Rebelión en la granja: El referéndum contra la LUC

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No es la primera vez que sindicatos, junto con grupos y personas de izquierda, colectivos feministas, redes de distinta naturaleza, gremios de la educación y organizaciones diversas deciden iniciar y promover medidas no sólo independientes, sino que en ocasiones –¿cada vez más?– cuestionan la postura de la dirigencia del Frente Amplio (FA) y del PIT-CNT.

Algunas movidas fueron memorables. La iniciativa de 1992 contra la privatización parcial de las empresas públicas fue una de ellas. Al igual que con la ley de urgente consideración (LUC), hubo dos iniciativas: una que promovía la derogación total y otra, la derogación parcial. Primó la segunda, como señal de moderación y de negociación. La primera fue promovida por el sindicato de Pluna y contó con el apoyo de grupos del FA, especialmente el Movimiento de Liberación Nacional, el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), el Movimiento 26 de Marzo y otros grupos. La mayoría del FA apoyó la iniciativa promovida por el sindicato de trabajadores de Antel; en ella fue central el rol de Susana Dalmás.¹

El FA y la dirigencia del PIT-CNT apoyaron desde el inicio la campaña por la derogación parcial y se fueron sumando diversos sectores: Reafirmación Batllista, Cruzada 94, el Frente Colorado Popular, el Foro Batllista del Partido Colorado, el Nuevo Espacio y parte del Movimiento Nacional de Rocha, del Partido Nacional. Ello permitió generar una coordinación contra la ley mucho más amplia y plural. Dicho referéndum finalmente fue apoyado por 66,58% de la ciudadanía el 13 de diciembre de 1992.

El plebiscito del agua, en 2004, fue aún más extraordinario porque la movilización tuvo una gran base social, además de político-partidaria. Y tuvo otro desafío: la implementación de la votación requería que la ciudadanía recordara incluir la papeleta de adhesión –no había voto por el “no”– junto a las electorales. Esta exigencia llevó a que algunas consultoras vaticinaran que el plebiscito sería un fracaso, y fue todo lo contrario. En ese ejercicio de democracia directa, la iniciativa fue del sindicato de OSE (FFOSE) junto a diversas organizaciones de la sociedad, agrupadas en la Comisión Nacional de Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV), y condujo a reformar la Constitución, es decir, a poner en manos del Estado en forma exclusiva la distribución del agua potable y el saneamiento en Uruguay.²

Otro referéndum promovido por las bases sindicales fue el protagonizado por Fancap, el sindicato de trabajadores de Ancap. Bajo la consigna “Para evitar la venta de Ancap” se frenaron las modificaciones propuestas en la Ley de Desmonopolización presentada en enero de 2002 por el gobierno de Jorge Batlle, con el apoyo del Partido Nacional y luego de hacer consultas a algunos líderes del FA –algo inédito–, concretamente a Alberto Couriel, Danilo Astori, Enrique Rubio. Este referéndum generó varios conflictos a la interna del FA. Finalmente se entregaron unas 650.093 firmas y fue apoyado por 62,3% de la ciudadanía.

Pero hubo, además, varios intentos infructuosos, tanto por vía de plebiscitos –reformas constitucionales– que no fueron aprobados por la ciudadanía, como intentos de referéndums que no llegaron a concretarse en consultas populares por no alcanzarse las firmas requeridas. Es decir, la democracia directa es un recurso presente en las organizaciones de la sociedad civil y en el sistema político, como mecanismo tanto para frenar ciertas leyes como para promover demandas. En 1989 se utilizó por primera vez el referéndum para intentar derogar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Ese mismo año se hizo un plebiscito promovido por la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Banco de Previsión Social que logró una reforma constitucional que llevó a instalar el reajuste de jubilaciones y pasividades según el Índice Medio de Salarios.

Con el gobierno del FA, las iniciativas de las organizaciones sindicales disminuyeron y las que se promovieron no contaron con el apoyo del FA, ni del PIT-CNT en su conjunto. Ese fue el caso del referéndum promovido por la Comisión Nacional en CNDAV para derogar la Ley de Riego, aprobada en 2017. En esa oportunidad, la FFOSE, junto con organizaciones ambientalistas, se opuso a esa ley, alertando de que atentaba contra lo votado en el plebiscito del agua y habilitaba a privados a vender agua para riego, entre otras consideraciones. El FA como tal no apoyó la iniciativa, aunque algunos sectores, como Casa Grande y el PVP, se manifestaron a favor del referéndum.³ Algo similar sucedió con la discusión sobre las pasteras de UPM, que no pasó por el Parlamento pero fue objeto de debates en la izquierda y fuera de ella. En ambos casos, el gobierno del FA no promovió consultas populares.⁴

Anteriormente, se intentó eliminar las AFAP –Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional– en 2016 y prohibir la minería a cielo abierto en 2014. Más adelante, en 2017 se inició una recolección de firmas contra la “bancarización obligatoria”. Esta iniciativa fue promovida por empresarios y comerciantes agrupados en la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este (Crece). Luego se fueron sumando otras organizaciones como Cambadu (Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay), la Comisión de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, Un Solo Uruguay (empresarios y trabajadores relacionados al sector agropecuario) y otras organizaciones opositoras al gobierno del FA. Esta demanda fue recogida por el gobierno de Luis Alberto Lacalle y la coalición multicolor e incorporada a la LUC.

