La aprobación del proyecto sobre eutanasia y suicidio asistido en la Cámara de Representantes, poco después del amanecer del jueves, fue muy importante por el contenido de la iniciativa, pero también confirmó por lo menos tres datos reconfortantes.
El primero es que continúan los avances en la llamada agenda de derechos, pese a la hostilidad al respecto en gran parte de la coalición de gobierno. Esto subraya que una serie de leyes aprobadas en períodos anteriores no se impusieron “desde arriba”, sino que fueron el resultado de una interacción potenciadora entre crecientes cambios culturales, militancia organizada en la sociedad civil y receptividad o iniciativas propias desde parte del sistema partidario.
Hubo y hay también, por supuesto, impulsos conservadores o reaccionarios en la sociedad y en los partidos, y quizá una parte de los cambios recientes se concretó en forma demasiado apresurada, simplemente porque era posible, sin todos los esfuerzos necesarios para avanzar hacia la construcción de consensos. De todos modos, es una fantasía sin sustento leer el resultado electoral de 2019 como la expresión de una voluntad social contraria a todos esos cambios.
Por numerosos motivos, que incluyen el creciente predominio demográfico de las personas mayores y las fracturas sociales, la población uruguaya dista de ser un conjunto ideológicamente homogéneo, pero es tan erróneo como injusto creer que hay en ella una gran “mayoría silenciosa” enemiga de cualquier avance progresista.
El segundo dato que reconforta tiene que ver con el anterior. Como los cambios de mentalidad surgen en gran medida de procesos sociales, su expresión parlamentaria no le pertenece a una sola fuerza política. Dentro de los tres partidos con más arraigo histórico y mayor votación en las últimas elecciones nacionales hubo diversidad de posturas, aunque las proporciones internas hayan sido muy distintas.
Esto es alentador porque ya comenzó un período en el que las mayorías para legislar estarán cada vez menos determinadas de antemano, y sería muy grave que los procesos de divergencia en el actual oficialismo no estuvieran acompañados por disposición a buscar y lograr realineamientos fructíferos. Nunca es bueno el bloqueo prolongado de la labor parlamentaria, y lo sería menos aún en la actual situación del país.
Por último, el debate se desarrolló en un momento político sacudido y crispado por acontecimientos de alto impacto. Entre ellos, la caída del salario real, la inflación acelerada, el conflicto en la educación, los cambios de la política contra el tabaquismo, la investigación de Fiscalía sobre Germán Cardoso, la controversia sobre las ollas populares o los escándalos vinculados con Sebastián Marset y Alejandro Astesiano. Sin embargo, en el Parlamento fue posible plantear argumentos serios y meditados sobre una cuestión en la que no cabía el consabido cruce de acusaciones entre oficialistas y opositores, y que sin duda requiere legislación de calidad.
Esto realmente importa y da esperanzas. Hay también, como sabíamos, quienes no dan la talla, pero el futuro no pasa por ahí.