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Ciberseguridad en Naciones Unidas: Uruguay presente

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Las discusiones sobre ciberseguridad y ciberguerra ganan terreno en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para asegurar el comportamiento responsable de los estados en este nuevo dominio. Uruguay se acercó a estos ámbitos, aceptando la oportunidad de fortalecer redes y continuar defendiendo los derechos humanos en línea.

Hace un par de semanas, el Grupo de Expertos Gubernamentales sobre Ciberseguridad de la ONU llegó a un nuevo consenso sobre cuál es el comportamiento esperable de los estados ante un conflicto virtual. El Grupo busca generar confianza, acordar normas, fortalecer capacidades, identificar amenazas e interpretar la aplicación del derecho internacional en el ciberespacio.

La noticia del nuevo consenso puede pasar desapercibida dentro de los tantos grupos, reuniones y comités que integran el sistema de la ONU. Sin embargo, esta vez, el trabajo del grupo se produce con algunas particularidades que merecen atención: se conformó en medio del escenario de nuevas tensiones comerciales en el rubro tecnológico y, por primera vez, Uruguay estuvo representado en ese grupo de expertos gubernamentales.

Un capítulo de guerra fría tecnológica

En diciembre de 2018, la Asamblea General de la ONU aprobó dos resoluciones referidas a los temas de ciberseguridad y ciberguerra. En un mundo que amplía continuamente sus capacidades armamentísticas tecnológicas, la ciberdiplomacia ganaba terreno bajo la órbita del Instituto para el Desarme de la ONU.

De un lado, teníamos al Grupo de Expertos Gubernamentales o GGE, impulsado fuertemente por Estados Unidos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el bloque europeo, que buscaba repetir el modelo creado en 2002 para decidir cómo se aplica el derecho internacional en el ciberespacio. Una especie de Consejo de Seguridad al que se accede únicamente por invitación, con reuniones cerradas, sin transcripción y sin observadores externos.

El grupo renovaba su mandato pendiendo de un hilo, ya que la edición anterior, de 2017, no había alcanzado un consenso. En aquel momento, con Donald Trump estrenando sillón en la Casa Blanca y los informes acerca de la intervención rusa en las elecciones estadounidenses todavía candentes, los desacuerdos giraban en torno a la aplicación del derecho humanitario en internet y el derecho de legítima defensa en línea. Es decir, ¿cuándo podemos considerar que estamos en guerra virtual?, y ¿cómo puedo responder si considero que mis sistemas han sido atacados? Los estados occidentales insistieron en referirse explícitamente a la disponibilidad de medidas de autodefensa en respuesta a los ataques cibernéticos, mientras que Cuba, Rusia y China se oponían. Crear un nuevo grupo de expertos y que este no llegara a un consenso habría supuesto reconocer que el GGE había fracasado como mecanismo y probablemente no pudiera seguir siendo el camino para la ONU.

A esta situación se le sumaban nuevas propuestas del otro lado del mundo. El bloque integrado por Rusia, China e Irán impulsó al mismo tiempo la creación del Grupo de Trabajo de Composición Abierta o OEWG, que como su nombre indica, tomaba un camino de apertura a integrar nuevas voces en las resoluciones. En este nuevo grupo, las sesiones estarían abiertas a todos los países integrantes de la ONU, no sólo a los invitados, y además, se realizarían rondas de consulta con la sociedad civil, la academia y empresas. Un enfoque participativo, más cercano al que se puede encontrar en otros ámbitos de discusión sobre internet, como el Foro de Gobernanza de Internet o la Net Mundial.

Las discusiones sobre ciberseguridad y ciberguerra ganan terreno en la Organización de las Naciones Unidas para asegurar el comportamiento responsable de los estados en este nuevo dominio.

A pesar de los distintos perfiles y filosofías sobre cómo encarar el trabajo alrededor de la ciberseguridad y la soberanía en internet, los mandatos de ambos grupos resultaban muy cercanos. Deberían determinar, por ejemplo, qué acciones pueden considerarse una ofensiva virtual, qué control deben ejercer los gobiernos sobre grupos hacker en su territorio y cómo pueden reaccionar si detectan que otro país ha tomado acciones contra sus sistemas soberanos.

