No es lo que Guido Manini Ríos hubiera querido. El tratamiento del pedido judicial de desafuero del senador sucederá luego, y no antes, de que se termine de tratar el proyecto de ley de urgente consideración (LUC), según la agenda parlamentaria establecida. Aunque inconveniente, el hecho no obstaculiza lo que cada vez es más claramente un plan del general hoy retirado –mas no inactivo– de llegar a la presidencia de la República en la próxima elección y consolidarse como el nuevo caudillo militar y hasta civil, capaz de abrir una nueva época en el país con la propuesta de un nuevo contrato social. “Cabildo Abierto [CA] es la culminación de una posición favorable de la población uruguaya hacia las Fuerzas Armadas”, expresó el presidente del Centro Militar (al que Manini pertenece), el coronel retirado Carlos Silva Valiente.
Ese futuro anhelado tiene para Manini un hilo conductor claro hacia el pasado, hacia el gobierno que las propias Fuerzas Armadas planificaron a partir de que la democracia las llamó a combatir la subversión, en setiembre de 1971, y que luego se consolidó en dictadura militar. Y también en los términos en que las Fuerzas Armadas lograron salir de ese período con la ley de caducidad, en 1986. Eso, después de perder el plebiscito que hubiera consagrado su protagonismo en 1980; de la ruptura de “la tablita”, y con ella el desastre económico en 1982; y de haber entregado el gobierno a un civil luego de elecciones con dos candidatos vetados.
Va de suyo que Manini hubiera preferido no estar condicionado a aportar los imprescindibles votos de sus tres senadores y 11 diputados al trámite de aprobación de la LUC, y contar con más espacio para la negociación de sus desavenencias con el texto de esa ley, algunas ya manifestadas (es de suponer que hay más). Pero el juego se dio así.
En lo inmediato, el proceso fue el siguiente: el gobierno de Luis Lacalle Pou empezó a deslizarse hacia una reactivación de la actividad económica a tres semanas de declarada la emergencia sanitaria el 13 de marzo. Desde una tesitura gradualista, se abría paso a que la LUC tuviese prioridad en la agenda por sobre lo sanitario. Y por eso el presidente fue dando señales que reducían la pandemia a algo controlable. “Nada dice que vayamos a estar peor”, declaró. Desde Presidencia, aflojó las recomendaciones de aislamiento social al punto que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo le preguntó por las razones que lo guiaban para hacerlo.
También tomó Lacalle Pou medidas agresivas que reactivaban la política partidaria, como negarle la cadena nacional al PIT-CNT para el 1° de mayo, cuando durante los años de gobierno del Frente Amplio (FA) dispusieron de ella para usarla en sus aniversarios la Cámara de Industrias y los partidos Nacional y Colorado, y en sus campañas el Sí a la reforma de la Constitución impulsada por Jorge Larrañaga, a la que el FA se oponía, y también quienes quisieron derogar la Ley Integral para Personas Trans, que el FA promovió. Y hubo más hechos políticos en desmedro del alto grado de convivencia cívica alcanzado ante la pandemia. No lo dijo Lacalle Pou, pero el objetivo de este revés político era el que llevó a la coalición a formarse: centralmente, desplazar al Frente Amplio del gobierno. Y tras eso, volviendo a imponer la política partidaria en las relaciones sociales, prosiguió la tarea de terraplenar lo hecho en los últimos 15 años.
Con esta tesitura, Lacalle Pou centró el 9 de abril la lucha contra la pandemia en la capacidad hospitalaria del sistema, y proyectó la disposición de –en ese momento– 383 camas de CTI a un universo de infectados de más de 8.000, que consideró inalcanzable. La población tomó debida nota de esa distención, lo que causó el debilitamiento de la consigna “quedate en casa” con una salida abundante de gente a pasear por la rambla y a apelotonarse en ferias y otros lugares públicos, al punto de que fue noticia en la televisión.
A un costado quedó la pandemia. Hoy nada controla a los asintomáticos, que técnicos internacionales valoran en 30% de quienes pueden contagiar; no hay control sobre los aparentemente curados, que es posible que sigan contagiando y que pueden recaer; nada se prevé para una nueva ola de infección, que en otras epidemias que registra la historia se produjo y que hoy varios países, como Corea del Sur, temen. No se le hace caso a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomienda dos test, el segundo para saber si la sangre del enfermo que se curó generó anticuerpos; acá se estableció que no se hace segundo test. De nada vale que un jerarca de la OMS apodado “el gurú de las infecciones”, David Nabarro, advierta: “Esto no va a desaparecer. Punto”.
