Los planes del actual gobierno se postergaron debido a la emergencia sanitaria, pero persisten. No cambiaron las iniciativas previstas (muchas de ellas incluidas en el proyecto de ley de urgente consideración, otras en agenda para más adelante), ni el relato que busca justificarlas y ensalzarlas.
Una parte de ese relato se desarrolla por medio de las declaraciones de dirigentes, los lineamientos editoriales de medios oficialistas, y la labor cotidiana de diversos formadores de opinión. Otra, mucho menos cuidadosa, es instalada en las redes sociales, a menudo desde el anonimato. Ambas se adecuan a las circunstancias de la emergencia sanitaria, y tratan de aprovecharla.
No se trata de algo novedoso, sino de prácticas a las que apelan, en mayor o menor medida, todos los gobiernos contemporáneos, y que antes se realizaban con recursos tecnológicos menos avanzados. El problema está en los elementos que componen la narrativa.
Es distinto hablar de errores e ineficiencias de los gobiernos del Frente Amplio (FA) que atribuirles al barrer conductas delictivas e intenciones malvadas. No es lo mismo apoyarse en datos verificables –aun cuando se exagere para causar mayor impacto– que manipularlos en forma grosera.
De esto último tuvimos un ejemplo en la semana que termina, cuando se dieron a conocer las cifras de los homicidios ocurridos en los primeros meses de este año, mayores que las correspondientes al mismo período del año pasado. Los números son como son y se comparan así, en forma interanual.
Nadie puede sostener sanamente que la cantidad de asesinatos cometidos en marzo y abril ya probó el fracaso de las nuevas orientaciones para la actuación policial (aunque sí indique que lograr mejores resultados no era tan simple como se prometió). Lo que resulta insólito es que esas cifras se hayan presentado como si mostraran que el ministro Jorge Larrañaga ya encontró la solución. Así lo hizo el martes 5 el diario El País, y su inusitada versión de los hechos fue amplificada de inmediato por el Partido Nacional.
Algo parecido sucede con la insistente prédica sobre un presunto ocultamiento, durante los gobiernos del FA, de situaciones de vulnerabilidad social que siempre estuvieron registradas y a la vista. Esto, además de ser falaz, socava la credibilidad de los datos oficiales, muy necesaria para que los discursos políticos tengan algún vínculo con la realidad.
Cuando el Poder Ejecutivo y sus defensores avanzan por ese desgraciado camino, afectan también la credibilidad de los propósitos de “imparcialidad” y “equilibrio” anunciados por el nuevo director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, Gerardo Sotelo (y él no ayuda, por cierto, al mantener una actividad política muy sesgada y pendenciera en las redes sociales).
Acá cerca, el gobierno de Mauricio Macri intentó durante cuatro años echarles la culpa de todos sus fracasos a sus antecesores kirchneristas, y machacó con una fantasiosa propaganda sobre sus éxitos. No logró con eso ser reelecto, y dejó a la política más envilecida que antes. Algo habría que aprender.