En los últimos días, la coalición de derecha que gobierna ha querido instalar en la opinión pública la idea de que la ley de urgente consideración (LUC) no era tan mala como se pintaba al inicio. El hecho principal sobre el cual se basa este argumento es la cantidad de artículos que votó el Frente Amplio (FA) en el Senado. A continuación, argumentaré brevemente por qué el relato de la coalición multicolor, una vez más, se basa en premisas falsas y engañosas, para luego centrarme en un análisis cualitativo más detallado de lo que ha ocurrido hasta ahora en la votación de la LUC.
La mentira de la mitad más uno
El senador Jorge Gandini expresó el 2 de junio, en el programa Todas las voces, emitido por el canal 4: “Se nos dijo que era una ley inconstitucional, que era un atropello, que era una ley ómnibus; resulta que a ese ómnibus se acaba de subir el Frente y compró la mitad de los pasajes, votó 51% de esta ley”. Más adelante, cuando le preguntan sobre ese porcentaje, el senador responde: “La ley entró con 501 artículos, se votaron 477, el Frente Amplio votó 248 de esos 477. Se puede agarrar una calculadora...”.
No hace falta agarrar una calculadora para saber que 248 es menos que la mitad de 501. Además, el senador Gandini oculta información, dado que la cantidad de artículos que se terminaron votando en Comisión del Senado fueron 527. Más allá de chicanas matemáticas, este cálculo de almacenero esconde la dimensión cualitativa de la discusión sobre la LUC, que es la que hay que atender: el proyecto país que hay detrás. En este sentido, lo relevante es que las organizaciones sociales y el FA pusieron, por el momento, un freno mínimo al avance de un proyecto altamente concentrador y regresivo.
Freno
No puede desconocerse que la versión de la LUC que se votará en la Cámara de Diputados en las próximas semanas es notoriamente menos regresiva que la enviada por el Poder Ejecutivo. De ahí que resulta relevante el aporte y el trabajo que hicieron tanto las organizaciones civiles, la academia y los sindicatos (entre otro conjunto de actores sociales) como el FA, en su rol de oposición responsable, tratando de mitigar los daños.
Un pantallazo por las distintas secciones nos muestra que en educación, se mantiene la coordinación del sistema de la educación pública (que el proyecto presentado por el Ejecutivo eliminaba). En el Consejo de Formación Docente se logró que dos de los cinco integrantes sean elegidos por docentes y estudiantes. También se revirtió la desventaja en la cual iban a quedar la Universidad de la República y la Utec en comparación con las universidades privadas en materia de compras y contrataciones.
En economía hubo importantes avances en defensa de las empresas públicas. Se evitó que Antel quedara obligada a compartir su infraestructura y redes con empresas privadas. Se recuperó la capacidad competitiva de las empresas y los bancos públicos al poder contratar directamente cuando estén en régimen de competencia. A la vez, se retiró el artículo que promovía la desmonopolización de Ancap. Nótese que, en este caso, según la lógica de la calculadora de Gandini, como se pasó de un artículo a tres y el FA votó a favor de dos, la tasa de acompañamiento del FA sería ¡de 200%!
En el funcionamiento del Estado se revirtiron la discrecionalidad que el proyecto otorgaba al Poder Ejecutivo para el traslado de funcionarios y las restructuras administrativas en cualquier repartición de la Administración Central.
En el sector agropecuario, se mantiene la prohibición de que las sociedades anónimas al portador puedan ser propietarias de tierra, y se reincorporó la autorización previa del Instituto Nacional de Carnes en la habilitación para la exportación, y su intervención en el abasto interno, que había sido quitada en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo.
En seguridad social, se eliminaron disposiciones referidas al régimen de los “cincuentones” y de compatibilización de jubilación con empleo, que se presentaban en forma irresponsable, sin ningún estudio de impacto y por fuera de una reforma balanceada del sistema previsional. También se logró incluir a representantes de la sociedad civil en un Consejo Asesor para discutir acerca de la reforma de la seguridad social.
En salud y desarrollo social, se retiraron los artículos que implicaban un retroceso en los cometidos del Instituto Nacional de la Juventud, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, el Instituto Nacional de las Personas Mayores, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y el Programa Nacional de Discapacidad.
La versión presentada por el Poder Ejecutivo dejaba de lado la perspectiva de derechos y la participación social como pilares, y tendía a una visión asistencialista de corte sanitaria, donde la responsabilidad pasaba por el individuo. Se quitaron también los artículos que definían cometidos, institucionalidad y gobernanza de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias desconociendo los avances y los consensos logrados por la comunidad científica y diversas organizaciones sociales. Se encomendará al Poder Ejecutivo que presente su definición en la próxima instancia presupuestal.
Ahora bien, como mencioné previamente, este freno al proyecto concentrador y regresivo es sólo momentáneo y además es mínimo.
Momentáneo
Es un freno momentáneo porque la coalición de gobierno tratará de seguir impulsando alguno de estos puntos en futuros proyectos de ley. Un claro ejemplo es el caso de la privatización de las empresas públicas. Si bien los artículos 268 y 269 del proyecto presentado por el Ejecutivo, que obligaban a Antel a compartir su infraestructura y redes con empresas privadas, fueron rechazados por unanimidad, un contenido similar se pretende votar en la Ley de Medios.
