Los medios locales cuentan que, con los votos del Partido Nacional, la Junta Departamental de San José aprobó el informe de los blancos que descartó la instalación de una investigadora sobre vehículos y maquinaria en la administración pasada a cargo de José Luis Falero, empresario del transporte de cargas y hoy ministro de Transporte y Obras Públicas después de un breve pasaje por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
El informe en mayoría de los blancos Marcelo Pianzzola y Danilo Vassallo acepta que por parte del Frente Amplio “se formulan preguntas”, pero argumenta que “ninguna de las mismas constituye denuncia de tipo alguno y, por tanto, genera inexistencia de objeto de análisis en lo que respecta a la conformación de una eventual comisión investigadora”.
Por otra parte, Ana Piñeyrúa (Frente Amplio) se basa en que, según la Dirección de Hacienda, entre 2018 y 2021 hubo un gasto de ocho millones de dólares, relacionado con repuestos y mantenimiento de maquinarias y vehículos. Piñeyrúa sostiene que “no se visualizan los resultados” de ese gasto “excesivo”. Falero, intendente entre 2010 y 2020, “habla de diez millones en diez años” cuando la información oficial muestra que 80% se gastó en el último tramo y dejó un parque deteriorado al punto de requerir un importante recambio.
La necesidad de aclarar el asunto parece evidente.
Sin embargo, para Vasallo y Pianzzola “no surgen elementos para ser analizados y que den motivos para conformar comisión investigadora ni denuncia específica sobre la cual trabajar”. El oficialismo avaló esa tesis; el propio exintendente, luego de proclamar que “hay que aclarar todo”, sugiere que, si hay elementos, “vayan a la Justicia y hagan la denuncia”.
Hay que decir que la oposición (Frente Amplio y Partido Colorado) no está señalando delito alguno –en principio–, sino un problema de mala gestión. Un tema político. Es una muy mala práctica esa de vociferar que si no hay delitos no hay problema. Judicializar la política abona el descrédito de las democracias y de esa práctica hace uso y abuso la derecha. Cada vez que se le señala al gobierno nacional algún problema en su gestión, recurre al pasado reciente. El episodio de la destitución de Germán Cardoso como ministro de Turismo es un buen ejemplo. Recurrir a la Justicia es el último recurso. O debería serlo.
No es razonable lo que sostienen Vasallo y Pianzzola: “La ausencia de denuncia genera inexistencia de objeto de análisis en lo que respecta a la conformación de una eventual comisión investigadora”. En particular, porque la denuncia está: ¿cómo es que se gastó tanto con tan malos resultados?
Es cierto que las rendiciones de cuentas fueron aprobadas por la Junta Departamental de San José y auditadas por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR). La Junta cuenta con una mayoría dispuesta a aprobar lo que sea que ordene la intendenta Ana Bentaberri, que ya dejó claro que para ella “no es el momento de poner cosas oscuras sobre la mesa”; el TCR sólo se expide sobre la “legalidad” de un acto administrativo, no opina de la conveniencia de una decisión política.
La intendenta de San José fue llamada a sala por la bancada del FA para aclarar dudas antes de votar el fideicomiso, pero no concurrió. La “desconfianza” de la oposición no es exagerada.
La investigación se reclama porque si entre 2018 y 2021 se gastó ocho millones de dólares “no se visualizan los resultados, ya que si se ha invertido esa suma en repuestos y mantenimiento, no se estaría justificando la renovación de 50% de la flota, aun considerando que siempre es necesario un recambio de la misma cada cierto período”. Tampoco le queda claro a la edila frenteamplista por qué “frente al continuo mantenimiento de la flota haya sido necesario el alquiler de 22 vehículos [...] Entendemos que los gastos que implicó la contratación de estos servicios hubiesen posibilitado invertirlos en la renovación de parte de la flota”. Vale recordar que Piñeyrúa no votó el fideicomiso, se retiró de sala, porque el Plenario del FA había resuelto el apoyo con el argumento de que se investigaría todo lo actuado en el período pasado.
Para Piñeyrúa, hubo “una inadecuada planificación en gestión” que dejó la flota “en una situación tan crítica que es imposible cumplir con sus funciones y por lo cual surge la necesidad de renovación en base a un nuevo endeudamiento a partir de un fideicomiso”.
La necesidad de aclarar qué pasó con todo detalle se apoya también en que José Luis Falero “un importante empresario del transporte de carga que con seguridad debe saber mucho de maquinarias”.
En abril, la bancada del Frente Amplio hizo un par de pedidos de informes que no fueron respondidos, “respecto a la cantidad de vehículos, a la cantidad de contratos de arrendamiento de vehículos, a la maquinaria que actualmente posee el gobierno departamental, que se reclamaron en más de una oportunidad y no se respondieron antes de que se votara el fideicomiso”. Además, la intendenta fue llamada a sala por la bancada del FA para aclarar dudas antes de votar el fideicomiso, pero no concurrió. La “desconfianza” de la oposición no es exagerada.
“La negativa a brindar explicaciones básicas y mínimas [...] nos hace pensar en opacidad, clientelismo y nos reafirman en la convicción de investigar, de que las cuentas queden claras, porque de verdad se trata del dinero de todos y todas los/as josefinos/as”, concluye el informe de la minoría.
Pero no hay tutía.
David Rabinovich es periodista de San José.