Colombia tiene una nueva oportunidad. Tiene el derecho inalienable, soberano, de avanzar, entre otros desafíos, en un cambio en sus políticas de drogas y en la regulación de mercados. Más aún, tiene autoridad moral para hacerlo. El flamante presidente Gustavo Petro dijo: “Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente, que ha dejado un millón de latinoamericanos asesinados, la mayoría colombianos”.
La paz es un desafío de Colombia y de la región, la más violenta y la más desigual del mundo. Violencia que se remonta a 1948, cuando mataron a Jorge Elieizer Gaitán, con la respuesta popular del Bogotazo. Violencia que mató a líderes campesinos, políticos y sociales, de los nadies. Se puede expresar en figuras de candidatos presidenciales asesinados: Jaime Pardo y Bernardo Jaramillo, y la casi exterminación de Unión Patriótica y de Carlos Galán y Carlos Pizarro.
Violencia contra campesinos y comunidades indígenas cultivadores de la hoja de coca, acosados por fumigaciones tóxicas, prisioneros de bandas organizadas que están en el negocio de la cocaína. Los acuerdos de paz y el reintegro a la lucha política fueron siempre traicionados con crímenes aberrantes.
Ahora no podrán. Los últimos acuerdos de paz tienen una nueva oportunidad, de la mano de otras reformas y de una lucha contra la corrupción. La revisión crítica del prohibicionismo en drogas es imperativa. Es necesario dar la oportunidad a un sistema que respete los derechos humanos y coloque el eje en el desarrollo humano sustentable y con salud pública.
Dignidad, memoria y soberanía
Símbolos más contundentes que las palabras: la senadora María José Pizarro, hija de Carlos, fue quien colocó la banda presidencial. Luego el jefe de Gobierno dio la orden de traer el sable de Simón Bolívar a la ceremonia.
Colombia tiene el derecho soberano no sólo a regular las sustancias al amparo del derecho internacional, sino, como ya lo planteó el presidente Petro, a promover un movimiento regional y mundial para cambiar este modelo que tanto sufrimiento ha generado.
Resulta urgente que los estados, organizaciones de derechos humanos, de la sociedad civil, de centros académicos, de las fuerzas por la paz, rodeemos a Colombia y apoyemos la reapertura de un debate abierto, sin tabúes e inclusivo, sobre el sistema internacional de fiscalización de drogas. Promover los aportes, las experiencias y los insumos para un debate serio de pasos afirmativos es un imperativo político, social y ético para quienes abrimos nuestros corazones a una nueva esperanza.
La paz, no la guerra
El sistema internacional de fiscalización de sustancias ya tiene 113 años, desde que se creó la Comisión de Shangái en 1909. Se votaron tres Convenciones Internacionales (1961,1972 y 1988) y se crearon varios organismos de la Organización de las Naciones Unidas, que reunió a su Asamblea General Extraordinaria en tres oportunidades para abordar el problema (de las 30 sesiones especiales, tres fueron dedicadas a este tema).
Este sistema ha tocado fondo y ha demostrado que prohibir la producción, distribución y consumo de sustancias, criminalizando toda la cadena y promoviendo una interpretación de guerra a sus cláusulas, ha fracasado rotundamente.
El tema ha sido abordado por varios organismos multilaterales de la región. Ha habido un abuso adictivo del tema drogas y del crimen organizado. Se extendió abiertamente el control geopolítico desde el Comando Sur y de más de 60 agencias norteamericanas de control de nuestros países. Lo padecieron Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y hasta Brasil tuvo que reaccionar.
Estados Unidos tiene un formato de exportación de la guerra, de trasladar problemas de seguridad interna hacia el exterior. Afganistán, otro teatro de operaciones de seguridad y antidrogas, luego de 20 años de ocupación militar produce 78 % del opio mundial.
No sólo se ha fracasado. Se ha generado más violencia, más daños, más cárceles, más carteles de drogas y de otros delitos, más flujo sucio de dinero, más corrupción a todos los niveles. La regulación del mercado de sustancias se impone como una urgente necesidad para reducir los daños y gestionar los riesgos, poniendo el acento en una mirada humanista, de prevención, y limitando el aspecto penal represivo a eslabones fuertes de la cadena.
