En menos de un mes el Centro Militar emitió dos comunicados con abiertas manifestaciones políticas. Vieja y antidemocrática costumbre de esta asociación civil que tiene una peculiaridad: su presión política deviene de que sus socios detentan, además, el monopolio de las armas.
En octubre se estrenó la obra de teatro Las actas, dirigida magistralmente por Margarita Musto y coproducida por la Comedia Nacional, la Federación Uruguaya de Teatros Independientes (FUTI) y Teatro Circular. Excelente dirección, idea e investigación. Impecables los actores.
La obra está basada en las declaraciones del coronel retirado Gilberto Vázquez ante el tribunal de honor en 2006 tras ser detenido después de fugarse del Hospital Militar. Impacta. Es una brutal bofetada a la conciencia ciudadana.
Este histriónico personaje (cuyo alegato puede leerse en las actas que son distribuidas a los espectadores) es un torturador y desaparecedor confeso. Tiene una cruel coherencia que interpela a sus jueces, confesando los más brutales hechos pero amparándose no sólo en las órdenes recibidas, sino en la doctrina que los unió. Y que los sigue uniendo. Que no sólo se ampara en la omertà (el silencio mafioso) que sigue conservando a los cuarteles de la patria como cementerios clandestinos, sino que sigue expresándose actualmente. La doctrina sigue en pie.
Profunda desazón
El 19 de octubre, los titulares recogían esta noticia: “Centro Militar planteó su ‘profunda desazón’ por rechazo de Javier García al proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 65 años”, en referencia a la disertación que el ministro hizo en la Asociación de Dirigentes de Marketing.
El 18 de noviembre se había conocido este otro titular: “El Centro Militar considera un ‘error’ introducir en el proceso de reforma del ruinoso sistema de seguridad social a la Caja Militar”. En el editorial de la revista El Soldado, de dicho centro, se afirma que el Poder Ejecutivo “desconoce los deberes de la Constitución y la singularidad de la profesión”, que “no se comprende este afán por hacer lugar a una consigna militante” de “algunos partidos políticos” que intentan “dibujar o rebajar” el rol de los miembros de las fuerzas. Se sostiene que el Banco de Previsión Social (BPS) está “herido de muerte” hace décadas y se añade que “su ineficacia” no hace más que consumir “buena parte del presupuesto nacional”, sin que esto sea responsabilidad de las Fuerzas Armadas y su Servicio de Retiros.
En 2018, el Centro Militar opinaba sobre el arresto a rigor impuesto por el presidente Tabaré Vázquez al general Guido Manini Ríos por sus comentarios sobre la Caja Militar, en un artículo titulado “La culpabilidad indebida”: “La sanción impuesta al señor Comandante en Jefe del Ejército Nacional por parte del Poder Ejecutivo es improcedente, y principalmente es injusta. En su pura formulación y en las endebles razones que pretenden sustentarla se demuestra un ánimo de menoscabo hacia el espacio y los derechos que las Fuerzas Armadas tienen en el orden institucional”.
El Centro Militar se ha convertido en un comité de base de apoyo a Cabildo Abierto. También, como buen club político, es receptor de los favores clientelares que permiten colocar a sus patrióticos hombres y mujeres en el Estado.
La doctrina de seguridad über alle
No es nuevo este rol que se autoasigna el Centro Militar ni el que siguen reivindicando para la institución Fuerzas Armadas. La revista El Soldado ha sido pródiga en seguir la concepción del papel tutelar de los destinos y objetivos nacionales permanentes, que ya se expusieron en aquel célebre libelo antidemocrático “Las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental”. La tesis es tan sencilla como subversiva, valga la paradoja: la esencia y el espíritu de la patria, los objetivos que deben ser fruto del debate democrático y de res publica, son sustraídos al pueblo y están previamente autodefinidos por las Fuerzas Armadas. Todo lo que atente contra esto es antinacional y debe ser combatido con todas las armas. Eso se llamó, se llama y sigue vigente: doctrina de seguridad nacional. “Über alle”, como dice el himno alemán, por sobre el mundo y por sobre Dios. Por sobre la soberanía popular y por sobre las decisiones democráticas. Por sobre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y, ni que hablar, por sobre el Poder Judicial. Ellos son los centuriones que no quieren ser traicionados por ningún poder civil.
Ahora son menos patrióticos: sólo van por sus mezquinos intereses corporativos. En la trilogía de Jean Lartéguy, ahora son más mercenarios que dignos centuriones o pretorianos que cuidaban la cultura imperial de Roma.
El Centro Militar se ha convertido en un comité de base de apoyo a Cabildo Abierto. También, como buen club político, es receptor de los favores clientelares que permiten colocar a sus patrióticos hombres y mujeres en el Estado, cobrando buenos sueldos suplementarios.
No es sólo grave e ilegal que una asociación civil intervenga en el debate político. Es más grave aún que un Centro Militar, que reúne a retirados y activos de las Fuerzas Armadas, contradiga públicamente al mando superior. Merece no sólo una intervención pertinente del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), sino una acción del mando superior: el presidente actuando con su ministro.
No hay reacción del Poder Ejecutivo frente a esta irregularidad que no sólo viola la legislación sobre asociaciones civiles (lo sabe muy bien el ministro Pablo da Silveira, que estuvo muy presto a intervenir al Club Villa Española por supuestas irregularidades, justo cuando el club y sus jugadores se habían manifestado a favor de las asociaciones de familiares de desaparecidos).
Un distinguido compañero me sugería: “El problema tiene fácil solución para un ministro de Defensa que tenga ganas y coraje de cortar la bobada. Los militares activos no pueden pertenecer a una organización que hace declaraciones políticas. Lo advertís una vez y, si continúan, das la orden a los militares activos de que no pueden integrarlo”.
Resulta llamativo que en un tema en el que la civilidad debería estar unida haya un silencio total. El Frente Amplio, por medio de su Comisión Especial, no ha tenido un gesto para cerrar filas. No parece pertinente que se elija, como afirmaba el querido compañero general Víctor Licandro, la omisión como procedimiento.
¿Hay cosas más importantes? Quizás sí. Pero esto va más allá de los contenidos. Compromete la institucionalidad democrática y el respeto de la Constitución. Nada menos.
Milton Romani fue embajador ante la Organización de los Estados Americanos y secretario general de la Junta Nacional de Drogas.