El problema de la acelerada inflación, que afecta especialmente al precio de los alimentos, tiene muchas consecuencias sociales tremendas y algunas otras que, sin ser tan graves, resultan muy significativas desde el punto de vista político. Una de estas últimas es que desnuda debilidades e incoherencias en la coalición de gobierno.
Antes de las elecciones de 2019 parecía que la mayor parte de los entonces opositores compartía un enfoque liberal de la economía, que les achacaba a los gobiernos frenteamplistas, entre otras cosas, la incomprensión de leyes básicas y el despilfarro de recursos en políticas ineficientes, con altos costos de déficit fiscal.
Sin embargo, bastó que se combinaran el alza de precios y la perspectiva de las próximas elecciones para que surgieran, desde el oficialismo, propuestas e incluso reclamos de medidas que, según ese enfoque liberal, son populistas y contraproducentes. Entre ellas, el adelanto de aumentos salariales y de prestaciones del Banco de Previsión Social, y el congelamiento y control de precios durante dos meses. Sería interesante saber, por ejemplo, qué opina Ernesto Talvi de las iniciativas planteadas esta semana desde el sector colorado Ciudadanos, que él fundó pero que hoy se aleja, con notoria rapidez, de las ideas que orientaron su prédica de décadas como economista.
El sector del oficialismo que se mantiene fiel a la ortodoxia liberal rechaza estas propuestas y ensaya, ante la cuestión inflacionaria, el argumento de la fatalidad. Ya recurrió a él durante la emergencia sanitaria, cuando sostuvo que, como la pandemia de covid-19 causaba fallecimientos en todo el mundo, era “una canallada” decir que en Uruguay había muertes evitables y señalar al Poder Ejecutivo como responsable.
Bastó que se combinaran el alza de precios y la perspectiva de las próximas elecciones para que surgieran, desde el oficialismo, propuestas y reclamos de medidas que, según el enfoque liberal que sostenían los partidos gobernantes hace apenas dos años, son populistas y contraproducentes.
Ante la aceleración del aumento de precios, se dice algo muy similar: existe un fenómeno inflacionario mundial, y lamentablemente afecta también a nuestro país. Cabe recordar quiénes, según el refrán, se consuelan con el mal de muchos, pero ante todo se trata de falacias.
Que las enfermedades matan es un hecho, pero sobre la cantidad de muertes inciden obviamente otras variables, que dependen de decisiones políticas en el terreno de la salud pública. Habría sido una canallada reclamar que en Uruguay no falleciera nadie por covid-19, pero era y es perfectamente legítimo sostener que, a juzgar por la experiencia internacional, con políticas distintas las víctimas habrían sido menos.
Tampoco cabe duda de que hay un empuje de inflación a escala internacional, pero eso no significa que todas las manifestaciones locales de ese fenómeno resulten inevitables, o que quienes proponen medidas para evitar por lo menos las más dolorosas sean siempre ignorantes, irresponsables o ambas cosas.
La complejidad de los factores que es preciso tener en cuenta exige un análisis profundo y cuidadoso, pero de ningún modo justifica una inacción indiferente de las autoridades, y mucho menos la expectativa de que se resignen quienes más sufren por la carestía. Entre la demagogia y la insensibilidad hay, y debe haber, espacio para reducir daños.