Algunos sectores de la coalición de gobierno han dicho que nada tienen que ver con el acuerdo con Katoen Natie (KN), que ellos no negociaron y que, por si fuera poco, tienen objeciones. Sin embargo, los hechos dicen otra cosa, y por eso es bueno recordar el proceso de este cuestionado engendro.
El 25 de febrero de 2021, el Estado uruguayo, representado por el ministro Luis Alberto Heber, y las empresas del grupo KN (Seaport Terminals, Katoen Natie, Seaport Terminales Montevideo SA, Nelsury SA), representado por Vincent Vandecauter, celebran un “Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y las compañías KNG” con numerosos anexos. Por este acuerdo se conceden todos los beneficios imaginables al grupo privado hasta 2081 y la Administración Nacional de Puertos (ANP) queda obligada al dragado del canal de acceso hasta los 14 metros, y a configurar una sola terminal de contenedores, prohibiendo el otorgamiento de nuevas concesiones.
El mismo día, 25 de febrero de 2021 (Resolución CM 401/2021), se reúne el Consejo de Ministros y aprueba el acuerdo ya referido.
El 21 de abril de 2021, el Consejo de Ministros adopta la Resolución CM/433/2021, por la cual, y en cumplimiento del acuerdo ya mencionado, se prorroga la concesión –con notorias modificaciones– por 50 años más. Hasta 2081.
Por último, con la misma fecha 21 de abril 2021, el Consejo de Ministros dicta el Decreto 114/021, por el cual la concesión de todos los servicios portuarios “continuará siendo efectuada por la sociedad Terminal Cuenca del Plata SA, integrada por la Administración Nacional de Puertos y capitales privados [...]”.
Este decreto se contradice abiertamente con las normas antes citadas, y en lugar de asegurar el monopolio de las empresas “KNG”, dice expresamente “capitales privados”, abriendo así la brecha para que otros intereses privados sustituyan a la empresa belga, sin licitación o subasta alguna.
Se trata de una estipulación sin precedentes en la historia institucional de Uruguay, que entra sin lugar a dudas en el récord Guinness: el Estado contrata con una abstracción, los capitales privados, que pueden ser nacionales, extranjeros, de cualquier país u origen, basta con que sean privados.
Todos los ministros del gobierno y todos los miembros de la alianza gobernante son responsables políticamente, y eso habrá que tenerlo en cuenta. Especialmente si esto llega a un juzgado, como se ha anunciado.
No hubo menciones ni explicaciones a este dislate en la interpelación al ministro de Transporte, lo que mucho preocupa.
Tampoco se explicó por qué se modificó la concesión original, y las disputas entre los socios de Terminal Cuenca del Plata SA (TCP), esto es, la ANP y los belgas u otros capitales privados, no se dirimen en la Justicia nacional como se había acordado, sino que van a un arbitraje privado en la Bolsa de Comercio, no habiendo ninguna norma internacional que obligue a ello (ver “Régimen de gestión”, ítem 4.47, que se remite al Anexo F – PAD y arbitraje Bolsa de Comercio de Uruguay).
Nadie sabe los fundamentos de la renuncia que hace el Estado de la propia jurisdicción nacional, que entiende en forma general sobre los conflictos entre los miembros de una sociedad comercial nacional.
Estas tres resoluciones del Poder Ejecutivo (la del 25 de febrero y las dos del 21 de abril de 2021) citadas precedentemente, que conforman la nueva normativa de la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, se adoptaron en sesiones del Consejo de Ministros, con la presencia y la firma de todos los ministros de Estado (el presidente de la República actuando en Consejo de Ministros).
En otras palabras, los ministros del Partido Nacional, de Cabildo Abierto, del Partido Colorado y del Partido Independiente tomaron conocimiento del acuerdo el 21 de febrero de 2021 y nada objetaron; por el contrario, avalaron con sus firmas lo resuelto en las tres oportunidades.
Entonces, es bueno recordar, y muy importante determinar la responsabilidad legal de quienes otorgaron el acuerdo, violatorio de la Constitución y de las leyes nacionales, según se explicitó en artículo anterior de este medio.
Todos los ministros del gobierno y todos los miembros de la alianza gobernante son responsables políticamente, y eso habrá que tenerlo en cuenta. Especialmente si esto llega a un juzgado, como se ha anunciado.
Julio Vidal Amodeo es doctor en Derecho y Ciencias Sociales.