El 5 de agosto, las autoridades de la educación presentaron el Plan de Política Educativa Nacional correspondiente al período 2020-2025, en función de lo establecido en la ley de urgente consideración (artículo 145, literal E). Este documento es elaborado por el Ministerio de Educación y Cultura “en coordinación y consulta con las autoridades de los organismos estatales autónomos de enseñanza” (página 1), en el marco del fortalecimiento que se le otorga a este actor en el gobierno de la educación.
Si bien en palabras del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, se quiso “hacer un acto de presentación directa a la ciudadanía”, el Plan, elaborado sin la participación de los docentes, se presentó el mismo día en que los docentes de educación secundaria se encontraban participando en la Asamblea Técnico Docente. Mientras la conferencia se transmitía a través del canal de Youtube MEC Uruguay TV, algunos docentes expresaban en el chat su total disconformidad ante la presentación del Plan en el mismo momento en que funcionaba la ATD, a la vez que afirmaban que sin la participación de los docentes no hay reforma educativa posible.
El debilitamiento de la participación ha sido una de las características de la LUC, normativa que se aprobó en el marco de una restricción de los tiempos de análisis parlamentario con incidencia negativa en lo que respecta al debate democrático en un contexto de emergencia sanitaria. Asimismo, se expresa en el Plan de Desarrollo Educativo de la ANEP (2020-2024) así como en sucesivas circulares del Consejo Directivo Central (Nº 18, 47 y 49 de este año) que dando respuesta a lo establecido en dicha ley avanzan, sin la participación docente, en la mencionada “reforma curricular integral” que las autoridades prevén se comience a implementar en marzo de 2023. Cabe destacar que estos documentos, elaborados por la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas en el marco del lineamiento estratégico N°3 del Plan de Desarrollo Educativo, estuvieron entre los temas a tratar por la ATD el 5 de agosto. Si bien en los documentos se establece una hoja de ruta para efectivizar esta reforma curricular que involucra a diversos actores, bajo el supuesto de que ello se traducirá en una mejora de los aprendizajes, en estos textos se prescriben algunas de las características centrales de esta reforma: progresiones de aprendizaje, currículum con metas de aprendizaje para los estudiantes en formato de competencias, definición de alfabetizaciones fundamentales (lengua, matemáticas, lenguas extranjeras, finanzas, bienestar), flexibilidad curricular.
En el Plan de Política Educativa Nacional se presentan “los grandes principios y líneas de acción” (página 2) que orientarán las políticas educativas a desarrollar en el quinquenio: a) Control ciudadano y gestión responsable; b) Más coordinación para un mejor aprovechamiento de los recursos; c) Más oportunidades para todos; d) Aprendizajes de calidad, con énfasis en los más vulnerables; e) Docentes mejor formados para una mejor educación. Entre las líneas de acción y las metas asociadas a estos principios, y en consonancia con lo ya establecido en la LUC y en el Plan de Desarrollo Educativo, interesa detenernos en los siguientes aspectos.
En primer lugar, y en lo que refiere a las afectaciones en la participación docente, el documento alude a algunas de las principales modificaciones efectuadas en la LUC. Por un lado, a la supresión de los Consejos de Inicial y Primaria, Secundaria y Educación Técnico-Profesional de la ANEP, y su sustitución por Direcciones Generales unipersonales, con la consecuente eliminación de los representantes electos por los docentes. Por otro lado, a la modificación de las condiciones requeridas para integrar el Codicen “como forma de habilitar la incorporación de nuevos perfiles al gobierno de la educación”, dejando abierta la posibilidad de introducción de actores de ámbitos privados en la conducción de la educación pública. A su vez, y en la misma línea de privatización en la educación, se alude a la ampliación de la Comisión Coordinadora de la Educación a actores privados.
La reforma educativa promovida por las autoridades de la educación en el marco de las modificaciones efectuadas por la LUC avanza en un claro debilitamiento del docente como constructor de políticas educativas.
En segundo lugar, en distintos pasajes del documento es posible apreciar un énfasis en la gestión, que se ve reflejado en varios aspectos: a) en el lugar que se otorga a los sistemas de información estadística para la toma de decisiones; b) en la creación de la propuesta focalizada “Centros Educativos María Espínola”, concebida como piloto de un nuevo modelo de gestión de centros en la educación media básica en el marco del discurso del “fortalecimiento de la autonomía” entendida desde un lugar de responsabilización de los docentes y de los centros; c) en la aprobación por parte de la ANEP de un nuevo régimen de centros educativos en el marco de la propuesta de modificación de normas estatutarias o la creación de regímenes especiales con efectos en la concepción de los directores de centros como gerentes –quienes podrán exigir el compromiso por parte de los docentes con una metodología de trabajo o un proyecto de centro como requisito para el acceso o la permanencia en un lugar de trabajo específico–, así como en el debilitamiento de los docentes como profesionales de la educación –quienes podrán acceder a “compensaciones o complementos salariales y otros beneficios”, supeditado al cumplimiento de metas de política pública–.
En tercer lugar, y en consonancia con el Plan de Desarrollo Educativo, el documento otorga centralidad al desarrollo de políticas focalizadas “en favor de la equidad” (página 26). Desde esta lógica se plantea: a) fortalecer las capacidades docentes para dar respuestas a la inequidad educativa, para lo cual se propone desarrollar “actividades de capacitación, orientación y seguimiento para equipos docentes que atienden a alumnados con fuerte peso de los quintiles 1 y 2” (página 26), operando el supuesto de que es necesario “capacitar” diferencialmente a los docentes para atender a estos sujetos; b) implementar planes focalizados en ciertas áreas del saber –entre las que se incluye a las habilidades socioemocionales– para centros con vulnerabilidad educativa; c) desarrollar políticas de inclusión educativa con foco en los alumnos de los quintiles 1 y 2: propuestas de extensión del tiempo pedagógico, tutorías, Sistema de Protección de Trayectorias Educativas. El conjunto de estas estrategias se inscribe en una concepción de la justicia desde un modelo de igualdad de oportunidades, en el marco del cual se responsabiliza a los sujetos sin cuestionar las desigualdades estructurales.
Por último, y en el marco de la creación en la órbita del MEC de un Programa Nacional de Fortalecimiento de la Formación en Educación previsto en la LUC (artículo 171), que tendrá entre sus cometidos “promover y apoyar el desarrollo de programas universitarios de formación en educación” (artículo 171, literal A), el Plan alude al seminario preparatorio dirigido a quienes participarán en el diseño de los nuevos programas universitarios de formación en educación. Este seminario, denominado Nuevos Rumbos, actualmente en curso, se inscribe en una trama discursiva también presente en los documentos de política educativa mencionados, tendiente a concebir al docente como líder, inscripto en una lógica de estandarización, con énfasis en el desarrollo de competencias para la innovación.
La reforma educativa promovida por las autoridades de la educación en el marco de las modificaciones efectuadas por la LUC avanza en un claro debilitamiento del docente como constructor de políticas educativas, al tiempo que niega su carácter profesional desde un lugar crítico y transformativo. Es posible apreciar una desconfianza hacia el docente y su saber, y un desdibujamiento de la pedagogía frente a enfoques empresariales que se pretenden transponer al campo educativo.
Stefanía Conde es docente de educación media y de la Universidad de la República.