Policrisis y potencia juvenil: quién organiza la fuerza de los jóvenes en Uruguay

La reciente presentación del informe elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Violencia Territorial y Vulneración de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), junto con la difusión de los datos sobre criminalidad presentados por el Ministerio del Interior, ha reavivado un debate urgente en Uruguay. Esta confrontación pone de manifiesto dos perspectivas profundamente contrapuestas: por un lado, las narrativas gubernamentales que priorizan la gestión técnica e indicadores estadísticos del delito; por otro, la postura de las instituciones de derechos humanos, la sociedad civil y la academia, que advierten sobre las secuelas estructurales de la violencia en la infancia y sostienen la necesidad imperiosa de articular respuestas integrales que trasciendan la sola dimensión punitiva.

Aunque las denuncias generales registraron un descenso en el primer semestre de 2026, los indicadores de seguridad presentaron un deterioro en aspectos críticos: se registraron 195 homicidios dolosos, lo que representa un incremento del 6,6 % respecto del mismo período de 2025. Esta violencia no se distribuye de manera homogénea, sino que se concentra críticamente en determinados grupos etarios, géneros y territorios. En esta dirección, Paula Baleato ha calificado la situación socioambiental e institucional en los territorios más vulnerados como una auténtica “crisis humanitaria”, en la que la ausencia de políticas de protección robustas deja a niñas, niños y adolescentes gravemente expuestos a la violencia del entorno. En consecuencia, el aumento de homicidios se consolida como un síntoma preocupante de la profundidad de la crisis social y de derechos humanos, superando la interpretación simplificada de una mera métrica de gestión policial.

Tensión entre derechos y seguridad

Frente al optimismo por la baja general de denuncias, el informe del Grupo de Trabajo de la INDDHH ofrece un contrapunto cualitativo y estructural. La concentración de homicidios en lapsos breves y el aumento de heridos por armas de fuego exponen una violencia letal que incide desproporcionadamente en los adolescentes de 15 a 17 años: este tramo de edad abarca la mayor proporción de víctimas menores de edad en homicidios e imputados en el sistema de responsabilidad penal juvenil. Esta dinámica demuestra que la violencia territorial opera como un cercenamiento sistemático de derechos fundamentales como la salud, la educación y la libre circulación en las periferias urbanas. En consonancia con ello, diversos estudios identifican cómo la estigmatización constante forma parte de una pedagogía de control orientada a sostener las relaciones de poder del statu quo, limitando la agencialidad juvenil y sus oportunidades de participación.¹

Para comprender cabalmente este escenario, resulta indispensable articular el análisis de la violencia territorial con la categoría teórica de policrisis². Mientras la violencia territorial delimita el fenómeno concreto y situado que impacta cotidianamente en las trayectorias de niños, niñas y adolescentes en barrios específicos, la noción de policrisis aporta una matriz interpretativa integral para examinar cómo se entrelazan e intensifican recíprocamente diversas determinaciones estructurales (económicas, urbanas, institucionales y comunitarias). En esta convergencia, factores como la precariedad económica, la fragmentación urbana, la amplia circulación de armas y el arraigo de mercados ilegales alteran sustancialmente los contextos cotidianos de vida.

El verdadero riesgo analítico reside en definir a las juventudes únicamente desde la carencia o el riesgo. Lejos de ser receptores pasivos, las y los jóvenes tejen vínculos, configuran códigos, disputan posiciones y ejercen poder. A esta capacidad agencial la denominamos potencia juvenil. Dicha potencia no posee un sentido único ni intrínsecamente progresista; puede canalizarse en direcciones diversas según las estructuras que la organicen. En el marco de la policrisis, cuando las escuelas o el trabajo precario no garantizan horizontes de realización, las economías informales e ilegales emergen como alternativas de pertenencia y estatus. Ante esto, las respuestas estatales punitivas profundizan la exclusión mediante la selectividad penal.

Para materializar esta potencia juvenil en propuestas observables, se requiere un tránsito definitivo hacia una pedagogía de la potencia en el ámbito educativo. En lugar de replegarse en controles burocráticos, la respuesta socioeducativa debe asumir el paradigma de la protección integral mediante acciones concretas: flexibilizar los trayectos curriculares adaptándolos a proyectos de las culturas juveniles, instituir presupuestos participativos en los centros de estudio, crear consejos consultivos estudiantiles con potestad de decisión en la convivencia escolar y promover talleres de formación en oficios digitales y expresiones artísticas comunitarias.

