El 30 de julio de 1978 los lectores de El País encontraron en la edición del domingo un suplemento titulado “El aparato marxista en acción”. Denunciaba una “jornada de ‘cultura’ roja contra Uruguay” que el exilio había organizado en Venecia con el apoyo de la comuna, partidos políticos y sindicatos italianos. Participaron, entre otros, Juan Carlos Onetti, Eduardo Galeano, Juan Gelman, Antonio Larreta y Juan Rulfo. El suplemento incluía una especie de prontuario de los participantes, reproducía el folleto de los organizadores y desmentía su contenido, que consideraba infamante. La separata no llevaba firma responsable.
El diario afirmaba que, por “haberse solidarizado con la obra de desarrollo nacional y el proceso de construcción de una nueva democracia oriental”, había sido tildado de “órgano oficialista”, y justificaba la publicación en el “deber” de desbaratar “los planes de desprestigio internacional de la Patria”. El País fue el único medio que publicó el suplemento de Venecia y lo anunció como una “primicia publicitaria” propia. La fachada funcionó tan bien que, según consta en las actas del Consejo de Estado, cuando el 1° de agosto trataron el asunto, los consejeros se refirieron a la publicación como “información proporcionada por El País”.
Días después, la Dirección Nacional de Relaciones Públicas (Dinarp) envió 50 ejemplares al Consejo de Estado. La nota que los acompañaba, firmada por su director, el coronel Alberto Larroque, decía: el material “ha sido planificado en esta Dirección” para mantener informada a la población sobre los “elementos sediciosos radicados en el exterior” y explotar “las vulnerabilidades que presentan los panfletos sediciosos” (Circular 52 de la Presidencia del Consejo de Estado, 3/8/78). El País presentó como información periodística una pieza de acción psicopolítica concebida por el organismo de propaganda de la dictadura. El episodio narrado no depende de interpretaciones: integra el conocimiento que la investigación histórica ha acumulado en los últimos años.
Durante mucho tiempo el examen de la dictadura uruguaya se concentró en aspectos institucionales, políticos o económicos. Después el campo se amplió. La educación, las actitudes sociales, los medios de comunicación y la propaganda se integraron al objeto de estudio, y los archivos –del Servicio de Información de Defensa, de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, de la cancillería, del Consejo de Estado y las colecciones de prensa– han permitido conocer cómo funcionó el control de la información y quiénes participaron en él. Queda mucho por investigar. Pero hay hechos probados, con respaldo documental, que ya no pueden discutirse como si fueran opiniones.
La censura existió y fue de un rigor excepcional. En su trabajo Política, información y sociedad. Represión en el Uruguay contra la libertad de información, expresión y crítica, el periodista Marcos Gabay afirma que entre 1967 y 1987 hubo más de 200 clausuras temporales de diarios y revistas y 30 cierres definitivos. Los decretos sancionaban, pero también editorializaban, insultaban y atribuían a los medios clausurados propósitos al servicio de intereses extranjeros. Después del golpe de Estado, la censura se volvió rutina administrativa. Un medio podía ser castigado por lo que publicaba, por cómo titulaba, por lo que omitía y hasta por adelantar una noticia verdadera que no había sido anunciada oficialmente.
Buena parte del control no dejó rastro. “Si un investigador busca documentos sobre instrucciones del gobierno sobre qué se podía dar y qué no se podía dar no va a encontrar nada. La Dinarp llamaba y daba instrucciones”, recuerda el entonces periodista de La Mañana y El Diario Tomás Linn en el mediometraje Mentiras armadas. La incertidumbre sobre el límite hizo el resto. En su Historia de la prensa en el Uruguay, el también periodista de La Mañana Daniel Álvarez Ferretjans sostiene que la autocensura fue más eficaz que los propios censores. La información quedó reducida al comunicado, al parte numerado, a la versión única de las Fuerzas Conjuntas o la Dinarp.
Sin embargo, por implacable que haya sido, la censura no alcanza para explicar el papel de los grandes medios. La imagen de la prensa amordazada no refleja la posición de las empresas que el senador Zelmar Michelini llamó “la prensa grande”, integradas por El País, El Día, Acción, La Mañana, El Diario, las radios y canales privados, varios de ellos en manos de los mismos dueños. El 15 de enero de 1972, cuando las restricciones ya regían en todas sus formas, en un artículo titulado “Libertad para el abuso de la libertad de prensa”, El País consideró que la legislación vigente era “benigna y caduca” para enfrentar al “pasquinismo organizado” de medios de “evidente procedencia foránea”.
Militares y civiles compartían un anticomunismo que la “prensa grande” cultivaba desde mucho antes de 1973: fue el idioma en el que pudieron entenderse. La lucha contra la “subversión marxista” se convirtió en el eje en torno al cual se organizaron el Estado y la sociedad, y los grandes medios hicieron de esa convicción un sentido común.
El silencio fue una parte. La otra fue la palabra. Las ideas de la seguridad nacional –la guerra como un estado permanente, el enemigo interno, la debilidad de la democracia liberal frente al marxismo– no fueron patrimonio exclusivo de las Fuerzas Armadas. Llegaron a la sociedad por los editoriales, las columnas de análisis internacional, la reproducción de mapas del mundo en los que el avance soviético aparecía como una mancha roja creciente. Militares y civiles compartían un anticomunismo que la “prensa grande” cultivaba desde mucho antes de 1973: fue el idioma en el que pudieron entenderse. La lucha contra la “subversión marxista” se convirtió en el eje en torno al cual se organizaron el Estado y la sociedad, y los grandes medios hicieron de esa convicción un sentido común.
