Días atrás, Santiago Gutiérrez Silva hizo pública una carta escrita por él y dirigida a Pepe Mujica para intentar acceder a información sobre el pasado reciente. Es claro que cada uno escribe con su historia y su bagaje humano a cuestas, y en el caso de la carta de Santiago, que aborda un tema sensible para miles de uruguayos y uruguayas, no tiene ningún sentido atribuir intenciones o especular con objetivos distintos a los que ya plantea en su carta.
Sin asumir ninguna clase de protagonismo –dado que la carta fue pública, pero no estuvo dirigida a quien esto escribe–, resulta interesante reflexionar lo más ampliamente posible acerca del drama que significa para la sociedad uruguaya no contar con la información necesaria, suficiente e indispensable para intentar acceder a la verdad histórica acerca de las víctimas del terrorismo de Estado, período que no sólo va de 1973 a 1985, sino que viene de bastante antes, y también se extiende algunos años para adelante de la transición a la democracia.
El 20 de mayo de 1976, cuando fueron encontrados en Buenos Aires los cuerpos de Rosario Barredo, Héctor Gutiérrez Ruiz, Zelmar Michelini y William Whitelaw, el conjunto de integrantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros que la dictadura mantuvo en cautiverio salvaje –nueve rehenes varones y 11 rehenas mujeres– apenas si recibía señales provenientes del mundo exterior. En el caso de Pepe Mujica, ese día estaba cumpliendo 41 años; por esas fechas se encontraban junto a Eleuterio Fernández Huidobro y Mauricio Rosencof en el cuartel de Santa Clara de Olimar, sede del Regimiento de Caballería 7. No saldrían de la prisión hasta pasados nueve años desde esa fecha terrible.
Cuentan quienes padecieron la prisión política que la ruptura temporal es la primera forma de cortar los vínculos de los cautivos con el mundo exterior. Rosencof recordó que se encontraban allí porque en una ocasional visita de su padre al cuartel de Santa Clara, este le contó por lo bajo –para que la guardia no escuchara– que la dictadura había asesinado al Toba y a Zelmar, y que desde que eso se supo se encontraron más solos.
La reconstrucción de hechos a partir de recuerdos fragmentarios de quienes vivieron este tipo de situaciones extremas resulta dificultosa y parcial, pero, en cualquier caso, es una referencia que, por mínima que sea, puede ayudar a restablecer algunas de esas líneas para conectar con el pasado. Pero la cosa es completamente distinta cuando se trata de información para avanzar en la búsqueda de verdad histórica. Cualquier tipo de información que pudieron haber recibido Pepe Mujica o Tabaré Vázquez durante los mandatos presidenciales del Frente Amplio fue destinada a las búsquedas de restos óseos de detenidos desaparecidos durante el terrorismo de Estado que se impulsaron a partir de 2005, cuando por primera vez se ingresó a los cuarteles a remover la tierra. Las circunstancias no cambiaron por designio divino.
Hoy se sabe más que lo que se sabía en 2005, pero aún falta. Porque un hecho objetivo y absolutamente relevante es que mucha información ya se sabía por lo menos desde 1985, cuando funcionó en el Poder Legislativo, concretamente en la Cámara de Representantes, la Comisión Investigadora sobre la Situación de las Personas Desaparecidas y Hechos que la Motivaron. Los informes, los documentos entregados por las delegaciones recibidas y las actas de las sesiones de esa comisión en particular sin duda estuvieron al alcance de los gobiernos democráticos posteriores a la transición. Entre ellos, los gobiernos del Partido Nacional entre 1990 y 1995 y del Partido Colorado entre 1995 y 2000. Con ese cúmulo de información en manos de uno de los poderes del Estado –el Legislativo–, ninguno de los Ejecutivos de la época dio los pasos necesarios para avanzar en la búsqueda y la restitución de la verdad histórica sobre las personas desaparecidas por el terrorismo de Estado.
Los gobiernos de los partidos tradicionales pudieron y debieron hacer mucho más por la búsqueda de esa verdad, y la realidad es que no lo hicieron. En muchos casos, obstaculizaron la verdad.
Más aún, posterior a eso, cuando en la campaña electoral para las elecciones de octubre de 2009 el candidato del Partido Nacional Luis Alberto Lacalle participó en el programa de televisión de Mirtha Legrand, en Argentina, afirmó que en Uruguay “hay media docena de desaparecidos, o una decena de desaparecidos”. Eso fue dicho a contrapelo de toda la información generada por esa comisión que funcionó en la órbita del Poder Legislativo, así como en el marco del trabajo de la Comisión Investigadora sobre el Secuestro y Asesinato de los ex Legisladores Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini. ¿Por qué desconocer tan tajantemente la actuación de una comisión que contó además con la participación activa de legisladores del Partido Nacional recibiendo y sistematizando dicha información? No habrá respuesta para esta pregunta, y tampoco la espera el autor de la carta en cuestión, que no menciona a Lacalle Herrera, ya que en el mundo de los vivos sólo se refiere al doctor Sanguinetti y al propio Pepe.
Si algo importante tiene la carta de Santiago Gutiérrez es su formulación en el presente, junto a la proyección que realiza hacia el futuro. Pero aquí es importante puntualizar algo para finalizar. Es cierto que falta información, como también es cierto que nada se hizo por mucho tiempo, con la información que se tenía, nada más y nada menos que en uno de los poderes del Estado. Es que a este plano se debe agregar otro, tanto o más relevante, si se quiere, dado que nos conecta directamente con este presente en el cual se escribió la carta. En una de las últimas sesiones en las que participó Mujica en la Cámara de Senadores, cuando se trató el desafuero del senador Guido Manini Ríos, el expresidente pidió al militar que “arrime verdades”. No obtuvo respuesta alguna.
Pocos días después Pepe renunció a su banca en el Senado. En esa ocasión no sólo dijo que en su jardín hace décadas que no dejaba lugar para cultivar el odio, sino que la actitud de “ayudar a construir el porvenir” era la que procuraba sostener día a día. Seguramente comparta con Santiago Gutiérrez que “el bien superior es encontrar toda la verdad”, pero no es para este lado que deben venir las cartas buscando información. Los gobiernos de los partidos tradicionales pudieron y debieron hacer mucho más por la búsqueda de esa verdad, y la realidad es que no lo hicieron. En muchos casos, obstaculizaron la verdad. Fueron escollo, traba, tranca, obstáculo y bruma para no acercarse a la verdad. Todavía estamos esperando que hagan la autocrítica. Mientras tanto, Santiago Gutiérrez debería escribirles a aquellos que tienen en su poder la información necesaria.
Sebastián Valdomir es diputado del Frente Amplio y sociólogo.