La criminalización y el gobierno de las emociones como respuestas insuficientes

Como se ha subrayado en las discusiones sobre convivencia educativa y violencia territorial, la criminalización no constituye un yerro técnico o de diagnóstico, sino una lógica estructural de gobierno. En un escenario atravesado por la intensificación del punitivismo social y de las violencias letales, las intervenciones focalizadas exclusivamente en la sanción, el control policial o la modulación emocional, abandonando la mirada de las causas socioeconómicas, territoriales y de género, trasladan la responsabilidad hacia los propios sujetos empobrecidos y jóvenes. La reducción del conflicto a una falla individual o a un problema estricto de “orden y seguridad” desatiende la naturaleza compleja de la policrisis y consolida pedagogías excluyentes que invisibilizan el potencial transformador de las juventudes.

En consecuencia, superar los desafíos impuestos por la policrisis exige trascender los enfoques meramente preventivos que conciben la política pública como un simple dique de contención del daño o del delito. Una sociedad verdaderamente democrática no puede ofrecer a sus jóvenes únicamente aquello que aspira a evitar; por el contrario, debe brindarles proyectos colectivos, herramientas sustantivas y horizontes compartidos que desee construir junto con ellos. Garantizar el derecho a la educación y a la ciudadanía plena implica instituir espacios sociales donde la energía y creatividad transformadora de las juventudes encuentren articulación institucional, pleno reconocimiento y proyección de futuro.

De la restricción al reconocimiento: proyectos participativos auténticos frente al participacionismo institucional

Ante la creciente complejidad del escenario contemporáneo, el abordaje socioeducativo requiere reorientar las intervenciones institucionales, pasando de modelos centrados en la contención a dispositivos que promuevan incidencia directa y autonomía e incentiven el reconocimiento efectivo de los derechos de las juventudes y sus comunidades. Para ello, es condición indispensable superar el “participacionismo” institucional, entendido como aquel conjunto de convocatorias meramente formales, consultivas o cosméticas que reducen la participación juvenil a eventos aislados o trámites procedimentales, sin transferir poder real de decisión ni transformar las perspectivas adultocéntricas dominantes.

Frente a estas formas superficiales que neutralizan la voz de niños, niñas y adolescentes y los recluyen a un rol de meros espectadores, la vinculación sustantiva se erige como un proceso continuo –trascendiendo la lógica del evento puntual– cimentado en la confianza, la escucha atenta y un sentido de pertenencia genuino. Adoptar este enfoque exige una posición ética y política comprometida con el trabajo conjunto con las adolescencias, reconociéndolas como sujetos activos de derecho con margen efectivo de autonomía e impacto real en la vida escolar.

Asimismo, cabe resaltar que esta implicación sustantiva requiere indispensablemente de condiciones materiales (recursos, financiamiento e infraestructura adecuada) para viabilizar y sostener los procesos en el tiempo. Resulta urgente, por tanto, impulsar espacios de cogobierno, protagonismo estudiantil y gestión comunitaria donde la iniciativa juvenil encuentre eco institucional e impacto social perdurable.

En cuanto a la interrogante central sobre quién organiza la fuerza de los jóvenes, entendemos que esta responsabilidad debe ser asumida de manera corresponsable por una trama articulada de actores: el sistema educativo (ANEP y Udelar), los organismos de protección integral (Mides, INAU), las organizaciones comunitarias de base, las familias y las propias plataformas tecnológicas. Esta articulación encuentra viabilidad en políticas de Estado estratégicas, tales como el que se elabora en la Hoja de Ruta hacia un Plan Nacional de Convivencia y Participación 2026-2029 de la ANEP, que alinea prioridades en materia de prevención de la violencia, ampliación del tiempo pedagógico y participación comunitaria, y articular acciones con el Plan de Acción de Juventudes 2025-2030 y el Plan Nacional e Intersectorial de Educación Sexual Integral (2025-2026). Asimismo, exige la puesta en marcha de mecanismos concretos como presupuestos participativos juveniles, consejos consultivos vinculantes en los centros educativos y mesas intersectoriales de desarrollo local, tal como es el caso del proyecto Derechos en Acción (ANEP, 2026).

Para asegurar una incidencia efectiva y superar definitivamente las modalidades de participación puramente simbólica, resulta imprescindible descentralizar la toma de decisiones, otorgar capacidad real de codecisión y destinar recursos financieros y fondos socioeducativos específicos que garanticen la autonomía y la continuidad del protagonismo juvenil.

Nilia Viscardi es doctora en Sociología, profesora e investigadora de la Universidad de la República (Udelar) y directora de Derechos Humanos de la ANEP.