Lo hicieron con los recursos del periodismo: firmas de medios extranjeros, diagnósticos sobre la política exterior soviética, que se ofrecían como prueba. “Con todo este panorama a la vista no es posible equivocarse”, concluía la página editorial de El País el 13 de junio de1980: “La URSS está embarcada en un plan sistemático de dominio mundial”. La afirmación no informaba sobre una amenaza. Fabricaba la certeza de que existía y la ponía a disposición del lector para que la hiciera suya. La ideología tomaba la forma de un análisis objetivo de la política internacional.
La misma lógica alcanzó a la cultura. El 21 de julio de 1972, El País denunció “la traición de los intelectuales”, enumeró a historiadores, docentes, artistas plásticos, arquitectos, músicos y escritores, y los llamó “almas inferiores” que se habían vuelto “indignas de participar en la construcción del nuevo Uruguay”. Cuando la dictadura destituyó a docentes y funcionarios, prohibió libros y empujó al exilio a artistas y escritores, la prensa ya había incluido a esos intelectuales en la categoría de enemigos de la nación. El 4 de abril de 1980, volvió a referirse a “la traición de los intelectuales”: “Queremos creer que se han arrepentido del grave daño que nos han causado y que ahora se encuentran básicamente del lado occidental”.
La convicción era propia. Cuando la Dinarp lanzó la campaña “El Uruguay somos todos”, el 3 de enero de 1976, en “Quiénes somos en el Uruguay”, El País objetó el eslogan por demasiado amplio: estimó como una “absurda y peligrosa benevolencia” que la pertenencia a la nación fuera “cuestión de una simple partida de nacimiento”. Formar parte del “todos” exigía un “probado patriotismo”. El diario no hablaba desde la oposición, sino como un aliado que le recordaba al gobierno que la integración tenía límites.
La prensa oficialista también actuó. En junio de 1976, Wilson Ferreira Aldunate habló en el cierre de la campaña de Amnistía Internacional contra la tortura en Uruguay, en el Church Center de Nueva York. En Washington se discutía la suspensión de la ayuda militar al país. El redactor responsable de El Diario, Julián Safi, y el periodista de El País, Álvaro Casal, asistieron a la conferencia, interrumpieron a Ferreira Aldunate y lo acusaron de mentir y de odiar al país. Cuando denunció la tortura sistemática, le gritaron “miente, miente”; cuando recordó que él mismo había sobrevivido al plan que costó la vida a Michelini y a Héctor Gutiérrez Ruiz, le exigieron “pruebas”. La intervención de los periodistas tuvo amplia cobertura en ambos medios. En un informe confidencial fechado en Nueva York el 17 de junio de 1976, el embajador ante la Organización de Naciones Unidas, Carlos Giambruno, informa cómo se preparó la operación: el embajador había iniciado la gestión anunciando a los periodistas la realización de la conferencia y diciéndoles que sería útil que participaran en ella. El informe puede leerse en el archivo del Servicio de Información y Defensa (SID) (rollo 611). Cuando el Congreso suspendió la ayuda militar, El País dedicó editoriales y decenas de artículos al “verdadero bacilo de Koch”, en alusión al legislador demócrata Edward Koch, que había impulsado la medida (2/10/76 página 5).
Junto a la denuncia estuvo la celebración. La Moda Cardo muestra cómo funcionó. En 1975, el gobierno lanzó una de las mayores operaciones de propaganda y legitimación del período dictatorial, el Año de la Orientalidad. El País propuso una línea de ropa que promocionó como el primer estilo de vestir “esencialmente nacional”. La idea fue de Carlos Eugenio Scheck, administrador del diario. El País convocó a diseñadores, artistas y empresarios y formó una comisión ejecutiva integrada, entre otros, por el profesor Fernando Assunção, vicepresidente de la comisión oficial de homenaje al sesquicentenario. La modista Norma Suárez diseñó la primera colección: faldas gauchas, chalecos inspirados en las chaquetillas de los Treinta y Tres Orientales. Hasta los colores se nacionalizaron: el “rosa shocking” y el “whisky” cedieron su lugar al “color ágata”. En el lanzamiento, Assunção habló de poner los “valores espirituales y materiales del pasado” al servicio de la comunidad. La iniciativa reunió a jerarcas del gobierno, diplomáticos, empresarios, publicitarios y directivos del diario. El gerente de Hogartex anunció el apoyo de la empresa textil porque la línea contribuía a “la recuperación total del Uruguay”.
El País la promovió con suplementos, avisos y coberturas especiales durante todo el año. Canal 12, de la misma familia, transmitió los desfiles. La colección se convirtió en uniforme oficial de las azafatas de Pluna. Vestir cuerpos, nombrar colores, llevar el pasado heroico a la vida cotidiana: la Moda Cardo buscaba la adhesión a través de la seducción, lejos de la cara represiva del régimen. Más que acompañar el Año de la Orientalidad, El País contribuyó a producirlo.
Nada de esto convierte a todos los periodistas de la época en cómplices. Muchos padecieron la censura, la cárcel y el exilio; otros sostuvieron el oficio con dignidad. Se trata de reconocer que la dictadura construyó un sistema de comunicación del que formaron parte organismos del Estado y empresas privadas; que la censura fue una de sus piezas clave, pero no la única; y que la prédica de algunos diarios y canales permitió que la doctrina de los cuarteles se volviera la manera de entender el Uruguay. Esos hechos están en los archivos. Discutirlos con evidencia es el trabajo de la Historia. Agraviar a quien los investiga es negarse a mirarlos.
Virginia Martínez es profesora de Historia, realizadora audiovisual y docente.