Un pequeño entre gigantes

En aquella asamblea de diciembre de 2018, Uruguay votó a favor de las dos resoluciones, y luego acompañó desde dentro el trabajo de ambos grupos. Por primera vez desde 2002 era invitado a participar dentro del selecto GGE y no podía dejar pasar la oportunidad. El país, que cuenta con políticas que buscan posicionarlo como referente en los temas de ciberseguridad en la región, se sentaba en la mesa grande, con actores de peso a nivel global y con un ambiente tensionado.

Los temas de ciberguerra y conflictos digitales han sido escasamente estudiados en nuestro país, de tradición pacifista y alejado de grandes conflictos armamentísticos. Los análisis públicos sobre el tema son escasos: alguna participación del diputado José Carlos Mahía durante 2014 y un par de comparecencias del Ministerio de Defensa Nacional y de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento en el Parlamento. Tampoco es común ver empresas u organizaciones de la sociedad civil uruguayas participar en estos ámbitos, por lo cual la oportunidad de integrar estos grupos desde el Estado significaba una buena ventana para profundizar los conocimientos y ampliar las redes de contactos en la temática.

Ante la creciente demanda global de regular los comportamientos en línea, resulta primordial seguir de cerca estas discusiones. Cualquier tratado o instrumento internacional al que se aspire en los próximos años va a tener como referencia ineludible el trabajo de estos dos ámbitos.

Durante los dos años de participación en los grupos de trabajo, las intervenciones de Uruguay apuntaron a destacar la importancia del respeto a los derechos humanos en los espacios en línea. Se señaló como fundamental preservar los principios de la Carta de Derechos Humanos y mejorar el desarrollo de capacidades de los países menos desarrollados que permitieran generar un ciberespacio más seguro.

Consensos inesperados

Durante 2019 y 2020, se llevaron de forma paralela las reuniones de ambos grupos. Más allá de que ambos surgieron de resoluciones aparentemente difíciles de reconciliar, la práctica demostró que la cooperación era posible y ambos grupos trabajaron de forma coordinada.

En junio de este año, se conocieron novedades por ambos lados. El GGE alcanzó un nuevo consenso en el que reafirma la aplicación del derecho internacional a las relaciones virtuales, pero identifica la necesidad de mayor trabajo en la generación de confianza y prácticas de cooperación. El consenso señala que el derecho internacional humanitario es aplicable, pero únicamente en situaciones de conflicto declarado. Por su parte, el OEWG también emitió su reporte, aunque con menos detalles, y logró extender su mandato hasta 2025.

La coordinación entre ambos grupos supuso un fuerte trabajo diplomático con bases técnicas, y se logró plasmar, en los respectivos documentos, puntos de acuerdo en medio de la tensión y la diversidad. Es que, en última instancia, ambos grupos buscan lo mismo: reafirmar el diálogo y la confianza mutua como mecanismo esencial para prevenir los conflictos armados en el nuevo dominio. Podría argumentarse que, en este sentido, la ONU mantiene su lugar primordial para discutir problemas que requieren esfuerzos y cooperación global.

La adopción del nuevo consenso en el GGE y la renovación del OEWG hacen prever que hay lugar para dos grupos con integración y miradas diferentes pero complementarias sobre los caminos a seguir. Sin embargo, persisten fuertes y relevantes interrogantes a futuro: ¿continuará siendo posible la coexistencia de ambos espacios con mandatos similares? ¿Mantendrá Uruguay su interés en continuar involucrado en estos foros? ¿Qué estrategia debería adoptar el país para seguir siendo partícipe en estas discusiones?

Alejandra Erramuspe es licenciada en Sociología y diplomada en Gobernanza de Internet. Matías Jackson es abogado y magíster en Propiedad Intelectual. Los autores participaron en las reuniones de ambos grupos durante 2019.

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