Analizar a conciencia las causas fundantes de desigualdades estructurales sociales y económicas, a fin de lograr estrategias efectivas de deconstrucción y justas compensaciones, es un debe para con quienes sufren necesidades y discriminaciones derivadas de la trata transatlántica de población africana esclavizada, y para los países que honran sus sistemas democráticos.
En sociedades que apelan a la paz como elemento sustancial de convivencia, la justicia es una aliada imprescindible si queremos construir equidad.
Es necesario revisar en todos sus aspectos y con perspectiva interregional tamaños crímenes contra la humanidad de consecuencias nefastas actuales y perpetuas, base de discriminaciones y subalternidades naturalizadas por orígenes étnicos y color de piel. Dejar todo como está podría funcionar a futuro como argumento de supremacías raciales que habiliten a cometer atrocidades.
Cuánto lograron enriquecerse en más de cinco siglos los traficantes explotadores colonialistas, sus países y descendientes responsables del genocidio y la esclavización, y cuánto sufrieron y se empobrecieron las personas explotadas y sus familias afrodescendientes diaspóricas, son temas absolutamente cuantificables.
Los hechos constan hasta en libros de texto, hay discusiones reflexivas y se han creado organismos de análisis. No es una cuenta imposible de hacer y es una deuda histórica que hay que pagar en nombre de los derechos de la dignidad humana. Solo tienen que converger las voluntades políticas.
Este reclamo latente ha tenido avances y retrocesos y habrá que persistir si el propósito es lograr sociedades verdaderamente inclusivas y antirracistas.
Se trata de un desequilibrio medular que no se resuelve con decir “los de hoy no tienen culpa”, ya que tampoco la tienen las actuales víctimas descendientes de etnias avasalladas que siguen sufriendo discriminaciones, mientras los primeros disfrutan de privilegios aumentados por la sumatoria de ventajas durante siglos.
Hay jurisprudencia específica sobre juzgamientos y reparaciones de delitos de lesa humanidad del pasado que se han laudado. Sería un gran avance en materia de justicia internacional, y el propio proceso funcionaría como desestímulo para que estas violaciones de derechos humanos no pasen desapercibidas y por ende no tiendan a repetirse.
No ir al fondo de la historia se vuelve complicidad por omisión.
Las responsabilidades sociales, económicas y políticas por el tráfico humano de las invasiones de países europeos en las Américas y el Caribe es un debate obligado que, aunque se demore, nos debemos, al menos si queremos cimentar sólidamente un mundo con verdadera equidad racial.
Quien no quiera pagar sus deudas argumentará que es rencor o venganza, aunque simplemente se trata de justicia; es más, es la única eventual garantía de que mañana no les pase lo mismo por lo que son interpelados. Se trata de impedir que la violencia sea base social de relacionamiento.
Es paradójico, por no decir inmoral, que los mismos países europeos que antes nos saquearon, ahora nos ayuden con la “cooperación”, eufemismo diplomático para definir a la limosna.
No nos engañemos: la riqueza se sostiene porque pocos tienen mucho y la mayoría tiene nada o casi nada, siempre mediando la imposición hegemónica de modelos culturales eurocéntricos y sus pilares capitalistas, directos culpables de marginalizaciones varias, fabricantes de indigencias.
Hay supremacías raciales y de género naturalizadas adrede, colaborando a que nadie cuestione por qué suceden, o, si alguien lo hace, le señalen por “raro”.
Nos volvemos problemáticos cuando reclamamos dignidad.
Es urgente revertir las bases del racismo sistémico porque condena a la angustia consuetudinaria por identidad a gran parte de habitantes del planeta, comprometiendo la convivencia para la paz y el desarrollo.
Nikole Hannah-Jones, periodista del New York Times creadora del Proyecto de Justicia Reparatoria 1619 - estudio en Naciones Unidas, dice: “La reparación de la trata esclavista es esencial... no puedes entender la gran riqueza de las potencias coloniales occidentales si no entiendes la esclavitud y su legado”.
