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¿Moreira-Manini Ríos colonos?: Los dilemas de la colonización

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El grupo familiar constituido por el senador Guido Manini Ríos, su esposa, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, y su suegro, el coronel Roque Moreira, un militar y político de larga trayectoria en el departamento de Artigas, está siendo cuestionado por su condición de colonos de varias fracciones que en total suman más de 2.800 hectáreas, algo que han desmentido aunque aún sin ofrecer pruebas concluyentes.

¿Por qué es importante esa condición? Los medios han informado ampliamente sobre un aspecto del tema: si el senador Manini Ríos es colono, no estaba habilitado para votar a favor de los artículos 357 y 358 de la ley de urgente consideración (LUC), normas que lo beneficiarían directamente. También se ha señalado que el grupo familiar no estaría cumpliendo con las leyes que exigen que los colonos residan en el predio y se encarguen directamente del trabajo agropecuario.

Hay otras razones por las que el tema es importante. El valor de la tierra es mucho mayor cuando las fracciones están libres de la afectación prevista en las leyes del Instituto Nacional de Colonización (INC), ya que estas imponen exigencias que cualquier comprador potencial toma debidamente en cuenta. Por esas razones los propietarios de fracciones de colonización impulsaron la idea de desafectar parte de las tierras de colonización y lograron que la medida se incorporara a la LUC, cuestionada por los impulsores del Sí.

Más allá del caso concreto es conveniente recordar que durante los gobiernos colorados, blancos y en dictadura con frecuencia se distribuyeron fracciones relativamente pequeñas; unidades mínimas insuficientes para el sustento económico de la familia, atendiendo a una clientela mayor. Al mismo tiempo, se reservaban las mejores fracciones para los correligionarios, algunos de los que con el tiempo se hicieron famosos por ser ajenos al trabajo directo y no residir cerca de las vaquitas. Entre ellos revistan el actual secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el intendente de Maldonado, Enrique Antía.

De confirmarse, el caso Moreira-Manini Ríos puede tener derivaciones legales, políticas y éticas. Al mismo tiempo, ilustra las debilidades con que se administró la política de colonización durante un largo período.

Los colonos pagan como arrendamiento aproximadamente la mitad del valor de lo que se transa en el mercado y tienen otras facilidades, como la posibilidad de no pagar la renta por un tiempo y después refinanciar la deuda.

El caso que nos ocupa es distinto. Se originó en una acción cuestionable del INC al comprar un predio que en poco tiempo pasó a ser inútil para los propósitos del instituto, razón por la que se habría vendido, y aquí hay otro aspecto hasta ahora no considerado: en condiciones más convenientes que las del mercado. Alcanza con señalar que el grupo Moreira-Manini Ríos terminó pagándolo sólo 11 años después de la operación de compra.

Justo es señalar que durante los gobiernos del Frente Amplio se progresó en detectar algunas irregularidades manifiestas, siempre encarando largos juicios para que las tierras volvieran al INC, aunque los avances fueron insuficientes.

Respecto de la política tradicional, durante los gobiernos 2005-2020 se multiplicaron los niveles de la captación y la asignación de tierras, la distribución a los beneficiarios fue más transparente, no se seleccionaron buenas parcelas para correligionarios, y se asignó una mayor proporción a emprendimientos colectivos y, por primera vez, a asalariados rurales.

De confirmarse, el caso Moreira-Manini Ríos puede tener derivaciones legales, políticas y éticas. Al mismo tiempo, ilustra las debilidades con que se administró la política de colonización durante un largo período, en particular los criterios para redistribuir el acervo de tierras y los controles sobre el cumplimiento de la normativa.

Martín Buxedas es ingeniero agrónomo, fue profesor de Economía Agraria en la Facultad de Agronomía (Universidad de la República) y director de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca entre 2005 y 2010.

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