Apuntes para un balance político de Uruguay en 2020

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Para poder hacer un balance de logros y temas pendientes podemos seguir dos criterios. Por un lado, comparar lo que se propuso hacer la coalición “multicolor” desde que asumiera el gobierno con lo que pudo o quiso hacer hasta ahora. Por otro lado, podemos analizar cómo fue reaccionando ante los emergentes que fueron surgiendo en estos primeros meses de gestión. La opinión pública parece, a juzgar por las encuestas, respaldar cómo actuó el gobierno frente al mayor desafío que se le presentó, la pandemia de la covid-19. En cambio, sobre el primer eje las aguas parecen más divididas. Este año parece venir con olas mucho más grandes que hacen pensar en que será difícil que el gobierno pueda seguir manteniéndose sobre la tabla sin caer al agua. Qué tan profundo caerá y cuán rápido podrá volver a salir a flote dependerá de muchos factores.

Cuando todo era posible

Se puede hacer una minuciosa comparación, punto por punto, del programa acordado en las elecciones de 2019 por los cinco partidos que a la postre resultaron vencedores en el balotaje con lo realizado en estos primeros meses de gobierno. Como es un programa para realizar en cinco años puede parecer apresurado hacer afirmaciones concluyentes. No obstante, resulta pertinente evaluar qué tan lejos están de conseguir esos propósitos.

En materia económica se propuso lograr un Estado menos interventor. Reducir el déficit fiscal por el lado del gasto, lo que llevaría a su vez a disminuir la carga impositiva. Esto, sumado a la promesa de no aumentar impuestos, sería suficiente para que las empresas privadas se vieran incentivadas a invertir sus capitales, reactivando así una alicaída economía. El aumento de la demanda de mano de obra produciría un aumento de salarios haciendo posible reducir los gastos sociales, en especial del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Los productores rurales se beneficiarían además por un aumento del dólar que reduciría significativamente el “atraso cambiario” del que se han quejado durante años. Este programa liberal podría resumirse en una frase: lograr empresarios más libres, pobres menos dependientes y clase media con más oportunidades.

El Presupuesto quinquenal estuvo lejos de la meta propuesta de reducir el déficit, pero no significó un aumento del gasto. Los empleados públicos en general tendrán una reducción del salario real a cuenta de una eventual recuperación futura. La excepción serán los salarios de los jerarcas, que, por el contrario, aumentarán, con el argumento de que sólo así se conseguirán buenos gerentes. Las inversiones estatales en obras públicas serán modestas. Se espera que provengan de capitales privados, tal vez en acuerdo con el Estado. No tendremos una Torre de Antel ni complejos como el Antel Arena en este quinquenio, aunque la disputa entre Presidencia y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial por quién se quedaba con el programa referido a los asentamientos hace pensar que algo de obras públicas veremos construir antes de las próximas elecciones. El dólar sufrió un aumento significativo al inicio, pero volvió a caer por debajo de las expectativas de los productores rurales.

Desde el punto de vista social se han recortado programas del Mides, se han reducido grupos y cargos docentes en la Administración Nacional de Educación Pública y se ha disminuido el presupuesto para la Universidad de la República. Se promete un reordenamiento del gasto que debería redundar en una mayor eficiencia, en el entendido de que con menos se puede hacer más.

En materia de seguridad, en cambio, se han incrementado los presupuestos de los ministerios de Interior y de Defensa Nacional para modernizar sus equipos. El caso más sonado fue la compra de dos aviones Hércules para la Fuerza Aérea (poco después de vender el avión “multipropósito” presidencial adquirido por el gobierno anterior). El ministro del Interior ha presentado supuestos éxitos en la lucha contra el delito sin preocuparse mucho por demostrar qué fue lo que hizo para lograrlo. Tal vez le parezca suficiente para confirmar el apoyo del sector de la opinión pública con el que ya contaba, pero parece insuficiente para convencer al resto de la sociedad de que es pertinente comparar cifras de este año tan particular con los anteriores.¹

