Los dirigentes de Cabildo Abierto (CA) aseguran que su partido no representa los intereses corporativos de los militares. Sin embargo, en más de una oportunidad los senadores Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano han cuestionado los fallos judiciales contra ex militares y ex policías, reivindicando el rol “restaurador” que las Fuerzas Armadas tuvieron en el pasado y reconociendo que hubo “algunos excesos represivos”, un eufemismo inaceptable utilizado para minimizar las violaciones a los derechos humanos cometidas al amparo del terrorismo de Estado.
CA, movido por la necesidad de “dar vuelta la página”, ha presentado un proyecto de ley para derogar la Ley 18.831, lo que en los hechos significaría la reinstauración en su totalidad de la ley de caducidad. El objetivo es, en pocas palabras, anular toda posibilidad de investigar y juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura.
Volver a la ley de caducidad significaría restablecer una norma considerada inconstitucional no sólo por los especialistas, la doctrina internacional y la Suprema Corte de Justicia (SCJ), sino por el propio CA. El diputado y abogado constitucionalista Eduardo Lust ha señalado que el artículo 3° de la referida ley otorga competencias al Poder Ejecutivo para decidir “a quién se juzga y a quién no”, lo que a su entender es inconstitucional.
La contradicción al momento de esgrimir argumentos ha sido una constante en el discurso simplificador de los cabildantes. Critican las “imposiciones” establecidas a partir de los tratados internacionales firmados y ratificados por Uruguay, desconociendo que estos son una parte fundamental del Estado de derecho del cual se consideran defensores.
El senador Lozano ha asegurado que “cuando CA propone algo, es para que salga”, una aseveración con tintes un tanto autoritarios que dista de la tradición pluralista y democrática que caracteriza al sistema de partidos uruguayo. A juzgar por la afirmación del senador –y según se señala en la exposición de motivos del proyecto para derogar la Ley 18.831–, los uruguayos deberíamos “sellar definitivamente un pasado de violentos antagonismos, que finalizó ya hace más de 35 años”, para el cual “no puede existir una tesitura de penalidad infinita, como se pretende, en base a un relato que no se condice con la realidad ni se ajusta a la clara existencia de los hechos, al hablar solamente de terrorismo de Estado sin reconocer la existencia de los desbordes violentos del movimiento guerrillero”. En otras palabras, deberíamos olvidarnos de que las violaciones a los derechos humanos fueron también sufridas por cientos de ciudadanos que no participaban en los movimientos guerrilleros ni se alzaron en armas contra el sistema, u omitir que las Fuerzas Armadas detentan el monopolio legítimo de la violencia para preservar la integridad del Estado y que por esa misma razón su función es proteger a la sociedad, no reprimirla.
Reinstalar la ley de caducidad, lejos de recomponer una relación de respeto y confianza entre la sociedad uruguaya y sus Fuerzas Armadas, otorgaría impunidad a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad apoyados en los resortes de poder institucional.
Finalmente, y como corolario de este desencuentro permanente entre lo que se dice y lo que se hace, son inocultables los vaivenes del líder de CA en relación a sus fueros. En marzo de 2019, el presidente Vázquez cesó a Manini por la gravedad de sus cuestionamientos al Poder Judicial, al cual acusó de tener un derecho para el enemigo.
Como narra Enrique Canon en una columna, el fiscal Rodrigo Morosoli acusó a Manini por violación del artículo 177 del Código Penal, que obliga a los funcionarios públicos a denunciar un delito. Manini, entonces comandante en jefe del Ejército, omitió informar a sus superiores y a la Justicia que José Gavazzo había confesado el asesinato de Roberto Gomensoro, desaparecido en 1973. “Yo lo cargué al vehículo, yo manejé el vehículo, lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en un bote y lo tiré del bote. Yo solo”, expresó Gavazzo ante un Tribunal militar. Tampoco informó acerca de lo declarado por Jorge Pajarito Silveira con respecto a la muerte y la desaparición de Eduardo Pérez.
Las garantías no significan impunidad
El 1º de noviembre de 2019 la jueza Marcela Vargas remitió las actuaciones al Poder Legislativo solicitando el desafuero de Manini, regulado en el artículo 114 de la Constitución.
Los fueros tienen origen en la teoría de la separación de poderes sobre la cual se erigen las democracias modernas, recogida en El espíritu de las leyes, de Montesquieu, y que la doctrina norteamericana posteriormente consagró como sistema de frenos y contrapesos.
Los fueros constituyen una garantía frente a eventuales abusos o arbitrariedades del Poder Ejecutivo o de los jueces, pero en absoluto apartan a los legisladores del principio de igualdad ante la ley, y mucho menos significan impunidad.