Sindicalistas, feministas y un moderado en el camino

La Intersocial –que reúne al PIT-CNT, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la Intersocial Feminista y otras organizaciones– fue uno de los colectivos que más tempranamente proclamaron públicamente iniciar el camino de interposición del referéndum contra la LUC a través del mecanismo “largo”: la recolección de 25% de firmas de los ciudadanos habilitados para votar. También fue la que más activamente protestó contra dicha ley cuando se estaba votando en el Parlamento.

Nuevamente Fancap y la FEUU –y en particular Gerardo Rodríguez– tuvieron un rol central, junto a Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT. Ya en junio de 2020, ambos advirtieron del riesgo que implicaba la posible aprobación de la LUC por sus efectos privatizadores sobre Ancap y otras empresas estatales como Antel.

Las feministas entraron en escena a través de la Intersocial Feminista. En particular, Soledad González y Valeria Caggiano fueron quienes defendieron el referéndum y cuestionaron la inclusión de ciertos artículos referidos a seguridad –al igual que hizo cada sector social– y negociaron con el FA, partido que en un principio se opuso tenazmente a la propuesta de activar la democracia directa.

Finalmente, el FA terminó accediendo ante las demandas sociales. En ese camino de negociaciones, un moderado –Rafael Michelini– tomó la posta, pues consideró que el referéndum era una buena forma de encauzar pacíficamente la protesta y de reactivar el FA.⁵ En la negociación, se dejó de lado la posibilidad de ir por un referéndum total. De cualquier manera, se mantuvieron las dos iniciativas que, lejos de confundir a la ciudadanía, como señalaron algunos analistas, mostraron un camino “moderado” y uno más “radical”, tan clásico en la ciudadanía uruguaya, que eligió el mesurado.

Militancia y barriadas

La gran mayoría de los analistas políticos y casi todos los políticos –especialmente del FA– vaticinaron la derrota de la iniciativa. El contexto de pandemia, la alta popularidad del presidente Luis Lacalle Pou, la escasa información pública sobre la LUC y sobre la recolección de firmas, y un Frente Amplio adormecido no parecían el mejor escenario para recoger 700.000 firmas. Sin embargo, una vez que se llegó a un acuerdo y la campaña se inició, la movilización del sindicalismo, de las organizaciones sociales y del FA le dieron visibilidad a la campaña. A juzgar por los datos, el FA habría aportado 57% de las firmas, y el sindicalismo y las organizaciones, el resto; lo que habla de la centralidad de la militancia frenteamplista, pero también de una necesidad mutua. En este caso, la iniciativa surgió a pesar de los líderes del FA.⁶ Es decir, las organizaciones sindicales y sociales le impusieron al FA una agenda, pero sin este actor político, no se hubiera alcanzado la meta.

El rol que cumplieron los líderes sindicales, en especial Fernando Pereira, fue clave, al transmitir un mensaje claro y al mismo tiempo moderado y no confrontativo. También lo hicieron los líderes del FA, especialmente en los últimos días, apelando a la consulta como un mecanismo democrático de resolución de diferencias, contribuyendo así a alcanzar las últimas firmas.

Pero este referéndum tuvo características inéditas. Las firmas debieron juntarse en el peor momento de la pandemia en Uruguay, en un contexto de prohibición de aglomeraciones, actos públicos, espectáculos, partidos de fútbol, recitales, debates públicos presenciales, es decir, todos los eventos sociales en los que se suelen juntar firmas. Las coordinadoras por la derogación total y parcial solicitaron una prórroga para obtener un plazo mayor, que les fue denegado. Además, los principales medios de comunicación tendieron a ignorar la campaña de recolección de firmas, aunque en los barrios y en las principales avenidas se notaba un número cada vez mayor de activistas, que con el tiempo se hicieron más visibles; tanto, que finalmente terminaron siendo noticia.

El 8 de julio la noticia inocultable fue la llegada de casi 800.000 firmas para convocar a derogar parcialmente la LUC. Una cifra inesperada incluso para los propios activistas. Un hito que sacó de su zona de confort al gobierno y representa un enorme desafío para la oposición: ¿estará a la altura?

¿Cómo encarar la campaña?

Al igual que en los demás referéndums, para apoyar la derogación de los 135 artículos habrá que votar por “Sí” y para su continuidad por “No”. Los colores dispuestos por ley son el verde y amarillo, como en el referéndum sobre la ley de caducidad; o el celeste y rosa, como en el referéndum de Ancap. Pero asociarse con un color será lo más fácil; enmarcar un discurso y una campaña con tantos artículos y tan diversos temas será el verdadero desafío, pues nunca en Uruguay hubo un referéndum de esta naturaleza.