Reconocer el crimen y pedir disculpas no alcanza si no devuelven lo que robaron, actualizado y con intereses. En Estados Unidos, el economista Robert Browne afirmó que “el objetivo final de las reparaciones debería ser restaurar a la comunidad negra a la posición económica que tendría si no hubiera sido objeto de esclavitud y discriminación”. También se revisa allí un proyecto de ley recomendando la creación de una comisión para estudiar el “impacto de la esclavitud en la vida social, política y económica de la nación”. Es el caso de la precariedad económica enquistada en ciertos estamentos sociales, más intensa si es racializada, como sucede con la comunidad afrouruguaya, donde la pobreza es el doble que entre la ciudadanía no afro.
La propuesta es una revolución cultural donde las armas sean las palabras y la meta la igualdad, que las personas afro sean sujetas y sujetos de derechos y no objeto de caridad, percibiendo ingresos dignos de vidas libres.
Los europeos colonizadores masacraron, esclavizaron y hurtaron todo lo que pudieron y nos convirtieron en la región más desigual del mundo. Entre 120 y 170 millones de personas del hermoso Caribe y las llamadas Américas Latinas, cinco siglos después, padecemos consecuencias fatales, ahogados en un sistema con discriminaciones raciales instaladas que las democracias no han podido erradicar, y donde 10% de la población tiene 70% de la riqueza.
Si continuamos el asistencialismo sin análisis profundo de sus causas, lo estaremos solamente reafirmando.
Desarmar las bases coloniales del racismo será por sí misma una acción afirmativa y un avance en derechos.
Personal experto en estas investigaciones, como la colombiana Claudia Mosquera (Unesco) y participantes de negociaciones por justicia reparativa con base económica, opinan que el solo hecho de ventilar en público esta discusión juega un papel político importante. Tomar conciencia de un pasado injusto para cambiar arbitrariedades actuales tendrá incidencia en el imaginario social, tan colonizado ideológicamente.
Los responsables de globalizar las injusticias se mantienen cobrando cuantiosas deudas externas de países a los que ellos mismos sumieron en el subdesarrollo, mientras intentan lavar culpas brindando donaciones o préstamos a las comunidades afrodescendientes y originarias, que estamos siempre con los “días de” y nunca llega el día de disfrutar calidad de vida en estas sociedades excluyentes en las que nos obligaron a vivir.
Organizaciones negras en Uruguay vienen luchando por derechos hace muchas décadas; llega todo en cuentagotas, si es que llega. Siguen los episodios racistas como cosa cotidiana, enraizada la discriminación, con diagnósticos repetidos y hasta memorizados sobre el difícil acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, a la justicia, los estereotipos, negación, invisibilidad, baja autoestima, etcétera...
¿Estaremos o no estaremos en la hora de las compensaciones económicas?
Es notorio que hay daños irreversibles. Tampoco las reparaciones simbólicas están resultando suficientes a la hora de recuperar espacios de equidad constitucionalmente consagrados, y la caridad contribuye a reafirmar una situación de subalternidad útil al estancamiento y a reforzar estructuras de dominación.
Al menos tenemos derecho a llamar por su nombre a la injusticia y a sus responsables.
La propuesta es una revolución cultural donde las armas sean las palabras y la meta la igualdad, que las personas afro sean sujetas y sujetos de derechos y no objeto de caridad, percibiendo ingresos dignos de vidas libres, pues como dijo León Felipe: “No hay limosnas: que nadie paga tan caro su pan como el mendigo”.
Plantearlo en términos de obligación de pagar deudas y no como gracia voluntaria de filántropos.
No queremos que nos den lo que quieran, queremos que devuelvan lo que nos robaron, incluso la libertad.
Dijo Philip J Pierre, primer ministro de Santa Lucía, en setiembre de 2021, en la 76° sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas: “Los países como el nuestro, que fuimos explotados y subdesarrollados para financiar el desarrollo de Europa, hemos presentado un caso de reparaciones por esclavitud africana y genocidio indígena, y esperamos que ese caso se trate con la seriedad y urgencia que merece. No debería haber un doble rasero en el sistema internacional para reconocer, admitir y compensar a víctimas de crímenes contra la humanidad”. Varios países caribeños activistas organizados en la Comunidad del Caribe reclaman indemnizaciones a las ex potencias esclavistas. ¿Y el sur?
El “Reconocimiento, Justicia y Desarrollo” del Decenio Afro… ¿Dónde está? Sobre todo lo central, que es la Justicia.
Susana Andrade es procuradora, activista social y exdiputada. Es presidenta de la Institución Federada Afroumbandista del Uruguay e integra el Grupo Atabaque por un país sin exclusiones.