Pequeños avances para relanzar el debate
Fue un bloque latinoamericano el que hizo posible obtener algunos avances durante el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Ungass) en 2016. En un documento producido en ese marco se señalaba: “Reconocemos que existen retos persistentes, nuevos y cambiantes que deberían afrontarse de conformidad con lo dispuesto en los tres tratados de fiscalización internacional de drogas, los que ofrecen a los estados partes suficiente flexibilidad para formular y aplicar políticas nacionales en materia de drogas con arreglo a sus prioridades y necesidades, de conformidad con el principio de la responsabilidad común y compartida y con el derecho internacional aplicable”.
Prohibir la producción, distribución y consumo de sustancias, criminalizando toda la cadena y promoviendo una interpretación de guerra a sus cláusulas, ha fracasado rotundamente.
En el mismo documento se mencionaban aspectos que ha señalado la propia Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) persistentemente: “Observamos con preocupación que la disponibilidad de drogas sometidas a fiscalización internacional para fines médicos y científicos, como el alivio del dolor y el sufrimiento, sigue siendo escasa o nula en muchos países del mundo, y resaltamos la necesidad de intensificar los esfuerzos nacionales y la cooperación internacional a todos los niveles para abordar esa situación, promoviendo medidas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad de esas sustancias para fines médicos y científicos, en el marco de los ordenamientos jurídicos nacionales, evitando al mismo tiempo su desviación, uso indebido y tráfico, a fin de cumplir las metas y los objetivos de los tres tratados de fiscalización internacional de drogas”.
Todos los estados estamos en incumplimiento de las convenciones internacionales. En su preámbulo estipulan claramente que su objetivo es garantizar el uso médico y científico de las sustancias controladas. 75% de la humanidad no tiene acceso a las sustancias que calman el dolor y son paliativas del sufrimiento terminal.
Crisis de los opiáceos
Estados Unidos sufre, con mucho silencio y secreto, una profunda crisis de opiáceos que ha costado la vida de más de 70.000 personas anualmente por sobredosis de oxicodona. No es por acción del mercado ilícito (que también colabora) sino por la promoción irresponsable de la industria farmacéutica (Pharma Pardue Jhonson y Jhonson, y otros) que promocionaron el Oxycontin sin prevenir sus propiedades adictivas.
Esta crisis ha llevado a que Regina LaBelle, directora en funciones de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, en la última reunión de la Comisión de Narcóticos y Drogas en Viena, admitiera, por primera vez en la historia, la adopción de herramientas de reducción de daños.
Bloque latinoamericano: la nueva oportunidad
En la Cumbre de Jefes y Jefas de Estado de las Américas celebrada en Cartagena en 2012, el entonces presidente Jose Manuel Santos le endosó una tarea a la Organización de Estados Americanos (OEA): la elaboración de un Informe sobre el Problema de las Drogas en las Américas. El secretario general del organismo, José Miguel Insulza, promovió la conformación de un gran equipo de expertos que expresaban diferentes miradas. Se elaboró un informe sobre la base de una metodología de creación de escenarios posibles que tuvo el apoyo de un bloque latinoamericano (México, Ecuador, Guatemala, Colombia, Uruguay, Argentina, Brasil, Jamaica) que impulsó su aprobación en la 43a Asamblea General de la OEA.
El bloque latinoamericano logró en Ungass 2016 la participación de otras agencias de la ONU y sus aportes. Estas agencias deben ser convocadas para reabrir este debate de modo de ayudar a Colombia y a toda la región a abordar un modelo alternativo que respete los derechos humanos y vele por la salud pública y el desarrollo humano.
La convocatoria realizada por el presidente Petro a los hermanos latinoamericanos, a los estados amigos y a las organizaciones civiles, sociales y académicas, va a aportar a un diálogo vivo, a visiones alternativas, con base en experiencias y luchas. Es una gran noticia. Se reconstruye un bloque latinoamericano que generará otro escenario para avanzar, ahora sí, en una visión humanista. Es también nuestra oportunidad.
Milton Romani Gerner fue embajador ante la Organización de los Estados Americanos y secretario general de la Junta Nacional de Drogas.
Referencias
Documento Final de UNGASS 2016
Políticas de Control de Drogas y Desarrollo Humano PNUD. Documento presentado ante UNGASS 2016
Informe sobre el Problema de Drogas en las Américas de OEA 2013: Informe analítico