Cada año, el 5 de junio nos ofrece la oportunidad de evaluar cuáles son y han sido los avances y retrocesos políticos en materia ambiental. Este año ese balance se torna aún más relevante en el marco de la celebración de los 50 años de la Conferencia de Estocolmo, que constituyó un hito, por tratarse de un espacio multilateral que reconoció la importancia de la problemática ambiental. Pero lamentablemente no hay mucho para celebrar, particularmente en nuestro país, donde lo ambiental se presenta crecientemente como una forma de maquillaje de lógicas, modelos y actividades fuertemente destructivas, al tiempo que se lo despoja de la perspectiva de la justicia.
Varios acontecimientos políticos demuestran que no se están teniendo en cuenta los reclamos de las organizaciones sociales en lo que respecta a la agenda ambiental.
Por un lado, se inició un proceso de debilitamiento del Instituto Nacional de Colonización (INC) a partir de la ley de urgente consideración (LUC), que se continuó en la Rendición de Cuentas y que le quitó los recursos que tenía garantizados por ley. El artículo 357 de la LUC redujo la cartera de tierras afectadas al INC, lo que significa que tierras que forman parte de colonias pueden pasar al mercado y ser objeto de especulación. El artículo 358 modificó las obligaciones de los colonos, eliminando la obligación de residir y trabajar directamente en las fracciones de tierra, lo que conlleva un cambio del sujeto que será beneficiario de las tierras del INC.
Pero ¿qué tiene que ver esto con la justicia ambiental? Tiene una relación directa, porque el derecho a la tierra es fundamental para posibilitar una gestión del territorio que ponga en el centro la realización de derechos y revierta los procesos de concentración y degradación ambiental. El INC debe seguir siendo una herramienta que permita el acceso a tierras a productoras y productores familiares y jóvenes que no tienen posibilidad de comprar o arrendar a los precios del mercado. Estas mismas personas son quienes cultivan los alimentos que consume nuestra población. Además, el INC es crucial para seguir abriendo puertas a quienes tienen proyectos colectivos o individuales de producción agroecológica, que además de producir alimentos sanos, cuidan la salud del territorio, el agua, los suelos y la biodiversidad, y respetan los ciclos naturales.
Por otra parte, el presidente de la República decidió privilegiar los intereses de las empresas forestales y vetó la ley aprobada en el Parlamento, que aunque no era lo suficientemente ambiciosa, planteaba la necesidad de limitar la forestación en Uruguay a las áreas de prioridad forestal y a 10% de la superficie agrícola. El Ejecutivo se hizo eco del lobby o cabildeo forestal, que cuestionaba la aprobación de dicha ley y la catalogaba como un cambio en las reglas de juego y una amenaza a los negocios. Y no sólo eso, sino que el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto 405/021 del 10 de diciembre, que implica un aumento del área que se puede plantar con monocultivos de árboles en Uruguay, incluyendo la forestación de las microcuencas en su totalidad, lo que incrementará los impactos sobre el agua, los suelos y la biodiversidad.
Todo esto a pesar de que existe cada vez más información científica sobre los impactos del modelo forestal celulósico y denuncias de comunidades afectadas. Denuncias que vienen siendo formuladas por colectivos que se organizan para la defensa del territorio, como es el caso del Colectivo de Vecinos de Guichón por los Bienes Naturales, que demostraron que una cañada afluente del arroyo Santana estaba siendo contaminada por el vivero de UPM del mismo nombre.1 La empresa había negado el vertido de efluentes y la contaminación del arroyo, pero los resultados del análisis de las muestras tomadas por la Dirección de Servicios Agrícolas dieron la razón a los vecinos.
Especialmente aberrante es la pasividad y falta de control del Estado frente a las omisiones de las empresas transnacionales forestales responsables de no prevenir los incendios que sufrieron varios departamentos del país a inicios de este año, y también responsables de no actuar como debían frente a la tragedia que vivieron las y los pobladores y productores de las zonas afectadas.
El modelo del agronegocio también genera severos impactos negativos en la vida de las mujeres y sus sistemas productivos. Estos se visibilizaron con claridad en el seminario coorganizado por el Grupo de Mujeres Agricultoras “Semillas Fronterizas”, la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, Redes Amigos de la Tierra y la Universidad de la República en Rivera. Allí se demostró una vez más la imposibilidad de la coexistencia de dos modelos contrapuestos.
Pero el gobierno no parece enterarse de estos impactos y, por el contrario, promueve la idea de que es posible hacer más sustentable el agronegocio. Para quienes están a cargo de la administración del Estado, parece tratarse simplemente de una cuestión de buenas y malas prácticas agrícolas.
