crisis sanitaria para recrudecer la desigualdad en la que se encuentran las mujeres de nuestro país.
Mientras que el término femicidio acuñado por D. Russell remite a la acción violenta de un hombre hacia una mujer, es decir, las muertes de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas familiares, acosadores o agresores, el término feminicidio abarca la responsabilidad estatal ante el problema.
Cabe preguntarse de qué forma la naturalización de un problema social como la VBG hace fila junto a la multiplicidad de consecuencias que tendrá esta crisis sanitaria para recrudecer la desigualdad en la que se encuentran las mujeres de nuestro país.
Las mujeres sentimos la inseguridad en nuestros cuerpos, en nuestras condiciones de vida, en la calle y en nuestras casas. Las situaciones de inestabilidad económica, encierro y estrés aumentan la agresividad intrafamiliar, muchas mujeres y niños quedan confinados al encierro con su agresor, del que dependen económica o patrimonialmente, del que temen represalias, al que no se animan a denunciar. Un gobierno que afirma sin más que gobernar es “poner en la balanza”, asumir los costos de “los daños colaterales” es un gobierno feminicida.
Gabriela Miraballes Cortinas es profesora de educación secundaria.