Sería absurdo pensar que para el diseño e implementación de un operativo de seguridad dirigido a evitar posibles enfrentamientos entre las hinchadas de los equipos de fútbol que disputaran las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, las autoridades gubernamentales hubieran argumentado la necesidad de constatar previamente desbordes y/o enfrentamientos en las tribunas o en las zonas aledañas al estadio, o expresaran con voz seria: “No tenemos una alerta ni información de que vaya a ocurrir algo específico, pero por supuesto miramos estos eventos con atención”.
Igual de absurdo resulta entonces escuchar las afirmaciones de Pablo Abdala, presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), quien al ser consultado por las medidas que van a adoptar las autoridades nacionales para prevenir la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes ante la celebración en Montevideo de estas instancias deportivas, señaló que no existe ningún protocolo de actuación específico para prevenir la explotación sexual en el contexto de las dos grandes finales del fútbol, ya que no cuentan con “una alerta ni información [sic] de que vaya a ocurrir algo específico, pero por supuesto miramos estos eventos con atención”.
Según señalaron, en diversos medios de prensa, las autoridades departamentales, se espera la llegada de casi 100.000 visitantes tan sólo en la segunda quincena de noviembre. La capacidad hotelera y de alojamiento en Montevideo está colmada y la Conmebol envió un mensaje claro al sector gastronómico por intermedio de las autoridades nacionales sobre sus requerimientos: “abundancia de cerveza bien fría en los comercios”.
Unicef, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ha manifestado desde hace años recomendaciones específicas para la protección de la infancia en este tipo de eventos, afirmando que “el riesgo de tráfico y trata de niños, niñas y mujeres, así como la explotación sexual, aumenta durante los eventos deportivos”, y que los estados tienen la obligación de prevenir y mitigar los impactos negativos, reales y potenciales, que puedan afectar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.1
El compromiso para prevenir y erradicar la explotación sexual comercial requiere la adopción de medidas proactivas interinstitucionales y de distintos sectores, pero sobre todo implica reconocer que el fenómeno sucede frente a nuestros ojos: es un secreto a voces y la mayoría de las veces no se denuncia, repta entre nosotros, se mueve con total impunidad, arrebata vidas, cuerpos y los convierte en mercancías.
La falta de acciones adoptadas ante los próximos eventos deportivos muestra que la actitud de las autoridades gubernamentales y de la Conmebol dista de estar a la altura de la gravedad del problema.
Uruguay ha sido reconocido como un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, y se sabe que la explotación sexual comercial es un fenómeno que se expresa a lo largo y ancho del país, tal como lo informó el propio INAU por intermedio del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescencia, mediante la presentación de los registros de situaciones confirmadas y de presunciones de explotación sexual comercial recabadas en los territorios por los equipos itinerantes de El Paso y Gurises Unidos, y el servicio oficial Travesía durante 2020.2
La falta de acciones adoptadas ante los próximos eventos deportivos muestra que la actitud de las autoridades gubernamentales y de la Conmebol dista de estar a la altura de la gravedad del problema. Un ejemplo de los pasos dados en el mundo del fútbol en esta línea son las acciones adoptadas por la FIFA de cara a la Copa Mundial 2026, que, ante las reiteradas manifestaciones y recomendaciones por parte de organismos internacionales en materia de derechos humanos, incluyó en los requisitos de licitación lineamientos a partir de los cuales se requiere a los países licitantes que documenten los riesgos de vulneración de derechos humanos y propongan una estrategia para prevenirlos y mitigarlos.
¿Qué piensan hacer las autoridades ante la organización de redes de explotación, proxenetas y tratantes que ya se organizan para la “gran fiesta del fútbol”?
¿Qué medidas se adoptarán para garantizar la seguridad e integridad de niñas, niños, adolescentes y mujeres?
En Uruguay se considera que las personas mayores de edad que se encuentran en situación de prostitución son trabajadoras sexuales, ¿piensa la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, en coordinación con el INAU, controlar whiskerías a fin de garantizar que se cumplan las medidas mínimas que establece la normativa vigente y que no haya menores de edad siendo explotadas y explotados sexualmente?
¿Qué otro tipo de acciones preventivas se instrumentarán? ¿Con qué recursos se cuenta para ello?
¿Qué medidas adoptará la Conmebol al respecto? ¿Cuál es su posición sobre esta temática? ¿Qué podemos pensar al respecto si uno de los dos delegados uruguayos en las comisiones de esta confederación es abogado de uno de los imputados de la Operación Océano, el mayor caso de explotación sexual a niñas, niños y adolescentes en la historia uruguaya?
En su libro Esclavas del poder. Un viaje al corazón de la trata sexual de mujeres y niñas en el mundo, Lydia Cacho afirmaba: “Unos crean el mercado de la esclavitud humana, otros lo protegen, lo promueven, lo alimentan, y otros más renuevan la demanda de la materia prima”. Me pregunto si hay también un cuarto grupo: los que miran para otro lado.
Valeria España es abogada, magíster y doctoranda en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Lanús.