En Chile se violan los derechos humanos. Desde octubre de 2019, Chile se encuentra viviendo la peor crisis de los derechos humanos desde la dictadura cívico-militar liderada por Augusto Pinochet, que comenzó en el año 1973 y perduró hasta 1990. Desde el inicio de la revuelta social, el 18 de octubre, hasta la fecha se han registrado más de 4.000 hechos de violencia por parte de agentes del Estado, en su mayoría por parte de carabineros de Chile. Mutilaciones producto de impacto de perdigones y lacrimógenas, homicidios, violencia sexual, golpizas, detenciones arbitrarias a niños, mujeres y personas en situación de discapacidad constituyen parte de los abusos cometidos durante las manifestaciones por parte de la Policía, que han sido denunciados por organizaciones de la sociedad civil y otras organizaciones nacionales e internacionales.
Sin embargo, la vulneración de derechos humanos ha sido una constante en el Chile democrático, y es que las vulneraciones se han dirigido específicamente hacia grupos que se encuentran en desventaja o hacia sectores marginados del país como lo es el pueblo mapuche, niños y adolescentes custodiados por el Estado, mujeres, disidencias sexuales y de género, adultos mayores y sectores populares. Es ahí donde surge la interrogante: ¿cómo ha sido posible llegar a esta grave crisis de los derechos humanos en una democracia?
Durante la transición democrática, los gobiernos de distintas coaliciones sin duda no fueron capaces de asegurar garantías mínimas acordes a los derechos humanos, como por ejemplo lo son las garantías de no repetición, la reparación integral de las víctimas, y una transformación basal de instituciones que fueron claves en la dictadura cívico-militar como lo fue la Policía.
Hoy, esta crisis ha develado ciudadanías profundamente violentadas por el Estado, poniendo en jaque la confianza que se supone que debe existir con el Estado, con la fuerza pública e incluso con la política. Esta crisis a su vez acumula efectos sumamente traumáticos a nivel físico y psicológico de todas las personas que han sufrido en primera persona o han tenido que presenciar la violencia policial y el desamparo estatal.
Urge avanzar hacia un nuevo ciclo para con los derechos humanos en Chile, comenzar examinando la institucionalidad de la democracia que hoy impera en Chile, y que requiere medidas transformadoras, refundacionales, que logren posicionar la satisfacción plena de la dignidad humana en el centro de las políticas públicas.
Refundación de la Policía y que esta se sujete al control civil, educación en derechos humanos en todos los niveles educativos, garantías de no repetición, instaurar un sistema robusto de tutela de derechos, generar un registro estadístico de denuncias por hechos cometidos por agentes del Estado y, como pilar fundamental, la reparación integral de las víctimas del Estado policial deben ser parte de la agenda país para comenzar a subsanar esta gran deuda del Estado y los gobiernos con el pueblo de Chile.
Ignacia Gutiérrez Aguilar es estudiante de Derecho de la Universidad de Chile.