En el caso de Ancap, la coalición multicolor votó a favor de un artículo que implica estudiar la situación del mercado de combustibles, con lo cual la propuesta de desmonopolización podría volver a estar sobre la mesa en un futuro. De hecho, el título del artículo es “Reforma del Mercado de Petróleo Crudo y Derivados”. Llama la atención que la desmonopolización fuera propuesta sin un estudio previo pormenorizado, aunque esto no debería sorprendernos demasiado, ya que más de 80% de los artículos presentaron sustitutivos o aditivos, lo que deja en evidencia que no era un proyecto ni acordado, ni estudiado como se esperaría.
Mínimo
Es un freno mínimo, pues siguen estando presentes en todas las secciones artículos muy riesgosos para la población que la Cámara de Diputados votará en las próximas semanas.
En materia de seguridad, y a modo de ejemplo, se corre el riesgo de que haya “gatillo fácil”, y se valore más la propiedad privada que la vida (esperemos que no se ofenda y no se entrevere la senadora Graciela Bianchi); se permite el porte de armas para militares retirados (artículo que logró ingresar Cabildo Abierto a último momento), y se preven respuestas exclusivamente punitivas en el caso de delitos vinculados con estupefacientes.
La coalición multicolor en el Senado reconoció que mucho se podría hacer ya con el marco legal vigente, pero que lo que se busca es “dar una señal”, lo cual es una confesión muy grave y una mala práctica al legislar. Parecería que la LUC no nos va a dejar una Policía mejor preparada, ni más profesionalizada, ni tampoco con mayor respaldo, sino simplemente la señal de que tiene más margen y tolerancia para el abuso. Los últimos hechos ocurridos en Estados Unidos nos deberían interpelar sobre lo que podría deparar el abuso policial.
En inteligencia, se crea el concepto de “información secreta”, a la que no puede acceder ni siquiera el Poder Judicial, con lo cual se ve limitada la investigación en materia de derechos humanos.
En educación, persiste un fuerte centralismo en el Ministerio de Educación y Cultura, en detrimento de la autonomía de los entes públicos de educación. Se elimina la representación docente en los consejos desconcentrados de Educación Inicial y Primaria, Educación Secundaria y Educación Técnico- Profesional, que se convierten en órganos unipersonales con designación directa, lo que podría favorecer el clientelismo.
En economía, se impulsa una regla fiscal que poco tiene de regla, dado que no limita la discrecionalidad del Ejecutivo, no prevé ningún tipo de sanción en caso de incumplimiento, ni tampoco establece cláusulas de escape ante contextos de recesión económica como los que vendrán en los próximos meses. Además, el desmantelamiento de la política de inclusión financiera promoverá la informalidad y podría dificultar el combate al lavado de activos. ¿A quién beneficia la autorización para poder operar en efectivo por montos de hasta 100.000 dólares?
En el sector agropecuario, se debilita la política nacional de colonización al permitir que predios afectados al Instituto Nacional de Colonización, y que fueron adquiridos por colonos a precios subsidiados, se puedan vender libremente a precios de mercado. Además, se autoriza, sin estudio caso a caso por parte del Directorio, que los colonos no residan en el predio.
En relaciones laborales, se restringe el derecho a hacer huelga, violentando la legislación internacional y prescindiendo del debate colectivo. Esto, sumado al artículo de prohibición de los piquetes, apunta a una criminalización de la protesta de los trabajadores (quizá ya previendo que la pauta salarial propuesta por el Ejecutivo, que implica pérdida del poder adquisitivo, no sea de mucho agrado). Además, se obliga al trabajador a llegar a un acuerdo con el empleador sobre el medio a utilizar para el cobro de remuneraciones. Se establece que este acuerdo se establecerá al inicio de la relación laboral (donde claramente el trabajador se encuentra en notoria desventaja), pero no se explica absolutamente nada sobre qué ocurrirá en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo. En la práctica, es probable que los trabajadores, en busca de conservar su puesto, se vean obligados a cobrar en efectivo por más que no lo deseen, lo cual podría estar asociado a situaciones de informalidad laboral, lo que limita los derechos de los trabajadores. Si ello ocurriera (como es de esperar) la tan ansiada “libertad financiera” en realidad apuntaría para un solo lado.
En vivienda, se liberaliza el mercado de alquileres, desprotegiendo al inquilino, el cual puede ser desalojado en forma express y además debe tolerar la inspección del propietario en cualquier momento.
Finalmente, se cae en la incoherencia de crear un Ministerio de Ambiente, de forma muy improvisada, sin competencias claras ni vínculos definidos con el Ministerio de Vivienda, y de manera simultánea, de debilitar los recursos destinados a la defensa del ambiente, dado que aumentan los obstáculos para el avance del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
En síntesis, más allá de la cantidad o el porcentaje de artículos que haya acompañado el FA (que no son los mismos que en la calculadora de Gandini), lo interesante es remarcar que, en algunos aspectos, se logró contener el avance concentrador y privatizador que la LUC original pretendía impulsar. No obstante, las organizaciones sociales y el FA deben tener presente que este proceso regresivo recién comienza y todo indica que va a agudizarse, dado que la crisis sanitaria se convertirá (o ya se convirtió y aún no nos dimos cuenta) en económica y social y, como ya anunció el gobierno en sus pautas salariales, los trabajadores van a pagar la mayor parte de ella.
El autor agradece especialmente los comentarios de Ida Oreggioni, Joana Techera y a los integrantes del grupo Jueves. Esta y otras notas del Grupo Jueves pueden encontrarse en grupojuevesuy.wordpress.com.