Julio del tercer año de gobierno de la coalición: los números de las encuestas que hablan de la aprobación de las autoridades nacionales no son rutilantes. El país se vino abajo como resultado de una política de devastación de las respuestas sociales en el marco de una pandemia. Claramente, la pandemia no alcanza como excusa. Casi no existió inversión en políticas sociales, se desmantelaron programas de empoderamiento a la ciudadanía y se blindó una política económica orientada a bajar el “gasto público” de algunas políticas, incluyendo la educación; por el contrario, no se bajó el gasto público que subvenciona a los actores privados. Hoy estamos ante una enorme crisis económica y social cuyo único responsable es la coalición de gobierno, porque han sido pocas, y en algunos casos nulas, las oportunidades de diálogo de construcción democrática con la otra mitad del país, con la izquierda.
En este escenario, la Rendición de Cuentas toma una enorme importancia. Parece que algunos tienen que apurar procesos y cumplir con los compromisos electorales aunque esto implique llevarse puestos a los más chiquitos, a los que no tienen oportunidad de defenderse.
El martes se conoció el nuevo proyecto de Ley de Tenencia Compartida, o de “corresponsabilidad en la crianza”, como reza la enorme falacia del título formal, un texto unificado a partir de dos iniciativas previas (una de Carmen Asiaín y Graciela Bianchi por el Partido Nacional y otra de Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano por Cabildo Abierto).
La iniciativa causa alarma. Hoy no hay ningún impedimento para que los padres se involucren en la crianza de sus hijos e hijas, es más, es un mandato, un derecho humano de las niñeces. Por lo tanto, podemos empezar por reflexionar sobre el título de la iniciativa, la idea de corresponsabilidad. Hace mucho tiempo que las feministas reclamamos la corresponsabilidad social y de género, y exigimos identificar e incluir al costo de la reproducción de la vida como una categoría imprescindible en la economía. Nosotras le pusimos el contenido a la palabra “corresponsabilidad” que hoy en forma tramposa encabeza un proyecto de ley que apunta contra los niños y niñas. Sin embargo, el espíritu de la ley está bien alejado de la corresponsabilidad como agente de igualdad, como herramienta democrática de cuidado y proyección en el buen vivir. La palabra corresponsabilidad está utilizada como un sinónimo de tenencia; ese malicioso recurso retórico busca que quien lea interprete que sólo está a cargo del cuidado quien vive con las niñeces. La tenencia es un cometido más dentro de la corresponsabilidad. No se precisa ninguna ley para asumir la corresponsabilidad en los cuidados.
Este proyecto legisla sobre lo que está legislado, y afirma lo que ya está habilitado. Entonces, ¿qué es lo que pretende establecer? La mayoría de los casos por tenencia que llegan a judicializarse se solucionan a través de un acuerdo de ambas partes. Un artículo de la diaria de febrero de este año refiere que durante 2021 la senadora frenteamplista Silvia Nane hizo un pedido de informe a la Suprema Corte de Justicia para conocer datos cuantitativos sobre los procesos judiciales de tenencia y la respuesta fue contundente. Eduardo Cavalli, ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia de segundo turno, destacó que “la inmensa mayoría de las parejas que se separan en Uruguay arregla de forma amistosa el tema de la tenencia y las visitas” y que “hay un porcentaje, que no sabemos cuál es porque no hay servicio estadístico para saberlo, pero es un porcentaje muy menor, que va a juicio”. Dentro de ese porcentaje, “la mayoría concilia o llega a un acuerdo, o se dicta una sentencia y están todos de acuerdo”, y “queda un porcentaje muy menor de personas que o no cumplen con la sentencia o alegan que la otra parte no cumple con la sentencia, y ahí nacen todas las disputas”.
Este proyecto es una forma más de violencia vicaria, que apunta a la tortura de las niñeces buscando el sometimiento del resto.
¿Sobre qué se pretende legislar, entonces? Se pretende legislar en forma universal para resolver, de la peor manera, aquellos casos en los que no hay acuerdo. No es casualidad que detrás de este proyecto haya organizaciones que se oponen al avance normativo en materia de derechos humanos, sobre todo de niñas, niños y adolescentes. Son los que se oponen al “yo te creo”, son los que ponen en cuestión la palabra de las víctimas.
Escrito en masculino, sin nombrar niñas, mujeres, ni madres, este proyecto se alza contra décadas de trabajo por los derechos de infancias y adolescencias; es un proyecto que identifica una sola forma de familia. Vuelve a colocar “cada cosa en su lugar”: los niños y las niñas deben hacer lo que el adulto necesite. Incluso si se encuentra con medidas cautelares por ser potencialmente peligroso, si el juez lo considera, los niños y niñas tendrán la obligación de cumplir con las visitas.
Lo que busca este proyecto de ley es atentar también contra las mujeres a partir de la identidad de madres autónomas. Si bien la palabra madre no aparece en el texto, el concepto está presente en forma transversal. Esa madre es colocada bajo sospecha.
Este proyecto es una forma más de violencia vicaria, que apunta a la tortura de las niñeces buscando el sometimiento del resto. En él hay un objetivo intrínseco y es apuntar directamente contra un proyecto de comunidad igualitaria, inclusiva, con otras formas de entender la idea de familia, en la que no haya lugar para los silencios impuestos por la violencia.
Cuidar con amor, con respeto, ordenar un entorno saludable para el mejor desarrollo implica muchos actores sociales; la familia es fundamental pero no es la única institución responsable. Las niñeces son el patrimonio más caro de nuestra comunidad.
Nohelia Millán es militante feminista.