El jueves 9, el presidente de la República anunció en su cuenta de Twitter que enviaría el proyecto final de la ley con declaratoria de urgente consideración a los partidos políticos para “que tengan tiempo para estudiarlo y compartirlo antes de que empiecen a correr los plazos constitucionales”, y agregó que “en unos días” lo presentaría formalmente ante el Parlamento. Ese mismo día, el prosecretario de la Presidencia hizo llegar a la vicepresidenta de la República el proyecto, quien lo distribuyó entre las distintas bancadas parlamentarias.
Considerando la estructura del documento entregado, podemos decir que estamos ante una verdadera aberración jurídica. Se trata de un proyecto que, en cuanto a su forma, está viciado de inconstitucionalidad. Se trata de un mamotreto normativo, que mezcla entre sus diferentes capítulos disposiciones absolutamente diversas y que abarcan múltiples temas, algunos de especial trascendencia para la vida pública nacional que ameritan un tratamiento distinto.
El constituyente de 1967 otorgó al Poder Ejecutivo en el ordinal 7° del artículo 168 de la Constitución la potestad de remitir al Parlamento proyectos de ley “con declaratoria de urgente consideración”. De forma equivocada, muchos actores políticos y medios de comunicación se han referido a estos instrumentos como “leyes de urgente consideración”, cuando en realidad no es la denominación correcta.
La urgencia de su consideración debe ser declarada por el Poder Ejecutivo, actuando el presidente en Consejo de Ministros, y, como bien señala el profesor José Korzeniak, “los temas regulados deben tener cierta razonable urgencia en ser resueltos. Esta no es sólo una consideración de sentido común, sino que, a nuestro juicio, se deriva del carácter ‘declarativo’ de la urgencia. El Poder Ejecutivo no debe ‘inventar’ o ‘construir’ la urgencia del asunto, sino que formula una ‘declaración’ (entendemos que de una urgencia realmente existente)”.
Estos conceptos del maestro constitucionalista nos llevan a preguntarnos si el proyecto en cuestión debe ser necesariamente declarado de urgente consideración, en función de las disposiciones contenidas en él. ¿Está la “coalición multicolor” inventando la urgencia para aprobar de forma breve los contenidos de este proyecto? Entiendo que la respuesta a esta pregunta es afirmativa: el gobierno está abusando de un mecanismo constitucionalmente previsto para determinadas situaciones, ejerciendo de forma desmedida sus potestades. Se introducen normas que no ameritan la declaración de urgencia, por lo que el proyecto no se ajusta a los preceptos que determina nuestra Constitución. Estamos lisa y llanamente ante un proyecto inconstitucional.
A esto debemos sumar que nos encontramos en medio de una emergencia sanitaria, declarada por el propio Poder Ejecutivo debido a la rápida propagación de la enfermedad covid-19. Es contradictorio que, por un lado, el gobierno exhorte a la población a no celebrar reuniones, a permanecer en su casa, a que se cierren espacios públicos como plazas, parques y playas, y, por otro lado, se envíe esta iniciativa para ser considerada por las bancadas. En este contexto, remitir el proyecto constituye un gesto penoso y antidemocrático del gobierno.
Parece que el mensaje que quieren dar las autoridades con el envío del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración es que “no pasa nada”, que estamos ya en estado de normalidad, cuando en realidad estamos atravesando momentos muy difíciles en la vida de nuestro país.
En estos momentos las urgencias son otras: urgente es la salud y la vida de nuestros compatriotas. Urgente es frenar el avance de esta pandemia. Urgente es que nos quedemos en nuestras casas y nos cuidemos entre todas y todos. Urgente es encontrar soluciones para las complejas situaciones socioeconómicas que están atravesando miles y miles de uruguayas y uruguayos. Urgente es generar espacios de diálogo y elaborar de forma colectiva un gran acuerdo de reconstrucción nacional, que involucre a todos los actores sociales, pensando en el día después.
Joaquín Garlo es edil del Frente Amplio en Maldonado.