La nota del gerente de la Cámara Uruguaya de Semillas sobre la aprobación de eventos transgénicos publicada en diciembre de 2021 en Revista Verde, nos da una clara pauta de cuál es la apuesta del actual gobierno y a qué intereses responde. En dicha nota el gerente habla de que “se ha notado el compromiso del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca”, Fernando Mattos, “para que el proceso de aprobación sea fluido y con sentido pragmático. Es bienvenido el hecho de que los factores ideológicos no intercedan, dándole relevancia a la evaluación técnica y a un proceso objetivo”. También hizo referencia a que el ministro “destacó que, con la misma capacidad técnica y con los mismos equipos, se autorizaron 19 nuevos eventos, porque se aceleró el tratamiento político; y prometió que no habrá ideología a la hora de aprobar un nuevo evento biotecnológico”.2 Por “eventos” se refiere a eventos transgénicos, y sin dudas se trata de una comparación con la administración anterior. Resulta llamativo que cualquier visión crítica de los transgénicos sea menospreciada por ser considerada ideológica, y por el contrario, la defensa a ultranza de un modelo que ha demostrado ser un fracaso y absolutamente destructivo no sea ideológica.
En lugar de dar respuesta integral a las crisis, abordando sus causas estructurales, se impone la lógica de la compensación, que habilita y justifica el daño ambiental.
A lo anterior se suma que la reforma constitucional que consagró el agua como derecho fundamental hoy está bajo amenaza. Cada día es más evidente que para garantizar el derecho al agua potable de calidad es necesario contar con territorios saludables. Pero el gobierno, en lugar de comprometerse con una gestión sustentable de las cuencas hidrográficas como establece el artículo 47, y apostar a la recuperación de la cuenca del Santa Lucía, hace un llamado a privados para un proyecto de extracción de agua del Río de la Plata y potabilización denominado Neptuno. Esta iniciativa también viola lo establecido en la Constitución respecto de que los servicios públicos de agua y saneamiento deben ser prestados exclusivamente por personas jurídicas estatales, lo que incluye la gestión del servicio de potabilización y de distribución del agua. Asistimos nuevamente a intentos de privatización del agua que contradicen la voluntad popular que se expresó de forma clara y contundente a favor de la reforma en 2004.
Y para empeorar las cosas, vemos con enorme preocupación la propuesta del actual gobierno de avanzar con la economía verde, el comercio de créditos de carbono y la compensación de emisiones, con el propósito cimentar un enfoque neoliberal de la dimensión ambiental y de generar nuevas opciones de negocio y enverdecer el modelo del agronegocio. En lugar de dar respuesta integral a las crisis, abordando sus causas estructurales, se impone la lógica de la compensación, que habilita y justifica el daño ambiental, la contaminación, la destrucción de biodiversidad y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, porque supuestamente serán compensados, por ejemplo, con proyectos de plantaciones de eucaliptos y pinos.
La imposición de falsas soluciones se articula con procesos que intentan cooptar y tergiversar las iniciativas construidas desde los pueblos. En el debate en torno al Plan Nacional de Agroecología ha quedado de manifiesto ese tipo de procesos. Contraviniendo los objetivos de las organizaciones y movimientos sociales que impulsaron la Ley 19.717 y el marco de dicha ley, el gobierno intenta una y otra vez despojar a la agroecología de una dimensión fundamental –la de la justicia social– y reducirla a una serie de prácticas e innovaciones técnicas que pueden coexistir con la agenda del agronegocio y sus falsas soluciones, como la intensificación sostenible y la agricultura climáticamente inteligente. Asimismo, el Ejecutivo cuestiona que la producción familiar sea el sujeto principal de la política pública de agroecología, y afirma que esa premisa es excluyente del sector exportador. Ello va acompañado de los cambios de normativa que atentan contra una importante herramienta construida por las organizaciones sociales, que es el sistema de garantías participativo de la Red de Agroecología del Uruguay.
Las verdaderas soluciones a las crisis sistémicas están siendo construidas día a día y muestran que es posible avanzar hacia una transformación radical de los sistemas de producción y consumo y otro tipo de relación de nuestras sociedades con la naturaleza y los territorios. Dichas soluciones crecen de la mano de quienes eligen y desarrollan formas de habitar el territorio y de producir que contribuyen al cuidado de la naturaleza, a la preservación de los sistemas y funciones ecológicas que hacen posible la vida, a la realización de derechos fundamentales, a la salud de nuestras sociedades, y a que prevalezca el interés público sobre el interés privado.
En un contexto de disputa de la política pública y de sentidos, es fundamental fortalecer la capacidad de iniciativa y la formulación de propuestas desde las organizaciones y movimientos sociales, partiendo de marcos políticos acordados en forma colectiva, como la justicia ambiental y la soberanía alimentaria. Esto ya está ocurriendo en nuestro país, donde muchas organizaciones cultivan la solidaridad, para permitir, por ejemplo, que las uruguayas y uruguayos puedan alimentarse, ante la ausencia de políticas públicas que garanticen su derecho a la alimentación. También es crucial la articulación de los movimientos y organizaciones sociales para resistir los retrocesos, como en la reciente experiencia de iniciativa de referéndum para derogar los 135 artículos de la LUC.
Karin Nansen es integrante de Redes - Amigos de la Tierra Uruguay.