El instituto salvaguarda a la cámara, al cuerpo como tal y a los legisladores en tanto son parte de ese cuerpo. No es una prebenda individual ni un atajo al abuso, por el contrario, es una previsión democrática reservada al cuerpo legislativo y en última instancia –como establece la doctrina– ampara al ciudadano que votó por ese legislador.
Por ello el Poder Judicial, para proceder, requiere que el cuerpo titular de los fueros dé autorización para proceder. Esa autorización es el desafuero. El desafuero no juzga ni valora, sólo deja al legislador en la misma situación que cualquier ciudadano que enfrenta la Justicia.
Sería una ironía que un instituto nacido para garantizar el despliegue democrático termine amparando la impunidad en episodios confesos de tortura, asesinato y desaparición.
Promesas de primavera
El 3 de octubre de 2019 Manini eludió la audiencia en que sería imputado, presentando dos recursos de inconstitucionalidad. La audiencia se suspendió y los recursos fueron elevados a la SCJ. La SCJ rechazó inmediatamente ambos recursos, por tratarse de maniobras jurídicas dilatorias.
El 5 de octubre de 2019 Manini aseguró en su cuenta de Twitter: “Convencido de haber hecho lo que debía, jamás me escudaré en ningún tipo de fueros”. Para entonces los uruguayos ya habíamos aprendido con Quevedo que “nadie ofrece tanto como quien no está dispuesto a cumplir”. Tanto que el día de las elecciones declaró: “Si salgo electo senador no me ampararé en los fueros parlamentarios”.
Recoge Canon en su columna que el 31 de octubre de 2019 Manini sostuvo en conferencia de prensa: “La defensa ya tiene instrucciones de plantear desde el primer momento que no me voy a amparar en fuero alguno. Quiero ir al juicio rápidamente para dejar bien claro la actuación de la cual estoy totalmente tranquilo que hice exactamente lo que debía hacer”.
Pasados los efluvios electorales, sobrevino el realismo. El 26 de noviembre, reunido con el presidente electo Lacalle Pou, Manini declinó de cualquier ministerio porque “la gente lo eligió para eso”; ese día adivinamos la obviedad de sus planes que hoy confirman los hechos.
El 22 de abril Manini manifestó en comisión su aspiración a que el Senado tratara el desafuero. Ni una palabra más. Sus dichos de campaña se hicieron humo.
¿Qué dice la coalición de gobierno?
La primera reacción fue, justamente, eludir reaccionar. El senador Jorge Gandini dijo el 21 de abril: “No hay una decisión formal. Quedamos a la espera del planteo que el propio senador haga mañana. Si Manini Ríos pide que se vote el desafuero, creo que es lo que corresponde. No sólo está en juego la Justicia, sino también incluso su honor. Por algo lo pide, sentirá que es importante ir a la Justicia y resolver este asunto. Yo creo que, si él lo pide, por supuesto que lo vamos a apoyar”. El pedido nunca llegó.
A estas horas el Partido Nacional debate su postura. CA, una vez más, le complica la vida al presidente y a sus legisladores. Darle largas sólo financia en cuotas el costo político de integrar la sociedad multicolor.
El presidente reiteradamente nos habla de libertad, de que se sentirá cumplido si al final de su gobierno los uruguayos somos más libres. La libertad no es poesía. La libertad tiene una dimensión colectiva inexorable. Una sociedad es más libre cuando sus instituciones son más robustas, sus derechos son más plenos y sus administradores circunstanciales más coherentes.
¿Qué hará el FA?
El Frente Amplio (FA) ha expresado claramente que acompañará el desafuero, en el entendido de que se trata de una autorización para proceder, lo que no implica expedirse sobre el fondo del asunto, porque eso sí sería violentar la órbita del Poder Judicial. Únicamente corresponde valorar dos cosas: si hay mérito para una “causa” en cuya investigación el Poder Judicial requiere avanzar y si no hay un abuso del Poder Judicial sobre el Legislativo, hipótesis descartada al punto de que los hechos cuestionados son anteriores a la irrupción de Manini en la política partidaria.
¿Qué haremos los ciudadanos?
No es changa ser ciudadano. No alcanza con votar cada cinco años. El ejercicio de la ciudadanía es construcción cotidiana y es celo feroz por nuestra imperfecta democracia.
El sistema político nos da una oportunidad privilegiada de ver cuán lejos arrojan sombra las copas de los pactos.
Sería una ironía que un instituto nacido para garantizar el despliegue democrático termine amparando la impunidad en episodios confesos de tortura, asesinato y desaparición en tiempos del terrorismo de Estado.
Esta columna recoge algunas de las últimas inconsistencias de los legisladores de CA. Ellos tienen el derecho de decir cuanto gusten pero, al final del día, somos lo que hacemos.
Laura Fernández es abogada e integrante de Fuerza Renovadora, Frente Amplio. Lorena Infante es politóloga e integrante del Nuevo Espacio, Frente Amplio.