¿Vamos a dejar que prohíban la expresión de algunes?

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Siguiendo el ejemplo de Ope Pasquet en 2020, que ya comentamos en la diaria,¹ la diputada Inés Monzillo presentó en marzo de este año un proyecto de ley para implementar medidas de política lingüística en Uruguay con el título “Alteraciones gramaticales y fonéticas. Prohibición de su uso dentro de la Administración Pública e Instituciones de Enseñanza públicas y privadas”. Monzillo quiere prohibir o censurar el lenguaje inclusivo, y plantea una visión extremadamente reducida del debate sobre el tema en las lenguas románicas.

Los argumentos que presenta la diputada se apoyan en referencias dispersas a prohibiciones semejantes implementadas en Francia, al informe sobre el lenguaje inclusivo de la Real Academia Española² y a proyectos parecidos al suyo presentados en los parlamentos de Chile y Perú. No menciona que en otras geografías sí se promueve el uso del lenguaje neutro en documentos oficiales, por ejemplo, en Bélgica y Canadá, donde el francés también es la lengua oficial. Además, no considera que hay academias de la lengua que sí aceptan el lenguaje inclusivo o neutro, como la Academia Sueca de la Lengua, que en 2015 incluyó en su diccionario un pronombre neutro ya muy debatido. Las autoridades no nos obligan a usarlo, pero es una herramienta muy útil para quien desea expresarse incluyendo todas las identidades de género LGBT+ cuando se considera relevante o necesario.

Aparte de los ejemplos de propuestas de individuos que se encuentran dentro de su propia línea política ultraconservadora, la diputada se limita a mencionar casos anecdóticos de entrevistas con el director de la Real Academia Española o con un escritor conocido en el ámbito hispánico y opiniones de un periodista argentino. No es difícil constatar que los argumentos que trae para imponer reformas en las políticas lingüísticas y educacionales carecen de fundamentación científica que le permitan afirmar, por ejemplo, que el uso del lenguaje inclusivo perjudica el aprendizaje. No hay estudios científicos que respalden ese tipo de afirmaciones. Sí hay estudios que muestran lo contrario, por ejemplo, los trabajos recientes de Pascal Gygax sobre representaciones mentales de formas femeninas y masculinas en lenguas que tienen género gramatical, como el francés y el español. Asimismo, los estudios morfológicos con base teórica de Luiz Carlos Schwindt revelan que, en el portugués brasileño, lo más pertinente sería elegir –entre las posibilidades incluyentes que existen–, justamente, las formas con -e para sustantivos y adjetivos. Es muy posible que se llegue a la misma conclusión sobre las variedades de español.

Habiendo acompañado los debates de los últimos meses, también en Buenos Aires, tenemos una idea bastante clara del tipo de argumentación que se ha manejado. No se trata de estrategias retóricas muy novedosas o bien elaboradas. Sabemos que los mismos argumentos se repiten para varios idiomas y los estudios que los analizaron sistemáticamente constatan que no suelen tener base científica. Entre otras cosas, la diputada de Cabildo Abierto sugiere como ejemplo que el español no es sexista porque la palabra pianista puede referirse tanto a un hombre como a una mujer. Pero, como bien sabemos, una lengua en sí nunca podrá ser sexista o inclusiva. Es quien habla que se posiciona y no la lengua, así que las premisas de su argumento no son válidas. De todos modos, el hecho de que Monzillo y otras personas no sean especialistas en ciencias del lenguaje –ni estén al tanto de la investigación más reciente para poder presentar argumentos sólidos– no significa que no sea relevante discutir el uso del lenguaje fuera del ámbito académico. En efecto, la investigación indica que el intercambio público de argumentos puede llegar a desarrollar razonamientos y generar soluciones que se adaptan a la realidad de cada comunidad, lo que suele facilitar la implementación de medidas o recomendaciones por parte de las autoridades.

