El economista y sociólogo italiano Giovanni Arrighi tituló una de sus obras El largo siglo XX: dinero y poder en los orígenes de nuestra época. Tomando ese título como inspiración es que considero que este año ha sido un año largo, muy largo y espinoso.
Un acontecimiento como el Mundial parecía que iba a acortar el año, pero la rápida eliminación de la selección uruguaya y el “gran destape” de uno de los escándalos políticos más importantes desde 1985 a la fecha hacen que el año no culmine.
Si hacemos memoria, el año calendario empezó con una campaña para definir si se derogaban 135 artículos de una ley que contenía 476. Pero ese proceso político empezó un año antes, en medio de una pandemia, cuando la movilidad ciudadana estaba restringida y la movilización del movimiento popular fue prácticamente nula. Pese a ese escollo, los trabajadores organizados decidieron –después de varias instancias de discusión a la interna de los sindicatos– salir a juntar firmas para que el pueblo decidiera si se debía discutir esa ley o no.
Como todos sabemos, las firmas se alcanzaron (pese a que algunos integrantes de fuerzas progresistas y de izquierda planteaban sus dudas y hasta declararon públicamente que no veían correcto ese camino). Allí se abrió otro escenario político en el país. Y así fue que empezó el 2022.
Ese inicio de año fue intenso, con un gobierno que salió con todo su elenco a defender la ley: hasta el presidente, en ocasiones, bordeó la inconstitucionalidad y la defendió. Todo servía para denostar a los opositores.
Parece claro que lo vivido en esos meses de intensa movilización de febrero y marzo estuvo marcado por esa percepción del gobierno de estar frente a enemigos y no frente a opositores de un proyecto que no los tuvo como interlocutores, que impuso en un breve período cambios en varios niveles de la sociedad. Es por eso que podemos repensar lo que se vivió en esos días con varios agentes policiales, con varios procedimientos cuestionables. Los informes de Serpaj 2021 y 2022 son muy claros al respecto de estos atropellos.
Esta manera de actuar del gobierno está relacionada a la forma de entender la política que tienen los sectores dominantes y, especialmente, el herrerismo: creen que son los dueños del país y que su sola voluntad ya debe hacer que sus pretensiones se cumplan. No ven más que sus intereses particulares. Por eso tienen una visión autoritaria de la política. No negocian con ninguna organización social sus proyectos, no consideran que estas tengan legitimidad, no comparten la idea de una organización que reclame o luche por sus derechos. Sí pueden considerar necesarias a las organizaciones que no cuestionen al gobierno y sean pasibles de recibir dádivas (la curiosa donación de pescado de Presidencia –después de estar en un frigorífico ocho meses– parece ser un ejemplo de lo dicho antes).
En algunos medios de prensa se difundieron los atropellos y censuras que tuvo que soportar la Comisión del Sí en distintas partes del país. Lo mismo sucedió con varios sindicatos del sector público y privado. Las sanciones, la intimidación, las pequeñas persecuciones estuvieron presentes y se intensificaron en los últimos meses de campaña. Esa es la forma de entender y concebir el ejercicio del poder de este gobierno.
El triunfo del apoyo a la ley de urgente consideración (LUC) fue por una mínima diferencia. Pero el gobierno desconoció este dato de la realidad y continuó con su proyecto de país que favorece a los “malla oro” y deja al costado a las mayorías.
Uno de los puntos más cuestionables de ese proyecto fue el de no aumentar el presupuesto de la Universidad de la República en la Rendición de Cuentas, ni aumentar los salarios a los trabajadores, ni tampoco aumentar las inversiones en vivienda o salud (hay cientos de denuncias que dan cuenta de la falta de medicamentos y demoras en controles médicos).
Uno de los conflictos más mediáticos de este año es el relacionado a la educación. Tampoco empezó este año. Recordemos que desde el inicio de esta administración se había puesto el foco en los docentes organizados sindicalmente como uno de los mayores responsables de los problemas de la educación. Así fue que se desarchivaron denuncias que estaban laudadas por la administración anterior de Enseñanza Secundaria, separaron del cargo a decenas de profesores de San José, crearon una Comisión Investigadora en el Parlamento que duró alrededor de un año, se hicieron decenas de programas televisivos con este tema y la prensa le dedicó ciento de páginas y titulares (tendenciosos y falsos muchas veces).
