La política de inserción internacional como problema nacional

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En los dos años y medio de gobierno de la coalición multicolor hemos presenciado continuos anuncios de nuevas negociaciones de acuerdos de libre comercio o de intenciones de flexibilizar supuestas ataduras que previenen al país de negociar con cualquier socio comercial que le ofrezca un acuerdo. Algunos creen que esto es positivo y que constituye un cambio sustantivo de un Uruguay que ahora se mostraría interesado en jugar en las “grandes arenas internacionales”.

Sin embargo, otras podemos afirmar que estos anuncios constituyen recursos retóricos para vestir una política de inserción internacional errática, incoherente y sin rumbo, cuya única característica constante es la “apertura al mundo”. La anterior afirmación se sustenta en la inexistencia de información, el silencio absoluto sobre las estrategias comerciales y políticas de esta agenda y la nula claridad sobre cómo estos acuerdos podrán beneficiar el desarrollo del país.

Y a propósito del desarrollo del país: cuál desarrollo, en qué sectores, con cuál valor agregado, con cuál política productiva, con cuáles estrategias de generación de empleo. Preguntas sin respuesta que confirman el comportamiento errático de una política que no tiene hoja de ruta ni contenido, sino un simple eslogan: “el país quiere jugar en la ‘cancha grande’ y por eso está ‘obsesionado’ con la apertura”.¹

En ese marco, Uruguay solicitó formalmente la adhesión al Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por su sigla en inglés). Antes ya hubo anuncios de intenciones con otros países, a lo que se suma el supuesto inicio de negociaciones para la firma de un tratado de libre comercio con China. Y frente a la pregunta ¿“y el Mercosur?”, la respuesta es siempre la misma: Uruguay no necesita autorización, Uruguay no puede quedar atado a un lastre, Uruguay debe modernizarse.

Algunas de estas ideas no son nuevas. La relación causal que parece indiscutible entre la modernización del país a partir de una estrategia de inserción internacional basada en instrumentos de libre comercio la hemos escuchado en otras oportunidades en otros gobiernos. Lo novedoso de estos anuncios ahora es que no se sustentan ni enmarcan en un plan, estrategia o política de inserción internacional. Qué queremos negociar y por qué, cuál es el vínculo estratégico con estos países, qué desarrollos productivos queremos alcanzar, cuáles son nuestras líneas rojas, qué sectores estratégicos protegeremos para desarrollarlos con autonomía y soberanía, son preguntas que no tienen respuestas.

Antes y ahora volvemos a reafirmar que una “modernización” del país no sólo no llegará de la mano de la firma de tratados de libre comercio, sino que este camino la condicionará fuertemente. Además de desconectar la noción de modernización de la apertura y liberalización unilateral de Uruguay, es necesario volver a poner foco en el modelo productivo, el modelo de desarrollo en clave de justicia económica, social, ambiental y de género.

Modelo de desarrollo e inserción internacional constituyen dos caras de la misma moneda. Los vínculos no sólo están dados por la orientación exportadora de gran parte de la producción del país. También lo están por el control de la producción a lo largo de los eslabones de las cadenas que ejercen las empresas transnacionales, de las que Uruguay forma parte ocupando roles en los eslabones de menor valor agregado y fuertemente primarizados.

Estos sectores están representados por los países integrantes del CPTPP. Y este acuerdo es además un fiel representante de cláusulas y compromisos de negociación sumamente agresivos, que inciden directamente en la limitación del espacio para la política pública en un enorme conjunto de materias y que se distancian enormemente de los contenidos y compromisos negociados hasta el momento por Uruguay en otros acuerdos. Vale la pena recordar algunas de las disposiciones y objetivos del CPTPP.

Empresas y monopolios del Estado

Este acuerdo introduce mecanismos de liberalización agresivos, como por ejemplo, prohibición de otorgamiento de ventajas por parte del Estado a las empresas y monopolios públicos, incluyendo prohibición de subsidios, créditos preferenciales y acceso privilegiado a contratación pública. Por otro lado, no permite discriminar a favor de proveedores nacionales o de empresas públicas en la compra de bienes o contrataciones de servicios limitando la capacidad del Estado de aplicar, por ejemplo, políticas de desarrollo productivo. Resulta clave subrayar que, en este acuerdo, las empresas públicas son igualadas a las privadas, al incorporar a su gestión principios y orientaciones de mercado, que socavan la función social que representan.

