Cuando ganás el partido pero perdés la clasificación

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La noticia de los últimos días ligada a la no aprobación del fideicomiso canario (acción mandatada desde el poder central hacia ediles multicolores que inicialmente se disponían a apoyar la propuesta) de ningún modo debe ser minimizada. La “jugada política” dejó, al menos transitoriamente, al departamento de Canelones sin 80 millones de dólares. Pero esta “zancadilla” o “tiro por elevación” a la gestión frenteamplista de Canelones, o a la propia proyección del intendente Yamandú Orsi, en realidad puede terminar siendo un “gol en contra” para el oficialismo en el mediano o largo plazo.

Señalaré al menos cuatro grandes riesgos que asume la reciente maniobra del Ejecutivo con la injerencia en el pronunciamiento del deliberativo departamental canario. El primero indica un enorme retroceso para el marco descentralizador y la política de cercanía con acento en las necesidades de las comunidades en el territorio. Eso se llama recentralización y es un giro enorme de la política pública que resta poder de decisión a las comunidades. Decido yo desde el escritorio central, independientemente de lo que opinan incluso los referentes políticos elegidos democráticamente en un territorio, más aún, independientemente de si esos referentes políticos son de mi partido y dicen que hay que hacer otra cosa. Esta tendencia de la política pública a la recentralización no es novedosa para el continente. Autores de referencia en la temática como Daniel Cravacuore¹ vienen advirtiendo con mucha evidencia sobre este riesgo desde comienzos del siglo XXI. Se impone una suerte de paradigma recentralizador que incluso transversaliza indistintamente la matriz ideológica (neoliberal o populista), la forma de organización estatal (unitaria o federal) o las características demográficas y los sistemas municipales de los diversos países. Entre los factores que explican la recentralización aparecen: la reversión competencial, los “prestadores de servicios” que compiten con la institucionalidad municipal, la retención de regalías/recursos por parte del gobierno central y la reducción de las transferencias económicas a los municipios.

El segundo riesgo de este movimiento generado desde el gobierno nacional interviniendo en Canelones, más que representar un problema de marco político, presenta una dificultad de timing social y/o económico. Recortarle a Canelones, es decir, a todos los habitantes del departamento, la posibilidad de mejorar infraestructuras múltiples en lo que implica el “ABC municipal y departamental” se traduce en obstruir mejoras en caminos, calles, gestión ambiental, inclusión, cultura, recreación, infraestructuras, etcétera, además de afectar la proyección de 37 consolidaciones barriales. Asociado a todo eso iban proyectos de obra pública e inversión que implicaban reactivar economías locales y microrregionales, pero aportando sustantivamente a la generación de empleo en la actual coyuntura. Entonces, ojo a la miopía oficialista, porque cuando “las papas de la pandemia” estaban más calientes que nunca, el presidente de la República señalaba que de la crisis “se salía con obra pública...”. Sin embargo, parece que esa obra pública tan decisiva debe hacerse donde el gobierno nacional mandata y no allí donde se abren necesidades y oportunidades territoriales.

Cabe recordar que esta discrecionalidad política del gobierno nacional no es la primera y muy posiblemente no sea la última. Hace apenas unos meses se produjo el recorte del fondo metropolitano y el mensaje también parecía claro: castigar a las administraciones frenteamplistas de Montevideo y Canelones. Pero atención con todos esos movimientos, porque impactan ni más ni menos que en la imposibilidad de ampliar y mejorar servicios para la población de los dos departamentos más habitados del país.

Por si fuera poco, hay un posible tercer riesgo o error de puntería en la movida de sabotear el fideicomiso canario. Se vincula con romper un clima de apertura, colaboración y diálogo permanente que el intendente Orsi estaba dispuesto a mantener, incluso me atrevo a decir que mantiene. Quienes hemos tenido la posibilidad de conocer el proceso canario de gestión desde 2005 a esta parte sabemos que tanto en los mandatos encabezados por Marcos Carámbula (en los que Yamandú Orsi era secretario general) como los más recientes el talante abierto al diálogo con la oposición política siempre fue seña de identidad. La evidencia de los sucesivos períodos es bastante clara en ese sentido, y basta con recorrer algunos municipios que han sido conducidos por alcaldes blancos o colorados para percibir que la articulación con el gobierno departamental, además de diálogo ininterrumpido, registra inmensas experiencias de articulación y colaboración con un mismo foco: mejorar la calidad de vida de canarios y canarias, independientemente de la unidad política territorial a la que pertenecen. Ese clima y ese foco no parece ser el mismo que ahora el gobierno nacional les está proponiendo a las administraciones departamentales frenteamplistas. El gran problema es que de rehén queda la gente con sus problemas y sus necesidades cotidianas.

Finalmente, un cuarto eje de riesgo, que se vincula estrechamente con los anteriores, tiene que ver con otro retroceso bastante marcado que es el de impedir consolidar políticas de Estado en materia de descentralización y autonomía local. Volvemos al viejo vicio de ejercer el poder político desde una vieja concepción centralista y sectorialista. Y ahí no se recorta un fideicomiso, lo que se recorta es el espacio de construcción colectiva, porque no hay margen para la horizontalidad o la gobernanza. Y aclaro que eso es tan legítimo como problemático, porque sigue siendo una concepción que aleja al gobernante de los gobernados, restando capacidad de propuesta y control sobre las diversas acciones.

La Ley de Descentralización Política y Participación Ciudadana surgió en Uruguay hace algo más de una década como un instrumento con cuatro principios cardinales que hoy no parecen jerarquizarse debidamente. Una vez más, Uruguay parece ser víctima de políticas de gobierno de mirada corta, que atentan contra sus posibilidades de consolidar políticas de Estado.

Otra mala noticia para quienes intervinieron sobre el instrumento de fideicomiso en Canelones es que las autoridades departamentales ya han trasmitido que el compromiso con esas obras y proyectos se mantiene: hay plan B y plan C. Eso con el tiempo puede terminar robusteciendo justamente lo que se quiso sabotear. Por si fuera poco, el “cachetazo” a la administración frenteamplista, lejos de fomentar perfilismos a la interna de la izquierda, parece haber provocado una enorme agrupación de fuerzas con gestos de solidaridad y empatía contundentes, como los expresados entre Orsi y Carolina Cosse el viernes 23.

El riesgo del “acá mando yo”, el riesgo de no escuchar al territorio, tiene un antecedente complejo bastante reciente para el gobierno nacional. La aprobación de la LUC y el formato normativo ómnibus, que pretendió imponerse sobre la base de una mayoría parlamentaria, no imaginó el revés que en plena pandemia le aplicó la voluntad popular mediante los mecanismos de democracia directa que nuestra Constitución habilita.

La población de Canelones, los municipios de todos los palos políticos, e incluso las empresas del departamento han quedado atadas a un golpe firme desde un escritorio central del gobierno. ¿Qué es lo que primó? Parece difícil creer que esa decisión pueda ser concebida estratégicamente como positiva.

En síntesis, la intervenida votación de la Junta Departamental de Canelones ningunea proyectos e iniciativas de sus 30 gobiernos locales (nueve de los cuales no son conducidos por frenteamplistas). Esto implica, entre múltiples aristas y derivaciones, que el trabajo local y las propuestas que contenían el esfuerzo de “correligionarios partidarios” también fueron desconocidas. Pero lo más triste es que se atenta contra un instrumento concebido para desarrollar territorios y comunidades en el sentido más amplio e integral. Terminó el partido, pero cuidado: el campeonato es mucho más largo.

Martín Pardo es politólogo con especialización en desarrollo económico territorial, maestrando en desarrollo local y regional.