Lo peor de esta trama es que nadie se hace responsable políticamente (ya hay voces del oficialismo que lo están reclamando), así como nadie asume que colocaron en un lugar estratégico a una persona como Alejandro Astesiano.
Con este fondo es que los representantes de la administración habían perdido las elecciones de consejeros del Codicen por una abrumadora mayoría, que se inclinó hacia los consejeros apoyados por los sindicatos de docentes.
Pero lejos de comprender que los docentes mayoritariamente no estaban de acuerdo con las formas de accionar de la nueva administración, lanzaron su propuesta de cambios educativos que venía atada a la rebaja salarial y a la pérdida de presupuesto para toda la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
Esto implicaba cambios en Formación Docente, Secundaria y UTU. No se discutieron en tiempo y forma, se plagiaron documentos, se desconocieron los espacios institucionales como las Asambleas Técnico Docentes de cada subsistema, y tampoco se reconoció a los sindicatos para negociar los cambios en las condiciones de trabajo. Esto llevó a un gran conflicto que implicó a estudiantes de Formación Docente de buena parte del país (Montevideo, San José, Rocha, Canelones, Colonia, Treinta y Tres, Cerro Largo, Rivera) y también de Secundaria. Pero nada hizo recapacitar a las autoridades y siguieron ahondando el caos en un sistema educativo cada vez más repleto de incertidumbres: sin reglamentos de pasaje de grado, con programas indefinidos y contradictorios, con la fusión de programas sin fundamentos pedagógicos ni disciplinares, etcétera.
En medio de estas situaciones poco claras, y como efecto del triunfo por la juntada de firmas para derogar la LUC, es que se pospuso la reforma de la seguridad social. Si no se hubiese llegado al número de firmas necesarias, se hubiese presentado e implementado antes. Nada de lo dispuesto en la reforma fue materia de negociación en el Banco de Previsión Social (BPS) con los representantes de los trabajadores, e incluso representantes de empresarios no comparten varios elementos. Es decir que el gobierno, en un tema de largo aliento, se lanza solo para aprobar su proyecto. Este sigue siendo otro elemento de tensión social en este momento.
Pero el cierre de año no parece llegar, porque no paran de aparecer tristes novedades del “gran destape” de Torre Ejecutiva. Ya quedó atrás la entrega de un pasaporte a un narco requerido internacionalmente sin explicaciones serias. En estos días aparecieron novedades que comprometen al gobierno, pues se entregó una carta al narcotraficante Sebastián Marset con la cual pudo ser liberado (El Observador, 10 de diciembre) y la vicecanciller estaba al tanto de quién era ese delincuente (la diaria, 12 de diciembre).
Lo peor de esta trama es que nadie se hace responsable políticamente (ya hay voces del oficialismo que lo están reclamando), así como nadie asume que colocaron en un lugar estratégico a una persona como Alejandro Astesiano, con antecedentes penales y que mantenía negociados y cumplía favores de todo tipo. La ciudadanía se va enterando de todo lo que sucedía en las altas esferas del poder (usando al Estado como si fuera su empresa), mientras en los barrios se persigue por “apariencia delictiva” y en los lugares de trabajo se hostiga y maltrata a quienes no son consecuentes con las autoridades.
Y de esta situación saldrá afectado el gobierno, sin dudas. Las élites que aseguran ser pulcras y honestas desbarrancan día a día. Con este episodio demuestran que no se inmutan luego de saber todo lo que sucedía en Torre Ejecutiva (algunos, al parecer, hacían “gauchadas” a cambio de mejorar su situación). Lo que les interesa es acumular más riqueza, no importa cómo. Se necesita otro proyecto político que tenga otros intereses que los del capital, un proyecto donde primen otros valores antes que la mercancía.
Héctor Altamirano es docente.