Sin embargo, lo que más nos llama la atención, en épocas de democracia y libertad de expresión, es la necesidad de una “prohibición” para impedir que “ideologías contaminen el lenguaje”, para citar el mencionado proyecto de ley, y la anticipación a que esta prohibición, en el ámbito educativo, no podrá sortearse apelando a la libertad de cátedra. Así, por un lado, la diputada encara el combate ideológico y, por otro, afirma que está sumamente preocupada con la educación y el aprendizaje del lenguaje en Uruguay. Más allá de los cuestionamientos morfológicos, entendemos que su proyecto propone combatir, o censurar, las ideologías políticas de quienes apoyamos la Agenda 2030 de la ONU, que sostiene entre sus objetivos la igualdad de género y la reducción de las desigualdades, y al mismo tiempo legitima las “ideologías” ultraconservadoras de quienes desean prohibir lo que interpretan como “ideologías” contaminadoras.

De forma semejante, el actual presidente brasileño, Jair Bolsonaro, en su discurso de toma de posesión, en enero de 2019 (y en acciones posteriores), sugirió combatir lo que llama “ideología de género” sin más definición. Nuestra interpretación es que se refirió a ideas que van en contra de su propia ideología con respecto al papel de lo que entiende como “familia” y “tradición”. En ese mismo discurso decía: “Vamos a unir el pueblo, valorizar la familia, respetar las religiones y nuestra tradición judeocristiana, combatir la ideología de género, conservando nuestros valores. Brasil volverá a ser un país libre de amarras ideológicas”.³

Lo que Monzillo propone, con base en las mismas ideologías políticas ultraconservadoras, es dar marcha atrás en la inclusión y frenar el desarrollo con respecto a la igualdad entre los géneros, o sea, ir en contra de la Agenda 2030. Eso sí es preocupante, pues si empezamos por prohibir formas de expresión nunca se sabe exactamente hasta dónde llegará el brazo largo de la censura. En el ámbito de los estudios históricos y sobre la memoria podremos encontrar ejemplos de casos semejantes a lo largo de la historia de la humanidad.

Para concluir, quisiéramos destacar iniciativas ejemplares por parte de la Universidad de la República (Udelar), que ha marcado presencia en el debate y rechazado públicamente el proyecto de prohibición de formas de expresión, algo que podrá inspirar a un debate mejor fundamentado. Por otra parte, la Udelar publicó, ya el año pasado, entrevistas con las lingüistas Virginia Bertolotti y Mariana Achugar, quienes explican detenidamente cómo ven el lenguaje inclusivo.⁴ Aunque no compartan perspectivas teóricas, nuestras colegas buscan fomentar un clima de respeto y tolerancia. Y no creen en prohibiciones. Tampoco creen en obligar a nadie a usar formas que por alguna razón quizás prefieran no usar. 

Desde el punto de vista de la sociolingüística, el papel del lenguaje en la reproducción de las desigualdades es central, también en la transformación de relaciones de poder, y por eso parte de la preocupación de los sectores más conservadores de la sociedad. Seguimos pensando, como cuando criticamos la propuesta de Ope Pasquet, que es necesario establecer un diálogo con quienes trabajan con la lengua e investigan sobre su uso antes de lanzar propuestas sin fundamentación. Así podremos reflexionar –con base en los resultados de investigaciones y experiencias anteriores– sobre los objetivos de una política lingüística en Uruguay. Al menos si se pretende formular leyes que puedan contribuir a una sociedad más democrática, incluyente, igualitaria y equitativa. Para ese fin no tiene sentido ninguno censurar formas de expresión, tiene más sentido discutir las consecuencias que pueden llegar a tener las ideologías intolerantes y retrógradas en nuestro entorno.

Laura Álvarez López es doctora en Lengua Portuguesa y catedrática en la Universidad de Estocolmo, Suecia, e investigadora asociada nivel III del Sistema Nacional de Investigadores. Amparo Fernández Guerra es doctora en Lingüística, docente asistente en la Udelar e investigadora de nivel iniciación del Sistema Nacional de Investigadores.