Estalla un foco en el Vilardebó (24 pacientes y 12 funcionarios infectados) y eso no llama la atención sobre las concentraciones humanas, aunque el 25 de abril estalle en geriátricos, un peligro sobre el que advirtió la Sociedad Uruguaya de Geriatría y Gerontología el 1° de abril. Hay más concentraciones humanas institucionalmente débiles que están a disposición del virus, como las cárceles, donde hay sobrepoblación y a las cuales 38% de los presos llegaron por delito de hurto. Según el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, esas personas deberían pasar a un régimen de prisión domiciliaria antes de que el virus traspase las rejas.
Ese protagonismo, con la laxitud sanitaria en nombre de la economía, le fue quitado al presidente de un mandoble por el senador y militar Guido Manini Ríos el 14 de abril, con una intervención en la media hora previa del Senado, mediante la cual logró varios objetivos. Como se sabe, esa fecha fue instituida por el Ejército “en homenaje a los caídos en la lucha contra la subversión”. El general senador utilizó su intervención para atacar a quienes piden juicio y castigo por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado reciente, criticar las condiciones de detención de un capitán responsable de hechos criminales de esa naturaleza, Lawrie Rodríguez, y particularmente atacar a la Justicia.
Las palabras de Manini le quitaron protagonismo a Lacalle Pou, pasándoselo al general, con una serie de consecuencias. Para empezar, un generalizado apoyo de militares retirados –y mucho indica que también en actividad– no visto en décadas, expresado de forma que reivindica su liderazgo en “la familia militar”, al alinear tras de sí a los afiliados a los dos centros de retirados Centro y Círculo Militar. “Nuestro sentir es idéntico”, dijo con alegría el presidente por segundo período del Centro Militar, Carlos Silva Valiente. Se puede comparar la notoriedad lograda por Manini con el silencio en que está sumido otro recién llegado a la política, Juan Sartori, con los vínculos evangélicos que le facilitaron el acceso a su banca en el Senado y a dos más en la Cámara de Diputados.
Además, Manini obtuvo una previsible, generalizada y ruidosa reacción contraria de la opinión pública uruguaya ante esa defensa incondicional e irrestricta a violadores de los derechos humanos, que llamó la atención por su intensidad.
Los 15 años de gobiernos del FA, con las 30 políticas sociales a objetar y 60 leyes a derogar o modificar que son el objetivo general de la coalición, parecen haber dejado su impronta en la conciencia ciudadana, y afirman su progresismo. El politólogo Daniel Chasquetti definió la situación en términos interesantes: “La lógica de CA es tener de rehén a toda la coalición de derechas, para presionar por sus intereses y avanzar a golpe de puño y letra. Lacalle Pou debería repensar el ofrecimiento de un Gran Acuerdo Nacional hecho por el Frente Amplio como anticuerpo de esto”.
Finalmente, con su intervención en el Senado, Manini hizo un antirreglamentario pero premeditado ataque a la Justicia en una maniobra que es posible inscribir en al menos dos doctrinas militares. Es que la Justicia –débil, morosa– es la enemiga formal de la impunidad por la que las Fuerzas Armadas siguen batallando desde el Pacto del Club Naval, así pasen los años. No es la primera vez que Manini ataca a la Justicia, y la repetición puede convertir esto en un hecho aceptable y base para intervenciones cada vez más fuertes en su contra, dice la doctrina. Preguntado por lo hecho por Manini en Senado, Lacalle Pou no supo qué decir. “Separación de poderes”, fue su respuesta en una conferencia de prensa.
Este principio de atacar un tema lateral al poder en sí pertenece a la estrategia de “aproximaciones sucesivas”, que viene de la psicología y fue adoptada por la ambiciosa proyección militar brasileña en ese país y en la región. Fue por medio del actual vicepresidente brasileño, Hamilton Mourão, general retirado y amigo personal de Manini, que esta política pasó a integrarse a la estrategia del líder de Cabildo Abierto. Su principio fundamental parece ser no pasar nunca a la siguiente aproximación antes de dominar la que la antecede.
