Financiamos nuestra propia destrucción: sobre desigualdades de género, degradación ambiental y sistemas de pensión

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Desde una perspectiva ecofeminista, buscamos contribuir a la discusión pública sobre la reforma del sistema de seguridad social incorporando algunos aspectos que no han sido considerados todavía. El ecofeminismo reconoce que somos seres dependientes del ambiente y que necesitamos cuidados a lo largo de la vida, en particular en la vejez. Nuestro aporte en esta nota es esencialmente mostrar la conexión entre el modelo de desarrollo productivo, las desigualdades de género y los impactos ambientales en relación con el sistema de seguridad social. El diferencial de explotación de la mujer y de la naturaleza en este sistema es un eje para cuestionar la explotación de todas y todos en este modelo productivo cuyo objetivo no es sostener la vida.

El extractivismo se manifiesta en múltiples formas en el mundo contemporáneo. No sólo a través de la acumulación por despojo de bienes naturales, sino también por la mercantilización de nuevos territorios de la vida cotidiana. Desde una perspectiva sistémica y de la economía feminista (Gago y Mezzadra, 2015), podemos entender la lógica de su funcionamiento incorporando el concepto de extracción para describir operaciones que van de lo territorial a lo financiero. La explotación y la producción de valor se realizan a través de distintos tipos de operaciones extractivas que van más allá de la extracción de materias primas o commodities. En esta oportunidad, nos referimos específicamente a una extracción de la capacidad de fuerza de trabajo. La capacidad de trabajo en esta nueva forma de explotación extractivista no crea un producto que se intercambia y produce un plusvalor, sino que el capital usa como mercancía el salario de trabajadoras y trabajadores que se intercambia en el mercado financiero y obtiene ganancias por ese rol de intermediario. El extractivismo de la naturaleza en combinación con el extractivismo financiero se sostienen a través de complejos entramados de instrumentos financieros y formas de explotación. El proceso de mercantilización transforma nuevos territorios y subjetividades en espacios de acumulación.

Veamos el caso de la forestación en nuestro país para entender cómo funciona este entramado. La tierra no es sólo expoliada por su renta o las materias primas (en este caso, celulosa o madera) que se extraen de ella, sino que también se convierte en una mercancía a intercambiar con fines especulativos en los mercados financieros, lo que conocemos como fideicomisos forestales. La explotación de la fuerza de trabajo en este sistema opera en múltiples niveles, desde la explotación directa de quienes trabajan en los viveros (alrededor de 54% son mujeres)¹ a quienes talan los árboles, pasando por camioneros y trabajadores de las fábricas de celulosa. La mayor parte de los trabajos en esta cadena productiva tiene condiciones precarias, ya que están tercerizados y hay escasos niveles de sindicalización. Gran parte de la actividad de la silvicultura no aporta a la seguridad social (Bértola et al., 2018). Por otro lado, podemos ver que la explotación a través del extractivismo financiero se extiende a otros trabajadores a través de los sistemas de pensiones, ya que el sistema de Administradores de Fondo de Ahorro Previsional (AFAP) invierte en fideicomisos forestales. El sistema previsional uruguayo tiene un régimen mixto que obliga a afiliarse a una AFAP a quienes cuenten con ingresos nominales mayores a $62.804.² Es un régimen de ahorro individual que incluye a los afiliados al Banco de Previsión Social, quienes a partir de determinado ingreso tienen que ahorrar en cuentas administradas por empresas privadas o paraestatales (AFAP). La explotación no pasa por el salario, sino por los ahorros o las prestaciones para derechos jubilatorios. Se intensifica el modo de explotación de los trabajadores, porque no sólo se extrae plusvalía en su trabajo sino que también se extrae ganancia sobre sus ahorros jubilatorios. Las finanzas organizan las relaciones sociales capturando valor de lo que supuestamente no produce valor. Esto produce una nueva subjetividad de empresarios de sí mismos, porque los trabajadores invierten su capital (porcentaje de su salario) para su potencial jubilación. Estos dispositivos permiten rastrear y cobrarles por las transacciones financieras. Este sistema reconfigura los espacios en que se contribuye a la extracción de ganancia del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. Las finanzas extraen valor de formas de trabajo que no organizan (Gago, 2018). Se sacan ganancias del ahorro de los trabajadores a través de inversiones en bonos con altos intereses de retorno, pero sin garantías de que estas ganancias estén disponibles en el momento de jubilarse. Por otro lado, estas inversiones sirven para financiar emprendimientos que dan ganancias a las empresas forestales sin tener que invertir su propia riqueza.