Compras públicas

Impone la obligación de apertura plena de las compras públicas eliminando la posibilidad de discriminar a favor de empresas locales nacionales en función de objetivos estratégicos de interés nacional. Los compromisos de estos capítulos en todos los acuerdos tienen por objetivo limitar el uso de las compras públicas como instrumento de política industrial y de desarrollo nacional. En las negociaciones del acuerdo Unión Europea (UE)-Mercosur, Uruguay protegió las excepciones vigentes para este sector y otras que podrían crearse bajo el programa de compras públicas para el desarrollo y se mantuvo protegido el requisito de empleo local en obra pública. ¿Será con estos socios que nos aventuraremos a profundizar la liberalización de un sector estratégico ya definido como uno a proteger?

Propiedad intelectual

Se exige la adhesión al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV en su revisión de 1991), una versión de este acuerdo más exigente en cuanto al patentamiento de la naturaleza y a la imposición de semillas patentadas. Esto impacta directamente en el acceso de la agricultura familiar y campesina a semillas y otros materiales fitogenéticos que, recordemos, han estado históricamente en manos de estas comunidades responsables de producir los alimentos que necesitamos. Uruguay, al igual que el resto de los países del Mercosur, tiene incorporado el Convenio UPOV de 1978.

Reglamentación nacional y transparencia

Se trata de capítulos específicos que establecen filtros promercado a las políticas públicas. Mediante disposiciones redactadas de manera amigable se impone a los Estados estándares a la baja para las políticas y regulaciones, que intentan una intervención mínima en el mercado y en las empresas. Además, incorporan la obligación de los Estados de consultar a actores interesados en las regulaciones y políticas a implementar, previo a su aprobación, y a considerar sus comentarios. El ejemplo de la política de control del tabaco puede ilustrar la magnitud del impacto que tienen estas disposiciones. En un escenario con estas disposiciones vigentes, Uruguay hubiese tenido que consultar a la industria tabacalera antes de la aprobación de la política, e incorporar los comentarios que realizara. Si este escenario se hubiese cumplido, Uruguay no hubiese tenido que enfrentar una demanda de Philip Morris, pero tampoco tendría una política robusta y exitosa de control del tabaco como la que posee, a pesar de la flexibilización a la que está siendo sometida por parte del actual gobierno.

Estos son sólo algunos elementos que ilustran los riesgos que tiene sumarse a un acuerdo como el CPTPP.

La región como presente y futuro

A pesar de la mala prensa que algunos actores políticos y empresariales se encargan de esparcir sobre el proceso del Mercosur y sus beneficios, son vastos los ejemplos de políticas públicas regionales implementadas con beneficios que han sido aprovechados en mayor medida por los socios menores (Uruguay y Paraguay) y para los que los socios mayores (Brasil y Argentina) fueron sus principales contribuyentes.

Pero incluso adhiriendo a la tesis de que el Mercosur no ha redituado en suficientes beneficios para Uruguay, queda la pregunta sobre el presente y el futuro del país, particularmente en este momento de la historia en el que los desafíos son enormes y las transiciones son urgentes.

La integración no puede ser reducida solamente a un acuerdo económico-comercial. Elegir esa forma de interpretarlo invisibiliza los potenciales aportes que tiene el proceso para una estrategia de desarrollo basado en las justicias. El Mercosur ha atravesado diferentes momentos políticos, pero continúa reflejando en su esencia el potencial de dinamizar un desarrollo basado en la justicia social y ambiental.

La mirada del Mercosur debe estar puesta a la luz del contexto político regional y, en ese sentido, la integración regional debe ser promovida como sinónimo de profundización de la democracia. Un espacio común para amplificar y mejorar los márgenes de soberanía sobre los bienes naturales, los territorios o los servicios públicos. La experiencia de estos últimos años, sobre todo en el caso de Brasil, demuestra que los ataques a la democracia tienen una raíz en los conflictos ambientales. Y los territorios materializan la disputa del capital sobre la vida.

La integración regional es una oportunidad de construir territorios de paz donde el centro de las políticas regionales esté puesto en la justicia social, económica, ambiental y de género.