Del presidente Luis Lacalle Pou para abajo, gran parte del oficialismo reitera que durante los gobiernos del Frente Amplio (FA) hubo despilfarro en el gasto público. Esto, nos dicen, obliga a las actuales autoridades a corregir los presuntos derroches, y el déficit acumulado por la ineficiencia impide destinar más recursos a diversas áreas.
Parte de la insistencia en esa narrativa se debe a una estrategia electoral. La diferencia en el balotaje de 2019 no fue mucha, y la alianza que derrotó al FA sabe que le conviene desprestigiarlo con miras a los comicios de 2024. Está en la naturaleza de los partidos competir todo el tiempo por las preferencias de la ciudadanía.
Lo que debería preocuparnos es que se falte a la verdad con respecto a los datos económicos, a las intenciones electorales y a otras, más profundas, que surgen de la ideología y de los intereses que se defienden.
Es obvio que, si bien la situación fiscal uruguaya presentaba problemas al final del período del gobierno anterior, esos problemas no tenían la gravedad que les asigna el oficialismo, cuando alega que recibió un país en ruinas y le atribuye a la “herencia” frenteamplista, en algunos discursos, un peso mayor que el de la crisis vinculada con la pandemia.
A su vez, la existencia de problemas fiscales no significa que su causa principal o exclusiva haya sido lo que el oficialismo llama “despilfarro”. En todos los países, y con gobiernos de muy distintas orientaciones, quienes están a cargo de instituciones estatales pueden perder de vista la importancia de cuidar los recursos públicos, pero es difícil encontrar un caso en el que eso haya causado un descalabro general.
Debería preocuparnos que el oficialismo falte a la verdad con respecto a los datos económicos, a las intenciones electorales y a otras, más profundas, que surgen de la ideología y de los intereses que se defienden.
Cuando las cuentas públicas no cierran, hay que identificar qué gastos se consideran superfluos, excesivos o transitoriamente prescindibles. Esto no surge de una revisión técnica “neutra”, sino de valoraciones políticas e ideológicas.
El Sistema de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas tuvo en 2019 ingresos de unos 216 millones de dólares y egresos de unos 666 millones. El déficit resultante es, por sí solo, la mitad de los 900 millones de dólares que Lacalle Pou había prometido ahorrar cada año.
El ministro Pablo da Silveira intentó justificar recortes en el presupuesto de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación sosteniendo que “hubo una verdadera fiesta en 2019, financiando proyectos muy por encima de los promedios históricos”, y que ahora es necesario “ordenar la casa”. Da que pensar el uso de la palabra “fiesta” con una connotación negativa, sobre todo en una persona encargada de las áreas de educación y cultura, pero lo más alarmante es que un incremento en la promoción de tareas científicas sea visto como un error a corregir.
Nos dicen, desde la última campaña electoral, que disminuir el gasto estatal “innecesario” reducirá la necesidad de recaudar impuestos y liberará de una carga parasitaria al “país productivo”, cuyo lucro beneficiará a toda la sociedad. No es la primera vez que escuchamos esa fábula; sólo se intenta justificar lo de siempre con un relato distinto.