La presentación del proyecto de ley de presupuesto, lejos de despejar las incertidumbres sobre el rumbo de las políticas sociales sobre cuidados y educación, las profundiza. Desde la Red Pro Cuidados destacamos los principales asuntos que exigen mayor claridad y definición política.
En primer lugar, es necesario considerar que la primera infancia es la etapa comprendida desde el nacimiento hasta los seis años, tal como ha sido definido por el Consejo Coordinador de Educación en Primera Infancia. Si bien se reconoce la especificidad de los dos tramos que la componen (desde el nacimiento hasta los tres años y una segunda etapa hasta los seis años), ambos se enmarcan en una concepción unificada, según la Observación General 7, de 2005, por el Comité de Seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño (CDN).
Las políticas sociales y educativas deben considerar por igual el derecho de niñas, niños y referentes familiares a contar con cuidados de calidad en un marco de corresponsabilidad entre el Estado, las familias y la comunidad. Se entiende por cuidados de calidad el conjunto de acciones implementadas en procura del bienestar de niños y niñas, organizadas en un marco de respeto por la CDN, ratificada por Uruguay en 1990.
Las necesidades de cuidados en la niñez trascienden el tramo comprendido entre el nacimiento y los tres años. La Ley 19.353, de 2015, que creó el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), es de aplicación hasta los 12 años. En el quinquenio 2015-2019 se hizo énfasis en el tramo de cero a tres años, ya que, a pesar del impulso otorgado en las últimas décadas al Plan CAIF (Centros de Atención a la Infancia y la Familia) y otras modalidades de atención, la cobertura aún resultaba insuficiente.
Durante la anterior administración, el SNIC planificó la creación o la ampliación de una importante cantidad de centros de educación y cuidados, línea de acción que ya comenzó a concretarse. La planificación se realizó con base en una georreferenciación con el propósito de lograr una mayor cobertura en todo el territorio nacional. Para avanzar en la universalización del nivel tres años, se proyectó la ampliación de más de 90 escuelas primarias y jardines de infantes y la construcción de otros 50 jardines de infantes por obra nueva, la mayoría de ellos por modalidad de participación público-privada (PPP). En cuanto a la ampliación de cobertura para las edades menores a tres años por Plan CAIF y centros CAPI (Centros de Atención a la Primera Infancia), se proyectó la ampliación de 98 centros, y la construcción de 15 centros por modalidad PPP en terrenos compartidos con el CEIP y de 56 centros nuevos entre los años 2020 y 2021. Al día de hoy ya se han entregado algunos locales nuevos, y es de esperar que las obras ya presupuestadas se lleven a cabo.
Ante esta realidad, en el marco del tratamiento del proyecto de ley de presupuesto quinquenal 2020-2024, consideramos necesario alertar sobre los principales avances logrados en las últimas décadas que peligran con los recortes presupuestales anunciados:
Los recortes presupuestales hacen peligrar la extensión de servicios de cuidado diario y educación de niñas y niños desde el nacimiento hasta los dos años en el ámbito del plan CAIF y otras modalidades.
» La universalización de la educación y la atención de niños y niñas de tres años en el ámbito del CEIP está cuestionada. Existe incertidumbre acerca de la dotación de presupuesto suficiente para la creación de nuevos cargos docentes y no docentes destinados a los jardines de infantes que se entregarán en el correr de este año y el próximo.
» Los recortes presupuestales hacen peligrar la extensión de servicios de cuidado diario y educación de niñas y niños desde el nacimiento hasta los dos años en el ámbito del Plan CAIF y otras modalidades implementadas por el SNIC en estos últimos cinco años, como los centros de educación y cuidados en convenio con sindicatos y empresas, los espacios de cuidados para hijos e hijas de estudiantes de enseñanza media, las casas comunitarias de cuidados, las becas de inclusión socioeducativa en centros privados habilitados. Asimismo, también peligra la ampliación prevista de los CAPI, centros gestionados directamente por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y que atienden a poblaciones en situación de extrema vulnerabilidad entre el nacimiento y los tres años de edad.
» El Programa de Asistentes Personales resulta fundamental para acompañar a las familias, en particular a las madres de niños, niñas y adolescentes hasta los 15 años de edad con discapacidad. En esta situación se encuentran más de 2.000 niños, niñas y adolescentes, sobre un total de 6.370 personas actualmente beneficiarias del programa que están recibiendo el apoyo de un o una asistente personal por tener una discapacidad severa, o aspiran a recibirlo.
» El traspaso al INAU de 399 centros de educación infantil privados desde la órbita del Ministerio de Educación y Cultura por disposición de la ley de urgente consideración pone en dudas la capacidad de realizar una gestión y una supervisión adecuada para asegurar la calidad de estas instituciones. Desde la promulgación de la Ley 16.802, de 1996, denominada “de guarderías”, hasta el momento actual se logró establecer un conjunto de regulaciones que puso fin a las llamadas “guarderías garajes”. Ahora se corre el riesgo de retroceder con relación a esos avances. Este traspaso se produce en un contexto de recortes presupuestales y déficit de personal técnico del INAU en todo el territorio nacional. Debe tenerse en cuenta que 82% de la población atendida por el INAU lo es a través de los convenios con organizaciones de la sociedad civil. Los CAIF, los clubes de niños y los centros juveniles son supervisados y orientados en lo pedagógico y demás áreas de atención por el INAU. La incorporación de estos 399 centros de educación infantil privados, sin un presupuesto acorde a ello, complejiza aún más la situación existente.
» Durante la primera infancia los cuidados y la educación son parte de un mismo proceso. La falsa diferenciación entre educación formal obligatoria a partir de los cuatro años y educación no formal desde el nacimiento a los tres años declarada en la LUC fragmenta conceptualmente un trayecto que en la vida de niños y niñas es único y continuo.
» Preocupa también la flexibilización en los procesos de entrega de niños y niñas en adopción que se dispone en la LUC y que pueden facilitar decisiones discrecionales de los diferentes actores que intervienen en esos procesos. El fortalecimiento de los controles es fundamental para evitar errores que se han cometido en el pasado y asegurar el cumplimiento de la CDN.
La educación y los cuidados en primera infancia constituyen para nuestro país una política de Estado. A fines de 2019, Uruguay se encontraba posicionado como el país de mayor cobertura en la región: menores de un año: 15,5%; un año: 39%; dos años: 55,3%; tres años: 75,8%; cuatro años: 94,2%; y cinco años: 99,4%, según la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística. Es necesario aclarar que estas cifras incluyen a la población infantil atendida por Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el INAU y centros privados.
Resulta indispensable garantizar la continuidad de las políticas y de los programas mencionados en el desarrollo del texto y la ampliación de su cobertura, aumentar el presupuesto destinado al SNIC y el INAU, garantizar la creación de cargos destinados a la universalización de tres años en la ANEP, así como continuar y profundizar los avances constatados en el abordaje intersectorial e interinstitucional de las temáticas de primera infancia, infancia y adolescencia.
Alicia Milán, Margarita Percovich y Teresa Supervielle integran la Comisión Infancia de la Red Pro Cuidados.