Es increíble lo que hemos mejorado.
Durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio teníamos los combustibles más caros del mundo. Sin embargo, en un año y medio del gobierno conducido por el neoherrerismo tenemos los combustibles más transparentes del universo. Más caros, sí, pero más transparentes.
Es que antes el precio se fijaba en forma poco transparente y la gente no sabía qué estaba pagando. Tal es así que Ancap informaba al gobierno cuánto le costaba producir cada litro de combustible (básicamente, el precio del crudo y el valor del dólar), cuánto se llevaban los sellos distribuidores, los fleteros, la parte del estacionero, y el gobierno le ponía los impuestos (un pequeño detalle en el precio), y así se conformaba el precio por el que los uruguayos protestábamos frente al surtidor. Muy opaco, poco transparente.
Ahora por suerte todo es más sencillo y más transparente, gracias a la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea). Ahora todo el país sabe cómo se define el precio a partir de un ejercicio teórico que encierra una metodología de cálculo que cualquier ciudadano medio puede entender y de allí surge el precio paridad de importación, popularmente conocido como PPI, que es el máximo que usted deberá pagar en cualquier estación de servicio.
Y decimos máximo porque se espera que haya competencia entre los sellos distribuidores y estacioneros, como pasa con la carne, el aceite, la Coca y la Pepsi.
En la Ursea trabajan decenas de profesionales para estimar cómo debería funcionar el mercado de los combustibles. Cómo se debería comprar el crudo, cómo se deberían arrendar los fletes, a cuánto se deberían pagar los alijes del refinado en caso de importar, cuánto debería costar la mezcla de biocombustibles, etcétera. A la Ursea lo único que no entra es una realidad llamada mercado.
Cada vez que Ancap debió importar productos ya refinados, los pagó más caro que los refinados en La Teja, pero la realidad no se lleva bien con el PPI, que se elabora con base en utopías.
La seguridad de abastecimiento es un dato nada menor, que un operador privado no necesariamente tendrá entre sus prioridades. Porque es lo que hay detrás de toda esta charamusca: entregar el jugoso negocio de los combustibles a un privado.
Desde hace 89 años Ancap y los sucesivos gobiernos (de todos los colores) saben comprar crudo, traerlo, refinarlo, distribuirlo y venderlo en las más de 400 estaciones que hay en el país. Nunca en los 89 años faltó un litro de combustible para que el país funcionara. La seguridad de abastecimiento es un dato nada menor, que un operador privado no necesariamente tendrá entre sus prioridades. Porque es lo que hay detrás de toda esta charamusca: entregar el jugoso negocio de los combustibles a un privado.
Si es a través de la implementación de los artículos de la ley de urgente consideración (LUC) referidos al mercado de los combustibles, bien, pero como la LUC hoy no está tan segura, ya que unas 800.000 firmas la hacen tambalear, un par de legisladores (un herrerista y un colorado) ya han anunciado un nuevo proyecto de ley para desmonopolizarlo. Creo que es mucho más transparente, aunque no menos suicida, que esta metodología inventada para liquidar a Ancap.
Pero volviendo a lo del título, ¿no sería más transparente reconocer que Uruguay nunca va a tener combustible barato mientras 50% de su precio sean impuestos?
Y es eso lo que hay que discutir, y dejar de seguir desprestigiando una empresa que los uruguayos van a seguir defendiendo. No hay nada más transparente que la realidad, y la realidad indica que a Ancap el litro de combustibles le sale 30 pesos, y la gente lo paga a 71.
Y ese es un dato bien transparente.
Javier Cousillas es integrante del Movimiento Alternativa Socialista, Frente Amplio.