Desde el punto de vista político se prometió un país más libre, algo que probablemente habrá extrañado a los extranjeros que suelen distinguir a Uruguay como uno de los más libres del mundo. La pandemia brindó la oportunidad de diferenciarse en este sentido de otros países, como los vecinos Argentina y Brasil. Aquí se apeló a la “libertad responsable” y, más allá de la vaguedad del término, es innegable que la estrategia fue funcional durante ocho meses, hasta que el propio gobierno reconoció que ya no era suficiente. Lo curioso es que las nuevas medidas no se alejan mucho de las anteriores, salvo en reducir la libertad de reunión en lugares públicos abiertos, precisamente en los ámbitos más seguros, si se mantiene la distancia recomendada y se usa correctamente el tapaboca.

Del dicho al hecho

Los buenos resultados obtenidos hasta noviembre, que destacaron a Uruguay en el mundo, parecen ser la razón del alto nivel de aprobación del gobierno registrado en las encuestas al menos hasta noviembre. Llama la atención que nadie haya salido públicamente a desconfiar de las encuestas, como ha pasado antes con frecuencia. En cambio, sí se ha relativizado el papel jugado por el gobierno cuando se atribuye el bajo nivel de contagios a la poca densidad demográfica o al alto porcentaje de personas que habiendo podido comprar automóvil en la última década no agravaron la aglomeración registrada en los ómnibus de la capital, o se atribuye el éxito en la contención a lo bien preparado que estaba el sistema de salud o al alto grado de concientización ciudadana de la población. Haber recurrido al asesoramiento de un grupo de científicos fue sin dudas un acierto del gobierno, aunque no resulte claro cuántas de sus recomendaciones han sido tenidas en cuenta.

Las consecuencias sociales de la crisis económica se están sintiendo en todos los sectores, sobre todo entre los más pobres. Han aumentado el desempleo y la inflación. Un dato que aún no ha sido revelado pero que rompe los ojos en Montevideo es el aumento de la cantidad de personas que viven en las calles (un fenómeno que se venía dando desde por lo menos un año atrás), la mayoría de los cuales son exreclusos sin esperanza de conseguir empleo. El sector turístico está expectante de ver si la demanda interna compensará la falta de turistas extranjeros debido al cierre de fronteras, pero las primeras señales son negativas. La arriesgada decisión, desde el punto de vista sanitario, de no cerrar los shoppings pudo haber evitado una caída aún mayor del comercio, pero parece difícil que se sostenga si la situación de la pandemia empeora. El gobierno ha comprometido subsidios a un solo sector, el de pasajeros de larga distancia. Además, ha prorrogado el beneficio del seguro de desempleo, aumentado la partida destinada el Mides a los más pobres, y ha exhortado a los empresarios y trabajadores a acordar postergar el uso de la licencia y del pago del salario vacacional. Si esto es suficiente lo demostrará el tiempo, pero no sería apresurado afirmar que el gobierno podría hacer más. Este año parece llegar con oportunidades que gobiernos proclives a tomar decisiones proactivas pueden aprovechar.² Sin embargo, los analistas económicos son bastante pesimistas en sus pronósticos.³

Ante un fenómeno nuevo era difícil no caer en recomendaciones erráticas, como por ejemplo sobre el uso del tapaboca, la restricción de concurrir a las escuelas por parte de los niños, y la limitación de estar en espacios abiertos como las plazas, las playas o la rambla. Es cierto que en todos los casos hubo rectificación de rumbo cuando se comprobó su inoperancia. La última fue la referida a la educación, tal vez demasiado tarde. Tardará mucho en revertirse las consecuencias negativas de que miles de niños perdieran todo un año lectivo, y que decenas de miles asistieran en forma esporádica. Es probable que algunas de esas consecuencias no se reviertan, especialmente en los sectores más vulnerables. En este caso los técnicos, los docentes, no fueron consultados. Todo quedó en manos de las nuevas autoridades, que asumieron sus cargos ya comenzada la pandemia. Es cierto que se lució el Plan Ceibal, pero también dejó en evidencia sus limitaciones en cuanto a la reposición de aparatos y al alcance de la conectividad. Quedaron en evidencia diferentes actitudes que existían desde antes de la pandemia entre los docentes. Estuvieron los que quisieron conectarse con sus estudiantes pero no pudieron, los que pudieron pero no quisieron, y los que sí quisieron y pudieron. Estos últimos, profesionales comprometidos con sus estudiantes, trabajaron más que nunca, con muy poco apoyo de las autoridades. Resulta imperioso que para marzo toda esta experiencia sea tomada como insumo para estar preparado lo mejor posible para 2021, para no repetir errores y para poder reproducir aciertos.