La otra política militar utilizada por Manini aparenta tener rasgos similares: se llama “La estrategia de la aproximación indirecta”, y fue publicada en 1941 por sir Basil H Liddell Hart, que en la primera guerra fue quien convenció a las fuerzas armadas británicas de sustituir la tradicional caballería por el recién inventado tanque, y por eso el arma pasó a llamarse genéricamente “caballería blindada”. Se basa en que el ataque frontal es una idea condenada al fracaso, en que la clave está en la predominancia del factor humano y en que la persuasión se logra más fácil y rápido por la infiltración subrepticia de una nueva idea o por un argumento que hace girar el flanco de la oposición instintiva.
Un ejemplo de esto último sería que el Ejército fuese aceptado paulatinamente por la población civil, particularmente la que está en una situación marginal, cuando soldados de la misma condición social le llevan alimento y ayuda. La grieta política que está incentivando la coalición al politizar la situación favorece particularmente a Manini, al poner de su lado de la grieta a quienes constituyen –según coinciden las encuestas– sus votantes probables. Y es recomendable la lectura de Liddell Hart para compenetrarse en las ideas que guían sus movimientos políticos. La idea de estar del lado de una grieta política y aparecer en contra de la inevitable grieta social que la acompaña evidencia en Manini un plan propio y fuera de la rutina, pero que respeta principios enunciados por Liddell Hart, como “distribuir medios para alcanzar fines políticos”. No parece una idea nueva, sino expresión de la vieja demagogia, pero sigue siendo utilizable. La grieta que le sirve a Manini es binaria: a favor y en contra en materia política; la grieta social ya se verá. Ser incluido en una realidad está dirigido a darle al ciudadano de pocos recursos sentido de pertenencia.
Parte de esa estrategia es introducir temas en forma lateral, como un puntero que corre por el costado de la cancha de fútbol. Un ejemplo, en el caso de Manini, es la misa dada por el cardenal Daniel Sturla en febrero, a la que el general fue y en la que comulgó. Esa ceremonia tuvo, como novedoso motivo para este país, la inauguración de la nueva legislatura. Todo suma a la idea de un cambio en puerta.
El general senador se está imponiendo como el caudillo militar de esta época; quiere serlo también de un sector de la civilidad, y superar los límites electorales de 42% que tuvo el voto al Sí de la reforma constitucional de 1980, que sería, como mucho, el contorno de la derecha en el país. Por eso se ofrece al sacrificio de renunciar a sus fueros y presentarse a la Justicia. Es cierto, podría haber hecho su presentación a la Justicia sin renunciar a los fueros, si lo hacía por escrito, pero no lo hizo; dice la historia que en diciembre quería presentarse y que el diputado de su partido y constitucionalista Eduardo Lust le recomendó ampararse en los fueros, aunque aún no había asumido. Tal vez el general considerara que no era el momento para esa jugada.
En todo caso, el 14 de abril, Manini dijo lo que quiso en el Senado, aun contra el reglamento, pero no dijo lo que quiere decir ante la Justicia. Las implicancias de uno y otro ámbito son muy distintas. La primera buscó un efecto político, que al parecer obtuvo; la segunda puede tener consecuencias legales para las personas involucradas en lo que quiera decir como testimonio. Se puede especular que las diferencias entre su versión y la de Presidencia de la República de la época serán asunto central, pero nada se sabe sobre los elementos con que cuenta Manini para movilizar a la Justicia en el sentido que pueda procurar hacerlo.
Mientras tanto, y en estos meses de demora -causada por sus socios coaligados- antes de llegar a declarar, debe conservar a sus filas ordenadas y disciplinadas. Sus muchachos parecen creer no sólo que el recreo realmente ya terminó, sino que en el pueblo hay un nuevo sheriff, y son ellos. Así, el hijo del presidente del Centro Militar, el médico militar Fernando Silva, postulado para dirigir la regional Oeste de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), tuvo a bien publicar que en los hospitales públicos había “mugre, decidia [sic] y falta de control”. Esto ocurrió en medio del lío causado por el despido telefónico de dos jerarcas, profesores grado 5 y 4, una de ellos a cargo de los exámenes de covid-19, lo que provocó una renuncia masiva de funcionarios, la salida de ASSE de 42 personas con experiencia en la función. Ante el escándalo, el nuevo presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, tuvo que cancelar la asunción de Silva (quien quedó esperando un nuevo nombramiento), y desmereció la renuncia masiva al tratarla de “acción política”. De este modo, Cipriani contribuyó a la politización del panorama desde el corazón sanitario del país propiamente dicho, en medio de la pandemia. La realidad del desgobierno fue modificada por la política.
