La Ley de Urgente Consideración (LUC) introdujo un capítulo denominado “mejoras al régimen de adopciones” con cuatro artículos, dos de los cuales serán sometidos a referéndum (403 y 404). Es recomendable ir a la fuente1, teniendo en cuenta que autoridades de gobierno difundieron publicidad engañosa.
Estos artículos impugnados modificaron el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA, ley 17.823). Uno de ellos habilita al juez, en casos excepcionales, a prescindir de la intervención especializada del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU). El otro artículo permite al juez apartarse de la selección resultante del proceso técnico de INAU en aquellas situaciones de hecho, legítimas; o dicho breve: permite al juez reconocer un acuerdo entre privados para hacer nacer una adopción. La licitud es un presupuesto siempre, o sea que esa condición de la LUC no limita ni evita nada.
La reflexión más evidente es la inconveniencia de legislar sobre el destino de la infancia –con la importancia y la complejidad que tiene– en un trámite de urgencia.
Las consecuencias en materia de adopción son irreversibles; así y todo, si no fuera porque se alcanzaron las firmas, ni siquiera habría habido espacio para la reflexión.
La segunda imprudencia es haber desconocido años de acumulación, de debates técnicos y políticos; haber marginado a una multiplicidad de actores, para introducir un ruido en el sistema, ya de por sí delicado en extremo.
¿Cuáles son los motivos declarados por los autores de la LUC? Las demoras del sistema.
Todos queremos mejorar los procesos y los resultados de la adopción. ¿Quién no querría acortar los tiempos? Apropiarse de ese deseo ofende la inteligencia de la gente.
Sin embargo, el fin no puede sacrificar el cómo. Es clave resguardar las garantías y la idoneidad técnica y ello requiere especialización.
“Hacer zoom” en el proceso de adopción exhibiría, lamentablemente, un cúmulo de complejidades. Sólo ellas explican por qué niños en condiciones de adoptabilidad no son finalmente adoptados.
El universo de los adoptantes es, seguramente, una de las reservas más nobles de la sociedad, la síntesis de la mayor obra de amor que podamos hacer por otro; eso no la exime de una casuística complejísima, a la cual jamás nos asomamos como sociedad.
Admitamos que desconocemos profundamente, que hay lugares donde preferimos no mirar, zonas que oscurecemos en el debate y en la reflexión. Ocurre con el sistema carcelario, con la miseria, con tanta cosa pública de la cual no nos apropiamos. Así, exactamente así, ocurre con la adopción. No caigamos por ello en “comprar” recetas mágicas que sólo nos alejan más.
La Convención Sobre los Derechos del Niño (1989) fue ratificada en Uruguay a través de la ley 16.137 (1990). El Código de la Niñez y Adolescencia (CNA) se aprobó en 2004. Ambas representan un cambio de paradigma acerca del lugar social de niñas, niños y adolescentes; los reconoce como sujetos de derecho y establece el principio de interés superior que debe velar por garantizar todos los derechos consagrados.
El CNA establece las garantías de NNA para ejercer su derecho a vivir en familia. En ese marco se establecen los procedimientos del instituto de la adopción. Esta normativa fue debatida y mejorada en 2009 y 2013. Esta acumulación dotó a Uruguay de una mirada renovada y de un sistema inspirado en las necesidades y las contingencias de cada niño o niña. Mirada que, como adultos, aún estamos lejos de naturalizar.
¿Esto significa que las normas no podían cambiarse? Claro que no. De hecho, la propia LUC interrumpió el debate que estaba ocurriendo en materia de adopciones. Pero, en ningún caso, la promesa de celeridad puede barrer con una acumulación garantista que ha implicado tiempo, experiencia y lecciones aprendidas.
Prescindir de esos especialistas, retirar Estado y habilitar el espacio a la discrecionalidad y los acuerdos entre privados, multiplica los riesgos, quita transparencia y violenta derechos.
Los problemas complejos tienen soluciones fáciles, pero son erradas. Esto es lo que ocurre con los dos artículos impugnados. ¡Claro que hay que avanzar! Hace falta continuar la mejora de procesos y la dotación de recursos de los quince años anteriores, años en que el INAU triplicó sus recursos, siendo el organismo con mayor incremento presupuestal. Ese es el único camino para construir un presente más esperanzador para nuestros niños y niñas. Más garantías, más seguimiento, más acompañamiento, más presencia que reduzca los riesgos (terribles e irreparables) de las fallas del sistema.
El consenso técnico establece que la adopción debe ser un instituto excepcional, tal como ocurre con otras respuestas del derecho a la realidad. Por eso mismo, cuando ocurre, debe cerrar un proceso de altísima especialización y máximas garantías. Prescindir de esos especialistas, retirar Estado y habilitar el espacio a la discrecionalidad y los acuerdos entre privados, multiplica los riesgos, quita transparencia y violenta derechos. La opacidad es regresiva. Uruguay conoció prácticas terribles, con daños irreparables en materia de identidad y vulneración de derechos de los adoptados. Todos conocemos algún ejemplo en la historia familiar o del entorno donde las cosas no se hicieron bien. Deberíamos, como sociedad, haber aprendido el alcance de la oscuridad que se había extendido y naturalizado al punto que, luego de aprobada la ley en 2009, se tuvo que crear en INAU un área de búsqueda de orígenes, a la cual han recurrido desde su creación cerca de 300 personas en búsqueda de su identidad.
Coincidimos plenamente en el relato del gobierno que exalta la centralidad de la infancia, pero debemos evitar que se consolide esta marcha atrás. Es necesario desandar el camino de los atajos que, además de peligrosos, rascan donde no pica. “Solucionan” lejos del problema.
Defendemos la plenitud de los derechos de los niños y de sus familias de origen, y la vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño y las directrices de Naciones Unidas sobre cuidados parentales. Consolidar nuevas garantías es todo lo contrario a abrir una ventana de oportunidad a la opacidad. Precisamos un Estado presente y garante.
Debemos hacer una apuesta integral por nuestros niños, niñas y adolescentes. Como en toda política pública, son imprescindibles los recursos. En este punto preocupa que hayan quedado más de 700 millones de pesos sin ejecutarse por parte del INAU, tal cual surge de la Rendición de cuentas 2020, elaborada por el gobierno. Debemos multiplicar la llegada, todo lo contrario de lo que, lamentablemente, ocurrió este año con el cierre de los programas de proximidad territorial.
Es necesario jerarquizar el presupuesto educativo de las edades más tempranas, bien lejos del recorte iniciado en el presupuesto quinquenal y consolidado este año.
Queremos un debate que incorpore miradas insustituibles y dé cuenta del marco internacional de referencia.
Revisemos todo lo que contribuya a mejorar la condición de nuestros niños y niñas, sin caer en la tentación de los atajos. Son innumerables los desafíos, los que arrastrábamos y los que sumó la pandemia. Pero no los superaremos recortando recursos, reduciendo el Estado, prescindiendo de los técnicos, dejando decisiones capitales sin extremar las garantías.
La tarea es enorme, por eso –y por cuanto implica– debería ser hija de los consensos y no de las disputas.
Laura Fernández es abogada e integrante de Fuerza Renovadora, Frente Amplio.