También a nivel departamental la pandemia sirve de excusa para impulsar la agenda neoliberal, que en el caso de Maldonado ya venía de antes. Aprovechando la coyuntura, el gobierno del Partido Nacional (PN) insiste con medidas que no han cumplido con los loables objetivos que se proponen, pero han sido funcionales a la acumulación de riqueza por parte de algunos. Una vez más, se trata de las exoneraciones fiscales a los proyectos inmobiliarios.
A fines del año 2015, la administración de Enrique Antía presentó un proyecto que fue aprobado por la Junta Departamental de Maldonado (JDM), mediante el cual se suspendió el cobro del impuesto de retorno por mayor valor inmobiliario (IRMVI), entre otras exoneraciones tributarias, para las obras cuyo permiso de construcción se solicitara antes del 31 de diciembre de 2016 (Decreto 3941/2015). El argumento para impulsar estas renuncias fiscales fue la reactivación de la construcción y la generación de puestos de trabajo. Dicha política fue continuada luego por el Decreto 3962/2016, que volvió a conceder exoneraciones similares, esta vez para las obras cuyo permiso se solicitara antes del 31 de diciembre de 2018, y una vez más, fue parcialmente prorrogado por el Decreto 4009/2018.
Pero ¿qué es el IRMVI? Básicamente es un impuesto creado en 2010, durante la gestión de Óscar de los Santos, que grava a los proyectos inmobiliarios que se benefician con la obtención de una autorización especial para extralimitarse en relación a la normativa sobre edificación. Cuando se aprueba una excepción a la reglamentación para determinado proyecto, lo que se supone permitirá mayores ganancias a los constructores, se aplica el IRMVI. Funciona como un mecanismo para redistribuir la riqueza en la medida en que la comunidad recibe una contrapartida por la excepción realizada, y de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 3870/2010 de la JDM, esos recursos se destinarían a la Cartera de Tierras para proyectos de interés social o ambiental y al Fondo de Gestión Territorial del departamento.
Ahora bien, pese al argumento esgrimido por la administración del PN (y que en alguna ocasión llevó a ediles frenteamplistas a apoyar la aprobación de excepciones), las exoneraciones fiscales –ratificadas una y otra vez– no resultaron como se esperaba. Un informe de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial titulado “Análisis de la política de exoneración tributaria y flexibilización urbana en el departamento de Maldonado” (2018) es claro en señalar quiénes son realmente los principales beneficiados: los grandes empresarios inmobiliarios que pueden sacar mayor provecho de sus negocios, ya de por sí bastante lucrativos –hablamos de construcciones de lujo en la ciudad turística más importante del país– y sin compensar a la comunidad por ese beneficio excepcionalmente concedido, que, en definitiva, implica una flexibilización de las políticas de ordenamiento territorial, con lo que ello implica a nivel urbanístico y ambiental. De acuerdo con dicho informe, las desigualdades que esta política alimenta son múltiples y van desde la desigualdad socioeconómica más odiosa hasta las desigualdades en el trato que se da a los diferentes proyectos, algunos de los cuales logran excepciones mayores que otros, fruto de la combinación de flexibilidad y opacidad de la normativa y los procedimientos. Si bien en el corto plazo puede haber algún beneficio, a la larga la ausencia de reglas claras –caldo para la especulación y el lobby– termina ahuyentando la inversión.
Sin embargo, desde el inicio de la pandemia algunas voces del PN plantearon la ¿necesidad? de reactivar los estímulos fiscales para la construcción, como ya lo habían hecho mucho antes de la pandemia: no deja de ser llamativo que el reclamo siempre provenga del sector liderado por Rodrigo Blás, diputado, candidato a la intendencia y dueño de la inmobiliaria Blás Propiedades.
Así es como recientemente se aprobó el Decreto 4026/2020 en la JDM, mediante el cual una vez más Maldonado hace una renuncia fiscal que incluye la exoneración del pago de tasas y del IRMVI, esta vez para las obras cuyo permiso de construcción se solicite antes del 31 de diciembre de 2021. El argumento vuelve a ser el mismo: es menester crear puestos de trabajo, más aun para enfrentar la crisis de la pospandemia, cosa que a juzgar por la coyuntura internacional y por la propia experiencia de esta política en nuestro departamento probablemente resulte en una nueva decepción.
Desde el gobierno nacional se dijo que no se aumentaría la carga tributaria de los que “van a hacer fuerza en la salida de la crisis”. Parece fácil cinchar el carro si son los trabajadores y las trabajadoras quienes lo empujan directamente día a día e indirectamente mediante subsidios y exoneraciones a privados. El Estado, esta vez a través del gobierno departamental, renuncia a cuantiosos recursos que tanto se necesitan para enfrentar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia y afrontar el déficit gigantesco de la IDM, optando por beneficiar proyectos inmobiliarios millonarios en detrimento del ordenamiento territorial y el medioambiente, que, dadas las características de Maldonado, y particularmente de Punta del Este, no requieren beneficios tributarios para encontrar atractivos.
Marcos Hernández es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Debo el título de esta columna a Carlos Etcheverry.