Estos modos de explotación de las personas y de la naturaleza operan simultáneamente. En Uruguay, existen varios fideicomisos forestales que adquieren tierras y rentan para la explotación forestal. El Banco Central del Uruguay autorizó a República AFAP, Unión Capital AFAP y Sura AFAP a firmar compromisos de integración para invertir en la forestación. Este mercado financiero forma parte de intercambios financieros a nivel global. En 2019, el fondo de inversión de la Universidad de Harvard fue vendido a Agroempresa Forestal, que ya emitió tres fideicomisos financieros cuyos destinatarios son inversores como las AFAP. En 2020, pos covid-19, se creó un nuevo fideicomiso forestal, Bosques de la Serranías, por 79 millones de dólares, que cotiza en la bolsa de valores de Montevideo. República AFAP tiene seis proyectos forestales en cartera. Es decir que los trabajadores de ingresos medios y altos contribuyen con su trabajo a financiar los emprendimientos forestales que ya cuentan con beneficios fiscales para las empresas. Además, los impactos negativos a nivel ambiental son costos no registrados de estos emprendimientos que pagamos todos los ciudadanos y las ciudadanas mediante tasas ambientales o pérdida de calidad del agua, los suelos y el aire.

Observamos en este caso de extracción a través de sistemas de pensión un nuevo tipo de explotación, la extracción financiera (Gago y Mezzadra, 2015). Esta nueva forma de explotación requiere una cooperación social compleja y heterogénea. La explotación extractiva financiera funciona a través de una relación diferente entre capital y trabajadores. En este caso los capitalistas no organizan el espacio de trabajo, como ocurre en una empresa o una fábrica, sino que extraen valor de las actividades que los trabajadores realizan en una esfera independiente y sin que estos cooperen en esa explotación. Es decir, los trabajadores no tienen un espacio de lucha o liberación posible, ya que la extracción de valor se realiza de forma obligada y no pueden controlarla. Estas operaciones extractivas ocurren en un nuevo espacio de acción, el financiero, que no se asocia con el territorio rural o urbano, sino con un espacio de derechos. La explotación no ocurre en el lugar de trabajo, sino en la esfera de los derechos sociales, en este caso el derecho a la jubilación. Estos espacios se convierten en nuevos lugares de acumulación para el capital.

El debate en Uruguay

En este momento en Uruguay se está discutiendo una reforma del sistema previsional en la que se definirán nuevas reglas de juego y posibilidades de distribución de recursos. Lo que está en debate es o un modelo de seguridad social basado en la solidaridad a nivel intergeneracional garantizando prestaciones al colectivo o una forma de ahorro individual vinculando la capitalización con el mercado de inversiones sin garantizar prestaciones definidas. Se busca limitar la función reproductora de la fuerza de trabajo que lleva a cabo el Estado a través de un salario indirecto que es fruto de luchas sociales para mejorar la subsistencia de los trabajadores. Los valores y los principios que definen estas políticas se basan en lógicas contrapuestas. Unas priorizan los cuidados a través de un Estado benefactor y otras focalizan los cálculos económicos y los beneficios rentables para el capital.

El creciente rol de los fondos de inversión en este sistema también impacta en las políticas de desarrollo productivo que favorecen la exportación de materias primas o con poco valor agregado por sobre la industrialización o la soberanía alimentaria. Actualmente, la discusión sobre la reforma del sistema de seguridad social se centra en cómo cubrir las demandas de las pensiones actuales y futuras, pero no se considera si existirá un ambiente en que jubilarse o cómo estas pensiones garantizarán que no se reproduzcan las desigualdades existentes en el mercado laboral.

Este debate se da en muchos países, por lo que existen antecedentes que pueden servir de referencia para incorporar otros aspectos a la discusión sobre la reforma del sistema de pensiones a nivel nacional. Por ejemplo, el fondo de pensiones holandés ABP invierte en la expansión de la soja en el Cerrado en Brasil con impactos ecológicos bien conocidos por los incendios ocurridos en los últimos años. Estos emprendimientos destruyen la sabana tropical y afectan a comunidades locales e indígenas de la zona. También tiene inversiones que ayudan a desarrollar emprendimientos forestales de monocultivo de eucaliptus en Mozambique.

