Es realmente alarmante y preocupante la situación en la que viven las y los adolescentes en el organismo desde marzo del presente año y desde la nueva Administración.
El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) es un servicio descentralizado nuevo, creado por la Ley 19.367 en 2015. Es el encargado de aplicar las medidas socioeducativas privativas y no privativas de libertad impuestas por el Poder Judicial a adolescentes en conflicto con la ley.
Recién en 2020 se independizó presupuestalmente del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), incorporando a sus gastos los que antes eran cubiertos por aquel. Este dato no fue tomado en cuenta por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al momento de elaborar el proyecto de presupuesto, y en lugar de aumentar los recursos, propone insistentemente su recorte.
A su vez, luego de aprobada la ley de urgente consideración (LUC), el organismo se ve enfrentado a nuevos institutos que se aplican a los adolescentes, como la libertad a prueba, el proceso abreviado y el aumento de las penas máximas de cinco a diez años y las mínimas de uno a dos años. Todo esto sin un acompañamiento presupuestal.
Peor aún, desde marzo se vienen recortando los gastos más importantes del INISA, como funcionamiento y alimentación, que impactan directamente en los derechos de la población atendida. Con el Decreto 90/20, que indicaba a los organismos reducir 15% de sus presupuestos, el INISA recortó gastos en el rubro alimentación, impactando en la calidad de los alimentos que se brindan diariamente a los y las adolescentes.
Por otra parte, el proyecto de Ley de Presupuesto no sólo perjudica el presupuesto que ya tiene comprometido el instituto, sino que recorta 25% el presupuesto para funcionamiento (35% en alimentación) y 80% para obras y mantenimiento. En el rubro remuneraciones, se proyecta un monto que sólo posibilita pagar los salarios de los funcionarios que hoy se encuentran prestando funciones. A su vez, el proyecto no permite la actualización de los créditos presupuestales de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor, por lo que en un organismo donde se compran productos y los precios de estos suben, la caída del presupuesto en términos reales será aún mayor.
Estos recortes han causado que a esta altura de 2020 el INISA tenga un déficit en los gastos de funcionamiento de 80 millones de pesos, y al no permitirse que se cubra con refuerzos desde el MEF, se peligra que en los últimos meses del año no se cuente con rubros para alimentación, vestimenta y productos de limpieza para los centros donde viven los adolescentes (que ya están menguados en cantidades y calidad). El INISA cuenta con 13 centros de privación de libertad y tiene cobertura en Montevideo, Canelones, San José y Salto, con equipos que implementan medidas no privativas de libertad.
Sin embargo, el presupuesto proyectado para seguridad, que implica la contratación de efectivos del Ministerio del Interior para el INISA, continúa triplicando el monto del gasto en alimentación, con lo cual se prioriza la seguridad antes que los derechos básicos y las medidas socioeducativas que deben brindarse a los y las adolescentes.
Desde marzo se vienen recortando los gastos más importantes del INISA, como funcionamiento y alimentación, que impactan directamente en los derechos de la población atendida.
Por si esto fuera poco, el proyecto de ley presupuestal no contempla el aumento de población proyectado por la LUC, que ya está sucediendo. Desde mi entrada al directorio, del 24 de julio a la fecha, han aumentado 8,5% los adolescentes que entran al sistema de privación de libertad, mientras que cada vez hay menos ingresos al sistema de medidas no privativas de libertad. Desde 2013 a 2019, la población de adolescentes en conflicto con la ley con medidas privativas de libertad se fue reduciendo; ahora se está observando el efecto inverso, va en aumento constante semana a semana.
En un artículo anterior alertábamos sobre el retroceso que significó la LUC respecto de los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, la violación al principio de especialidad de los derechos humanos de los adolescentes, la violación al principio de la no regresión en derechos humanos. La LUC ha retrocedido en materia de derechos humanos y estableció la privación de libertad como primer recurso ante el conflicto con la ley, cuando los artículos 37 y 40 de la Convención obligan a Uruguay a que este sea el último recurso.
Además, al aumentar las penas y establecer un Estado con políticas más duras, represoras y de encierro, sin apostar a las medidas no privativas y a los procesos socioeducativos, hace que exista mayor punitivismo, más represión y más penas, que sólo generan más adolescentes en privación de libertad y por más tiempo. Mientras tanto, se reduce considerablemente la aplicación de medidas socioeducativas no privativas de libertad, que es hacia donde deberíamos apuntar si quisiéramos avanzar en derechos humanos y dignidad para el desarrollo de las y los adolescentes uruguayos.
En el período pasado, se trabajó con la Fiscalía General, el Poder Judicial, las organizaciones sociales y UNICEF en un Modelo de Implementación de Medidas No Privativas que ha sido un éxito y que fue evaluado por la Universidad Católica en una reciente investigación.1 El Código de la Niñez y la Adolescencia establece que las medidas no privativas deben implementarse en un sistema mixto (Estado y organizaciones de la sociedad civil), pero el proyecto de presupuesto presentado baja en 50% la partida asignada al trabajo con las organizaciones sociales, respecto de lo ejecutado en 2019. Otro indicio más de que se apuesta a generar mayor privación de libertad y menos medidas socioeducativas no privativas.
Mientras tanto, el MEF envía un presupuesto recortando 25% los gastos de funcionamiento y 80% los destinados a mantenimiento y obras. Por eso nos preguntamos si realmente son conscientes de que este organismo atiende directamente a las y los adolescentes las 24 horas del día. Que este organismo tiene como esencial cometido trabajar para que los adolescentes tengan calidad de vida, que puedan desarrollarse dignamente, que puedan disfrutar de actividades educativas, recreativas, deportivas, de talleres fuera y dentro de los centros y, en especial, que se debe trabajar para la inserción social de estos jóvenes otorgándoles oportunidades educativas y de empleo para el egreso.
¿Cómo podremos cumplir con los cometidos del Estado, que es darles dignidad, si ya estamos bajando la calidad de nuestros servicios y prestaciones?
La Institución Nacional de Derechos Humanos ya ha observado en reiteradas ocasiones que el INISA no debe bajar su calidad de alimentación y que debe mejorar los edificios que hoy no son dignos para el desarrollo de los y las adolescentes. La mayoría de los edificios del INISA datan del siglo XIX, son muy antiguos, y otros construidos en 2013 ya no tienen condiciones dignas por falta de mantenimiento. En la Administración anterior se hizo un proyecto de centro por medio de la Corporación Nacional para el Desarrollo, pero el actual gobierno quitó esos créditos al INISA, y con lo asignado para el quinquenio, que es 80% menos que lo asignado en años anteriores, no se van a poder realizar ni siquiera obras mínimas de mantenimiento de edificios tan deterioradas por los años.
Por otra parte, el aumento de población que se viene dando actualmente será constante, y este presupuesto está siendo insuficiente ya en 2020. Ello se suma a que no estamos considerando el aumento de funcionarios/as que deberíamos tener para cubrir la atención de estos adolescentes, lo que tampoco está contemplado en este proyecto presupuestal.
Y por último, es un retroceso que se opte por la privación de libertad y no por fortalecer las medidas no privativas y la inserción social de los y las adolescentes, que es el cometido del organismo. Pero peor aún es que, si se tiene ese proyecto represor en miras, no se otorgue el presupuesto necesario para cubrir las políticas sociales que promueven el desarrollo y la vida de los y las adolescentes, cuando debería ser nuestra prioridad fortalecer el desarrollo de la población más vulnerable y pobre de nuestro país: los niños, niñas y adolescentes.
Andrea Venosa es abogada y directora del INISA por el Frente Amplio.