Algunos aprendizajes de las experiencias previas podrían resumirse en estos puntos:

1. La confrontación en términos izquierda/derecha. Las consultas populares que no lograron trascender ese clivaje encuentran rápidamente el límite de sus votos. Eso sucedió con el referéndum y el plebiscito sobre la ley de caducidad, pero también en los intentos de derogar el aborto y la ley trans. Querer instalar la “grieta” en Uruguay no sólo podría causar un gran daño a la democracia, sino a quien lo fomente.

2. La confrontación pasado/futuro fue el eje que instaló el entonces presidente Luis Alberto Lacalle en defensa de la Ley de Empresas Públicas en 1992: “Frente a esta ley, como frente a todas las iniciativas profundas, transformadoras, modernas y progresistas, que se han puesto a la consideración del Parlamento, hemos notado que el país toma partido, en dos sentidos opuesto: por un lado quienes creen que el país no necesita cambiar; por el otro quienes creemos que es urgente un cambio y su transformación. De un lado, quienes quieren conservar las estructuras del Estado y del país tal como son; de otro, quienes creemos que es preciso cambiarlas y renovarlas. Porque esa es la opción: el mundo de ayer o el mundo del mañana” (La República, 4 de junio de 1992). Este tampoco parece ser un buen cimiento para el debate: la ciudadanía quiere cambios, pero eso no significa que rechace todo aquello con lo que se siente identificada, como es la presencia del Estado y de ciertas empresas estatales.

3. El plebiscito sobre el agua –en 2004– y el referéndum sobre Ancap –en 2003– demostraron que la ciudadanía puede involucrarse en temas que no son cotidianos ni cercanos y que, sin embargo, la interpelan, y se compromete. Algo completamente diferente sucede cuando se interpreta que una iniciativa responde a un interés corporativo, como seguramente sucedió con el plebiscito que proponía la autonomía de recursos para el Poder Judicial, iniciativa de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay y del Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) en 1999. O si se entiende que una iniciativa es puramente electoral, como fue el plebiscito para permitir votar en el exterior en 2009. Estos dos últimos no contaron con la adhesión ciudadana, como sí pasó con los primeros.

4. Seguridad y datos falsos. El plebiscito del “no a la baja” demostró que es posible desmontar mitos. En Uruguay se había instalado la idea de que los culpables del aumento de los delitos eran los menores infractores. La comisión No a la Baja arrancó con unas encuestas que registraban un amplio apoyo al plebiscito; sin embargo, logró cambiar la opinión pública a través la movilización de la juventud y de las campañas de información de diversos actores, mostrando datos que permitieron dejar de estigmatizar a la juventud, al menos en ese aspecto.

5. Derechos humanos. Si bien hubo un referéndum que avaló la ley de caducidad en 1989 y luego un plebiscito que por muy escasos votos no llegó a lograr la adhesión para anularla en 2009, también hubo dos intentos de plebiscitos que se relacionaban directamente con derechos humanos y que tampoco lograron la adhesión necesaria: el que proponía la baja de la edad de imputabilidad en 2014 y el que en 2019 proponía el levantamiento de la prohibición de los allanamientos nocturnos si existe orden judicial, el cumplimiento completo de las penas en los delitos graves, la prisión perpetua revisable en los casos de delitos gravísimos y la creación de una Guardia Nacional integrada por militares. A ello debe agregarse que el concepto de derechos humanos se fue ampliando y revalorizando desde la democratización de 1984. No sólo ya nadie propone, ni defiende abiertamente, la vía armada, sino que la enorme mayoría del país está en contra de cualquier tipo de violación a los derechos humanos. La violencia de género se instaló –gracias a las movilizaciones feministas– como un tema que nadie ignora ni justifica, al menos públicamente. Las generaciones más jóvenes tienen un compromiso mayor con los derechos humanos, tienen menos miedo y defienden no sólo el derecho a la protesta, a la libre expresión y a decidir sobre sus cuerpos, sino también el derecho a un ambiente saludable y a una vida más plena. No en vano cada 20 de Mayo colman las calles de silencio.

El ejercicio de la democracia directa es una oportunidad para que la sociedad se informe, debata y decida sobre temas que habitualmente quedan en manos de unas pocas personas. Las sociedades no son las mismas luego de un referéndum, especialmente si lo que está en juego es de envergadura. Este es el caso. La discusión debería ser franca, sin mentiras y sin agresiones. Lamentablemente, no se han reglamentado espacios para que cada posición pueda presentar sus argumentos. Es de esperar que los medios de comunicación contribuyan a que la instancia sea lo más democrática posible, dándoles voz equitativamente a ambas posturas, promoviendo la deliberación y el debate informado.

Alicia Lissidini es profesora titular de la Escuela de Política y Gobierno, Universidad Nacional de San Martín. Es integrante del Grupo de Investigación del Referéndum contra la Ley de Urgente Consideración.