Desafíos por delante

Durante la campaña electoral, Luis Lacalle prometió “estar listo para hacerse cargo” del gobierno. Varios hechos, no relacionados con la pandemia, fueron demostrando lo contrario. Pocas veces un gobierno tuvo que dar marcha atrás en tantos nombramientos de jerarcas en tan poco tiempo. Las tensiones internas de la coalición de gobierno han llevado a declaraciones públicas cruzadas entre dirigentes, votaciones divididas en el Parlamento y renuncias a cargos. Es cierto que en los temas más importantes, como la ley de urgente consideración (LUC) y el Presupuesto, la coalición votó en bloque, pero no sin antes pasar por un sinuoso camino de negociaciones y cambios al proyecto original. A su vez, los problemas internos en el Partido Colorado y Cabildo Abierto, los principales socios del Partido Nacional, hacen peligrar la estabilidad de todo el gobierno. Lacalle resultó electo presidente en la segunda vuelta, en noviembre, gracias a la suma de casi toda la oposición al gobierno del Frente Amplio (FA), pero en la primera vuelta, en octubre, obtuvo menos votos que en 2014. Dependerá de cómo evolucionen la economía y la pandemia que esta luna de miel extendida que comúnmente gozan los gobiernos recién electos no termine en crisis política. Tal vez entonces la opinión pública le cobre que se haya tomado vacaciones durante el apogeo de la crisis y que haya negado una y otra vez aumentar las políticas sociales mientras invirtió en remodelar la casa presidencial para mudarse desde el barrio privado donde residía.

Que el FA, como principal partido de oposición, esté en condiciones de convencer a la opinión pública de que es el adecuado para retomar el gobierno dependerá también de varios factores. En primer lugar, de que logre consensuar a la interna cuáles fueron los errores que cometieron sus gobiernos (no sólo el último). En segundo lugar, que logre construir un programa reformador de izquierda que pueda contrastar con el programa conservador de la derecha y entusiasme a la militancia. En tercer lugar, que logre terminar el proceso de renovación de liderazgo sin que se generen tensiones que amenacen la unidad. Sería saludable además que sustituyera la actual fragmentación sectorial por corrientes capaces de representar las diferentes sensibilidades de la izquierda y del progresismo, una estrategia que caracterizó al FA desde su creación al unir a marxistas con cristianos, herreristas con batllistas, clase obrera con clase media. Una estrategia exitosa que la coalición “multicolor” logró imitar al reunir a liberales económicos con estatistas, partidarios de devolver poder a la iglesia con defensores del Estado laico, nacionalistas con cosmopolitas, conservadores con reformistas, ruralistas con industriales. Nuestro sistema electoral actual hace innecesario que surja un líder que logre reunir tras de sí todas estas corrientes. Basta que logre ser el líder de la minoría mayoritaria de la coalición y evitar perder votos por izquierda y por derecha.

Todas las elecciones posteriores a la reforma electoral de 1996 se definieron por poco margen. Para conquistar a ese pequeño porcentaje de votantes que ha oscilado entre un bloque y otro, y cautivar a los nuevos votantes, será importante ver cómo se dilucidan las batallas políticas que se avizoran este año, como la recolección firmas contra la LUC y las reformas legislativas que el gobierno no pudo aprobar el año pasado y que posiblemente intentará aprobar en 2021. Eso, si todo lo relacionado con la pandemia, como la llegada de las vacunas contra la covid-19, no se termina por adueñar de la agenda política nacional, tal como ha hecho con la mundial.

Federico Lanza es profesor de Historia y magíster en Ciencia Política.