Los sistemas de pensiones contributivas tienen restricciones que impiden garantizar jubilaciones adecuadas para las mujeres. De acuerdo a Arza (2015), la igualdad de género es un desafío para los sistemas de pensiones en todo el mundo. Existen varios factores que afectan el derecho de las mujeres a recibir una pensión digna; muchos de ellos tienen que ver con la división sexual del trabajo por la cual el patriarcado destina tareas reproductoras de la fuerza de trabajo que no son remuneradas a las mujeres, convirtiéndolas en económicamente dependientes de los hombres. La mayoría de los sistemas de pensiones vincula las prestaciones con el trabajo remunerado, las contribuciones y el ingreso, por lo que las mujeres son negativamente afectadas por estos modelos. Factores como la esperanza de vida más larga, la dedicación mayor a los cuidados, la menor participación en el mercado laboral y más trabajos de tiempo parcial con ingresos bajos hacen que no reciban prestaciones sociales adecuadas. Estas circunstancias resultan en que exista más pobreza entre mujeres mayores que entre hombres. Las mujeres tienen en general menor acumulación y reciben pensiones menores que los hombres.

Además, los sistemas de pensiones contributivas intensifican un modelo que degrada el ambiente (Solheim, 2018). Las inversiones de fondos de pensiones contribuyen a la intensificación de la contaminación y la crisis climática. El caso de fondos europeos de pensión cobró notoriedad el año pasado debido a los incendios en Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia. En esos países el monocultivo de soja se ha expandido exponencialmente en los últimos años, lo que ha causado graves impactos ambientales y sociales (Transnational Institute, 2013). Entre ellos resaltamos el desplazamiento de pequeños productores familiares, dando paso a grandes operadores agroindustriales y a la intensificación del uso de pesticidas tóxicos que afectan la calidad del agua y los suelos, además de la salud humana. Asimismo, estos emprendimientos limitan la biodiversidad por la destrucción de hábitats.

La reorganización del sistema previsional está inmersa en una reorganización de los espacios y las relaciones sociales en un contexto en el que se está llegando a límites económicos, ambientales y sociales. La violencia del sistema se manifiesta en reconfiguraciones de la explotación más allá del empleo, de la extracción de materias primas o de la reproducción de sistemas de opresión interseccionales, como el patriarcado y el racismo, que justifican la distribución desigual de lo común.³ Estas formas de disputa sobre la riqueza social ponen en cuestión quién decide y cómo se decide sobre lo común. Esto nos obliga a pensar cómo defender derechos sociales en un contexto en que los dispositivos de explotación se extienden a diferentes esferas de la vida.

El (re)diseño de sistemas de pensiones influye en la igualdad de género y en el ambiente, por lo tanto, en nuestra calidad de vida. El impacto ecológico y social de los sistemas de pensión tiene que tenerse en cuenta al pensar en una reforma del sistema jubilatorio. Creemos importante integrar en este nuevo sistema objetivos social y ecológicamente justos, que permitan repensar la reproducción de la vida más allá de la lógica capitalista. Por estas razones, llamamos a un debate público que incorpore a la ciudadanía en el rediseño del sistema previsional que afectará no sólo a las generaciones futuras, sino también a nuestro territorio y a la calidad de vida de todas y todos.⁴

Mariana Achugar, Lilián Celiberti, Marta Chiappe, Lucía Delbene, Ana Filippini, Daniela Guerra y Cynthia Martínez son integrantes del Colectivo Ecofeminista Dafnias.

Referencias

Arza, C. (2015) The Gender Dimensions of Pension Systems: Policies and constraints for the Protection of older women. Discussion Paper. UN Women.

Bértola, L. coord. (2018) Políticas de desarrollo productivo en Uruguay. OIT Américas Informes Técnicos 11. Lima: OIT/Oficina Regional para América Latina y el Caribe.

Gago, V. y Mezzadra, S. (2015) Para una crítica de las operaciones extractivas del capital. Patrón de acumulación y luchas sociales en el tiempo de la financiarización. Nueva Sociedad 255. 38-52.

Gago, V. (2018) Seminario: Lo común en disputa. www.youtube.com/watch?v=VwQDtD6JvNI Facultad Libre.

Solheim, E. (2018) Time to retire unsustainable pensions. UN Environment Programme.

Transnational Institute (2013). The Global Land Grab. A Primer, Revised edition. Amsterdam: Transnational Institute.