Hay más. Supuestamente un ayudante del subsecretario de Defensa, Rivera Elgue, utilizó la computadora de este para emitir ofensas contra dos ministros de la coalición, Pablo Mieres y Ernesto Talvi. Elgue dijo primero que le habían hackeado la computadora y luego pidió disculpas. Pero la identidad de su ayudante no se conoció; menos aún hay noticia de que se lo haya sancionado, no digamos ya relevado del puesto. Esta y otras muchas actitudes díscolas desde las filas de CA dan idea de para qué querrían el poder sus militantes, si no es para abusar de él.
Manini aguanta a sus cófrades. Por algo tiene a tantos militares en puestos de gobierno. En una nota en Búsqueda, Juan Pablo Mosteiro señala que “decenas de militares retirados ocupan cargos de responsabilidad en dependencias del gobierno”, y que “legisladores oficialistas observan con preocupación estas designaciones y el relacionamiento en general con CA”. Es una novedad en la historia reciente este brotar verde en cargos públicos. Da cuenta Mosteiro de una decena de funcionarios provenientes de Sanidad Militar que ocupan cargos relevantes, como la dirección general de coordinación del Ministerio de Salud Pública, en Correos y en ASSE. Y también en el Ministerio de Defensa Nacional, que en una república no necesariamente necesita de militares para ocuparse de asuntos militares. En cuanto a Vivienda, la ministra Irene Moreira fue deliberadamente imprecisa: “Cabildo no sólo ha puesto militares en cargos de confianza”. Por su parte, Manini ensayó una justificación de esto en la diferencia de formación de un militar respecto de un político: ejecuta y habla poco.
Pero lo importante para Manini es el hilo conductor hacia el gobierno, que las propias fuerzas armadas hacen constar que planificaron a partir de que la democracia los llamó a combatir la subversión y que él está volviendo a enhebrar. Figura en un librito impreso llamado “Política de la República. Año 1974. Reservado. ROU Fuerzas Armadas”. En su página 31 se establecen “directivas para el personal militar designado para prestar servicio en reparticiones públicas”. Las bases doctrinarias para estas directivas incluyen la presencia de oficiales del Servicio de Inteligencia de Defensa (SID), su calidad de asesores en seguridad, la ley orgánica militar (de 1974), la política general establecida por la Junta de Comandantes en Jefe (JCJ) y más. El documento “es la expresión final y definitiva del pensamiento” militar “en lo que respecta a los objetivos nacionales y a la política nacional que debe tener la República”. Es una doctrina política que resulta “de un proceso ideológico seguido por las fuerzas armadas que se inicia en setiembre de 1971, cuando son encargadas de combatir a la subversión en Uruguay”.
El concepto del mando militar, prosiguen las directivas, es ser un gobierno paralelo, mantenerse permanentemente informado e intervenir en la formulación de “objetivos nacionales en seguridad y desarrollo”. También, “detectar ineficacia y corrupción”, algo que Manini prometió expresamente en la campaña. La designación de oficiales en funciones concretas en distintas reparticiones públicas será como ejecutores o fiscalizadores; los designados son agentes primarios de información. La estructura de funcionarios militares “está no sólo para cumplir funciones específicas, sino para la producción de inteligencia estratégica, necesaria para el funcionamiento de todo el sistema”.
Manini no ha dicho nada que contradiga estos principios en su esencia, aunque el SID y la JCJ ya no existan como tal, y el presidente no sea Juan María Bordaberry. La idea del líder es liderar, y aquí está descrito cómo. Sin hacerse problema y en cuanto pueda, Manini tomará de Liddell Hart esta cita de Lenin: “Retrasar las operaciones hasta que la desintegración moral del enemigo haga posible y fácil el golpe decisivo”.