No hubiera querido escribir nunca esta nota. Lamentablemente, la realidad uruguaya, en el contexto actual, me empuja inevitablemente a decir que, a poco de que sigamos por la hoja de ruta trazada por este gobierno, la implementación de un Plan Nacional de Emergencia Social resultará inexorable. No voy a manejar datos o estadísticas que –por cierto– abundan. Voy a plantear conceptos o ideas.
1) La crisis sanitaria es gravísima, ningún ser racional la podría desmentir. Obviamente la pandemia no es responsabilidad de este gobierno, pero sí lo es su gestión. La sospecha (planteada desde el oficialismo) de que las sociedades científicas y más particularmente la corporación médica juegan a generar el miedo o el pánico entre la población es un dato y al respecto se pueden rastrear las acusaciones que ‒desde voceros del oficialismo‒ se han manifestado. Grave y absurda acusación.
2) El colectivo de científicos que asesora al gobierno es escasamente tenido en cuenta, sobre todo si comparamos las medidas recomendadas en febrero de 2021 (sanitarias y sociales) con las efectivamente aplicadas un mes más tarde. Llevando adelante un trabajo serio, riguroso y responsable, el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) ha reiterado con insistencia sus propuestas relacionadas al abordaje de la pandemia desde una perspectiva integral. No seguir en gran medida sus recomendaciones es otro error grave y absurdo.
El gobierno no ha contemplado más que una reducida paleta de alternativas o medidas, absoluta y totalmente insuficientes. No atender los legítimos reclamos de la sociedad civil organizada resulta otro error grave y absurdo.
3) Las organizaciones y movimientos sociales de mayor peso en nuestro país no han cejado en su esfuerzo de proponer opciones, sugerencias e ideas plausibles que atañen a la atención del drama cotidiano que padecen decenas de miles de compatriotas. La central sindical, las asociaciones de micro, pequeños y medianos empresarios; de jubilados y pensionistas, las organizaciones barriales y tantos otros colectivos no sólo han hecho sus demandas, sino que han formulado propuestas concretas y viables. El gobierno no ha contemplado más que una reducida paleta de alternativas o medidas, absoluta y totalmente insuficientes. No atender los legítimos reclamos de la sociedad civil organizada resulta otro error grave y absurdo.
4) La principal y mayor fuerza política del país ha expresado con nitidez su compromiso con la población, poniendo a disposición del gobierno, en diferentes momentos y con premura, un conjunto de propuestas vinculadas a cuestiones sanitarias, sociales y económicas. Cualquiera de nosotros podrá fácilmente encontrarlas, porque han sido ampliamente divulgadas. Medidas que, con vocación constructiva y desde una postura de oposición responsable y seria, han sido sistemáticamente ignoradas. Error grave y absurdo.
5) La crisis económica es un dato inocultable. Los impactos en la economía son devastadores y serán probablemente peores. La caída del PIB cercana a 6% dejará secuelas profundas y de largo plazo. Los impactos sociales son –en consecuencia– aún mayores. La pobreza y la indigencia crecieron, en un año, lo que llevó varios años disminuirlas. Destrucción del empleo, incremento de la precariedad laboral y desprotección de un porcentaje muy significativo de trabajadores alertan y advierten de la crisis generalizada. Crisis sanitaria, económica y social. Nuestro país está en crisis. Este gobierno no lo reconoce, otro –y el más importante– absurdo y grave error.
Lo que se vendrá más temprano o más tarde, ojalá lo primero, será el Panes II. De otro modo, seguiremos caminando hacia el precipicio. A propósito, me viene a la memoria la novela de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera. La pandemia blanca.
Christian Mirza es profesor universitario en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y fue director nacional de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social entre 2005 y 2010.